?Hay dinero para aplicar esta ley?

La falta de infraestructuras apropiadas para el tratamiento de los menores infractores y de dotaci¨®n econ¨®mica para aplicar la futura ley de Justicia de Menores es la principal objeci¨®n que, seg¨²n fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -encargado de elaborar un informe no vinculante sobre el anteproyecto-, merece el texto sometido al ¨®rgano de gobierno de los jueces. Si el CGPJ ech¨® en falta en el anteproyecto elaborado por los socialistas en 1995, menos ambicioso que ¨¦ste, la evaluaci¨®n del coste necesario para el "importante esfuerzo inversor" que exig¨ªa, la pregunta de ahora es si habr¨¢ dinero para aplicar esta ley.El art¨ªculo 54 exige que "las medidas privativas de libertad, la detenci¨®n y las medidas cautelares de internamiento que se impongan ( ... ) se ejecutar¨¢n en centros espec¨ªficos para menores infractores, diferentes de los previstos en la legislaci¨®n penitenciaria para la ejecuci¨®n de las condenas penales y medidas cautelares privativas de libertad impuestas a los mayores de, edad penal". Igualmente, los programas resocializadores, en r¨¦gimen cerrado o abierto, requieren fuertes inversiones, as¨ª como la dotaci¨®n de los equipos t¨¦cnicos multiprofesionales que ayudar¨¢n a jueces y fiscales.

La respuesta a todas estas necesidades es una disposici¨®n que retrasa la entrada en vigor de la ley durante un a?o, durante el cual "los Ministerios de Justicia y de Trabajo y Asuntos Sociales deber¨¢n dictar las normas reglamentarias necesarias para la aplicaci¨®n de la presente ley" y las comunidades aut¨®nomas adaptar¨¢n a la misma su legislaci¨®n.