El Gobierno sondea a las autonom¨ªas para que el paciente pague parte de los medicamentos

El Gobierno ha sondeado a las comunidades sobre c¨®mo ser¨ªa aceptado que los enfermos pagasen parte de los medicamentos de la Seguridad Social, as¨ª como que abonasen algunos de los hasta ahora gratuitos,lo que afectar¨ªa fundamentalmente a los pensionistas. Asimismo, les ha planteado otras f¨®rmulas, como el aumento de los impuestos especiales. Todo ello para cubrir los 100.000 millones adicionales que le reclaman las autonom¨ªas para financiar la sanidad. Los 40.000 millones que completan su reivindicaci¨®n de 140.000 proceder¨¢n del ahorro por la lucha contra el fraude por incapacidad laboral. Un portavoz del Gobierno asegura que "no hay ninguna decisi¨®n adoptada".

Los pr¨®ximos d¨ªas ser¨¢n decisivos para la fijaci¨®n definitiva de la cantidad y de los criterios de reparto de la financiaci¨®n sanitaria entre el Gobierno y las autonom¨ªas. Primero se reunir¨¢ el grupo de trabajo sobre esa financiaci¨®n, formado por una representaci¨®n del Ejecutivo y de las comunidades, y posteriormente lo har¨¢ el Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera (CPFF).La importancia pol¨ªtica de ambos encuentros radica en que en ellos se ventila la principal reclamaci¨®n del socio n¨²mero uno del Gobierno, CiU, y el modo de cubrir el agujero sanitario en las comunidades que tienen traspasada la competencia.

Las autonom¨ªas reclaman 100.000 millones de financiaci¨®n adicional para cubrir el agujero sanitario, pero el Gobierno no quiere extraer ese dinero de otras partidas del presupuesto. As¨ª, el Ejecutivo ha sondeado a algunas comunidades sobre la posibilidad de que los enfermos asuman algunas f¨®rmulas impopulares, como compartir el pago de los medicamentos, o la participaci¨®n de los pensionistas, hasta ahora exentos, en el de los f¨¢rmacos o el aumento del porcentaje de la participaci¨®n de los trabajadores activos. Otras ser¨ªan el medicamentazo o pago de las medicinas hasta ahora gratuitas para los jubilados y un nuevo aumento de los impuestos especiales (alcohol y tabaco). La propuesta final del Gobierno -a¨²n no decidida, seg¨²n asegur¨® ayer un portavoz de Econom¨ªa puede tener como resultante una combinaci¨®n de todas ellas.

El Gobierno, que las ha sondeado con estas propuestas, trata de corresponsabilizar a las autonom¨ªas en las fuentes de financiaci¨®n de la cobertura del d¨¦ficit sanitario. Pero las comunidades no quieren asumir esa "patata caliente". Creen que es responsabilidad del Ejecutivo.

Ayer, el secretario de Pol¨ªtica Auton¨®mica del PSOE, Ram¨®n J¨¢uregui, manifest¨® que ni su partido ni los representantes de las comunidades en las que gobierna -Andaluc¨ªa, Extremadura y Castilla-La Mancha-aceptan la f¨®rmula del pago compartido. J¨¢uregui dijo que el Gobierno debe asumir su responsabilidad y repartir el dinero de manera proporcional a todas las comunidades, incluidas las del territorio del Insalud, esto es las diez que no tienen traspasada la competencia.

La falta de corresponsabilidad de las comunidades y de los principales partidos en medidas que pueden resultar impopulares, como el pago compartido, ha hecho que el Gobierno no se haya decidido a dar el paso.

El Gobierno est¨¢, por tanto, entre la espada y la pared en v¨ªsperas de una reuni¨®n decisiva, como es la del Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera (CPFF), que ya deb¨ªa haberse celebrado y que se est¨¢ demorando a causa de estos problemas.

No obstante, el Ejecutivo ya ha resuelto otros. Las comunidades de Catalu?a, Andaluc¨ªa y Canarias -que tienen traspasada la sanidad y que soportan un fuerte d¨¦ficit-, junto con el Pa¨ªs Vasco, han suscrito un acuerdo para presionar al Gobierno y conseguir que la cifra a repartir sea de 140.000 a 150.000 millones de pesetas y para que los criterios de reparto entre las comunidades den prioridad a la variable de poblaci¨®n protegida, con el padr¨®n actualizado, el de mayo de 1996.

El Gobierno tuvo el viernes un gesto negociador hacia estas comunidades al aprobar el padr¨®n de 1996. El ministro de Trabajo, Javier Arenas, fue expl¨ªcito al se?alar que se aprobaba para que tenga efectos desde el 1 de enero de 1998 respecto a la financiaci¨®n municipal y la sanitaria si finalmente se produce un acuerdo en el CPFF.

Las autonom¨ªas mencionadas tambi¨¦n admiten que se tengan en cuenta otras variables de car¨¢cter secundario como la dispersi¨®n de la poblaci¨®n, el envejecimiento, la atenci¨®n a los desplazados y a los extranjeros o los gastos de docencia para que todas resulten compensadas.