Javier Delgado pide a las Cortes y al Gobierno la reforma "necesaria y urgente" de la justicia,

Javier Delgado Barrio, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pidi¨® ayer a las Cortes y al Gobierno, en presencia del Rey -que presidi¨® el acto solenme de apertura del a?o judicial-, que acometan con urgencia las reformas necesarias de la justicia que satisfagan la "sed de derechos" que padecen los ciudadanos y permitan a los jueces y magistrados prestar la tutela judicial efectiva. Atribuy¨® a los jueces la capacidad de construir para cada caso concreto la soluci¨®n que mejor contribuya a realizar el modelo de convivencia que dise?a la Constituci¨®n.

Para su reclamaci¨®n a los otros poderes del Estado, Delgado parti¨® de la preocupaci¨®n que suscitan las ¨²ltimas encuestas encargadas por el CGPJ y realizadas en julio (v¨¦ase EL PA?S del s¨¢bado ¨²ltimo): "Resulta claro que la imagen de la justicia ha experimentado un fuerte deterioro en los ¨²ltimos 10 a?os: si en el a?o 1987 era un 28% de los encuestados el que cre¨ªa que la justicia funcionaba muy mal, este porcentaje va creciendo en 1990, 1992 y 1995 hasta llegar hoy al 51%". Entre los reproches de los ciudadanos, resalt¨® que un 84% critica "la oscuridad del lenguaje que utilizamos los jueces", se?al¨®, y un 81% "la lentitud". Admiti¨® plenamente la "evidente lentitud que aqueja a todos los ¨®rdenes jurisdiccionales y, desde luego, muy destacadamente, a la jurisdicci¨®n contencioso-administrativa". Record¨® que 1996 se abri¨® con 244.173 recursos pendientes y, a pesar de haber resuelto 113.767 durante ese periodo, termin¨® con 271.638, "es decir, 27.465 m¨¢s de los que ten¨ªamos 12 meses antes", explic¨®.

Como conclusi¨®n, Delgado asegur¨® que "la ya larga e interminable enfermedad de lo contencioso est¨¢ arribando al estado de coma, de suerte que su tratamiento no admite ninguna espera, un tratamiento que, aparte otros cauces, ha de discurrir por la v¨ªa de la creaci¨®n de plazas de magistrado". A?adi¨® que la lentitud pesa tambi¨¦n sobre las otras jurisdicciones, especialmente en la civil, "lo que implica una grave descalificaci¨®n de la eficacia de la tutela que en la realidad estamos prestando los jueces", se lament¨®.

Las medidas a adoptar para conseguir la efectividad de esa tutela no son de la competencia del CGPJ, seg¨²n admiti¨® su presidente, quien, sin embargo, atribuy¨® al Consejo no la potestad "de iniciativa legislativa, pero s¨ª la de sugerencia". En esa l¨ªnea, asegur¨® que las sugerencias que contiene el Libro Blanco sobre la Justicia aprobado la semana pasada, no significan "una desviaci¨®n del principio de la divisi¨®n de poderes", sino que ser¨¢n apreciadas y asumidas, en su caso, por los ¨®rganos competentes."Cuestiones de Estado"

Desde la convicci¨®n de que las medidas propuestas para solucionar los problemas de la Justicia son "cuestiones de Estado", el presidente del Supremo y del CGPJ se dirigi¨® "a los poderes p¨²blicos y, especialmente, a las Cortes Generales y al Gobierno de la naci¨®n para poner de relieve c¨®mo los ciudadanos, en su sed de derechos, y nosotros", dijo, "que hemos de actuar su tutela, vemos de urgencia insoslayable las reformas necesarias en nuestro ordenamiento jur¨ªdico y en nuestra organizaci¨®n, para que los jueces y magistrados estemos, definitivamente, en condiciones de prestar la tutela efectiva de los derechos e intereses leg¨ªtimos de los ciudadanos que, como derecho fundamental, ha previsto nuestra Constituci¨®n".

Delgado explic¨® que la plena actualidad del poder judicial se deriva de "la extensi¨®n y la intensidad de los cometidos confiados a los jueces, sin olvidar el especial inter¨¦s que suscitan algunos pro cesos actualmente en curso". La consideraci¨®n de la Constituci¨®n como norma suprema conduce a que el que hacer judicial que ha de solucionar el caso concreto contribuya a realizar "el modelo de con vivencia" dise?ado por la Constituci¨®n. Incluy¨® en ese modelo la promoci¨®n "de condiciones reales de libertad e igualdad para todos los ciudadanos" y la aplicaci¨®n de los "principios rectores de pol¨ªtica social y econ¨®mica recogidos en la Constituci¨®n". Atribuy¨® a la ampliaci¨®n de la esfera de intervenci¨®n p¨²blica la existencia de "nuevos espacios de actuaci¨®n judicial" y, en consecuencia, el aumento progresivo del "n¨²mero de casos en los que pueden brotar litigios", al que ha contribuido decisivamente, record¨® Delgado, "la reducci¨®n de las inmunidades del poder", as¨ª como el deber "que la Constituci¨®n impone a todos, ?a todos!", enfatiz¨®, "de cumplir las resoluciones judiciales firmes".

Esta configuraci¨®n constitucional como "un aut¨¦ntico poder" no amenaza a los otros poderes, seg¨²n Delgado, quien asegur¨® que el poder judicial "no pretende, ni estar¨ªa a su alcance, sustituir al Gobierno o a las Cortes Generales", pero s¨ª "garantizar el imperio de la ley, imponer el gobierno del Derecho".

El presidente del CGPJ record¨® que, ante ese poder se impugnan decisiones fundamentales del Gobierno y conoce procesos penales que conciernen a personas de gran relieve pol¨ªtico o social, por lo que "resulta plenamente explicable", afirm¨®, "la atenci¨®n de los medios de comunicaci¨®n". Una atenci¨®n "generada al margen del juez", pero advirti¨® que "despu¨¦s, a lo largo del proceso, ser¨¢, precisamente, la actuaci¨®n de ese juez la que atraiga el inter¨¦s informativo".

Delgado destac¨® "el extenso margen que la actuaci¨®n judicial ofrece a la cr¨ªtica", pero puntualiz¨® que la libertad de expresi¨®n "no es absoluta y puede encontrar l¨ªmites", sobre todo en las fases procesales que preceden a la decisi¨®n, "para no enrarecer la serenidad que debe presidir su pronunciamiento".

Ofreci¨® el dato del Bar¨®metro de Opini¨®n sobre la Justicia de 1997, seg¨²n el cual el 49% de los encuestados cree que "con demasiada frecuencia los jueces se dejan impresionar a la hora de tomar decisiones por lo que dicen los medios de comunicaci¨®n".