Pelillos a la mar

Gabriel Ca?ellas, ex presidente de la comunidad aut¨®noma y del PP de Baleares, ha salido judicialmente bien librado del caso S¨®ller, otro ejemplo de los m¨¦todos de financiaci¨®n ilegal utilizados por los partidos -los populares esta vez- para completar sus nada desde?ables ingresos presupuestarios. La investigaci¨®n policial y sumarial hab¨ªa demostrado de manera fehaciente que el concesionario de las obras del t¨²nel de S¨®ller hab¨ªa entregado de forma encubierta cuando menos 50 millones de pesetas a Ca?ellas -presidente por entonces del Gobierno regional- para financiar al PP y a una fundaci¨®n a su servicio. Aunque el Tribunal Superior de Baleares descarte el delito de prevaricaci¨®n y considere prescrito el delito de cohecho, la sentencia absolutoria de Ca?ellas -recurrida ante el Supremo por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n- describe la operaci¨®n como un supuesto f¨¢ctico de cohecho.No es la primera vez que las dificultades probatorias, los plazos de prescripci¨®n, la conculcaci¨®n de las garant¨ªas constitucionales o la borrosa configuraci¨®n de los tipos penales salvan a los administradores de los partidos de ser sancionados por delitos de prevaricaci¨®n o de cohecho cometidos para financiar clandestinamente a sus organizaciones. As¨ª, la absoluci¨®n de los dirigentes populares (entre otros su antiguo tesorero nacional) implicados en el caso Naseiro, una red valenciana de comisiones ilegales del PP aflorada en 1990, fue una afortunada carambola producida por la nulidad como prueba de unas escuchas telef¨®nicas. Hace pocas semanas, un juez de Barcelona orden¨® el archivo del caso Casinos, que investiga pagos ocultos hechos a Converg¨¦ncia Democr¨¢tica de Catalunya (CDC) mediante facturas falsas, por entender que el nuevo C¨®digo Penal no incluye (cabr¨ªa preguntarse si a causa de la malicia o de la incompetencia de sus redactores) el delito de financiaci¨®n ilegal de los partidos; sin embargo, las actuaciones sumariales permiten deducir racionalmente -se?ala el instructor- un desv¨ªo de fondos multimillonario desde la empresa explotadora de un casino hasta la caja de CDC. Finalmente, la dr¨¢stica reducci¨®n de la lista de imputados para responder el pr¨®ximo septiembre ante el Supremo del caso Filesa, una trama ilegal creada para flnanciar al PSOE, confirma esa peligrosa tendencia a la impunidad de los partidos frente a los tribunales.

El ejemplo de Ca?ellas servir¨¢ para confirmar en sus trece a esos l¨ªderes partidistas que niegan las evidencias ante las denuncias sobre la financiaci¨®n ilegal de sus organizaciones, tal y como est¨¢ haciendo ahora el PP con el caso Zamora y con los pagos de Javier de la Rosa a los populares de Catalu?a (explicados por su cobrador en plaza mediante la conmovedora teor¨ªa del platillo). La judicializaci¨®n de la vida p¨²blica no s¨®lo aplaza durante a?os el desenlace procesal de cualquier esc¨¢ndalo (casi un lustro tard¨® Juan Guerra en ser condenado) y enfr¨ªa las responsabilidades pol¨ªticas conexas (Alfonso Guerra se llam¨® andana tras las sentencias por prevaricaci¨®n y fraude fiscal dictadas contra su hermano y asistente): adem¨¢s, el veredicto final siempre puede regalar la alegre sorpresa de un sobreseimiento, una prescripci¨®n o una absoluci¨®n.

Lanzados por la senda de la picaresca, el ventajismo y el descaro, algunos dirigentes no se conforman con conculcar, primero, las leyes de financiaci¨®n de los partidos y de sus campa?as electorales y con obstruir, despu¨¦s, la acci¨®n de la justicia; pese a que la sentencia del Tribunal Superior de Baleares -recurrida ante el Supremo- deje clara la existencia de un supuesto de cohecho en el caso S¨®ller, Cahellas exige ahora su rehabilitaci¨®n pol¨ªtica. La pesada broma de trivializar -pelillos a la mar- esos delitos de corrupci¨®n como si fuesen travesuras veniales s¨®lo desaparecer¨¢ cuando el Gobierno proponga y el Parlamento apruebe una reforma de] C¨®digo Penal para castigar severamente la financiaci¨®n ilegal. de los partidos.