"Debemos proteger al j¨²ez y tambi¨¦n exigirles sus deberes"

El magistrado Benigno Varela Autr¨¢n (A Coru?a, 1935), padre de cinco hijos -la ¨²nica mujer ya juez- y presidente de la Mutualidad General Judicial (cargo no remunerado), es el flamante portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Varela recuerda con afecto sus comienzos en los juzgados de las provincias de Madrid, A Coru?a y Ciudad Real y c¨®mo, en los a?os ochenta, ya como magistrado de Trabajo, fue autor de una sentencia en contra de las retenciones abusivas de los jugadores de f¨²tbol por parte de los clubes. Cuenta que se sorprendi¨® cuando los periodistas deportivos le aseguraron: "Usted es noticia".Ahora vuelve a serlo por la pol¨¦mica levantada por su primera conferencia de prensa. Explica su propuesta de proteger penalmente la funci¨®n judicial sin resucitar el "bien enterrado" delito de desacato. Junto a la protecci¨®n de los jueces cuando ejercen un poder del Estado, Varela tiene claro que debe exig¨ªrseles el cumplimiento de sus deberes y toda clase de responsabilidades.

Miembro de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, mayoritaria y conservadora, no le impresionan las etiquetas, pero se cree "liberal y dialogante". Es creyente, pero ya desde 1953, en tiempos del Concordato con el Vaticano, defendi¨® la aconfesionalidad del Estado.

Como portavoz del CGPJ, recupera su vieja vocaci¨®n de periodista, pero confiesa no tener "ni idea" de los nombres y grupos concretos que el dirigente socialista Joaqu¨ªn Almunia dio al presidente del CGPJ en su reciente encuentro.

Pregunta. ?Qu¨¦ pol¨ªtica judicial va a hacer este Consejo?

Respuesta. El Consejo quiere asumir su propio cometido como ¨®rgano de gobierno efectivo y verdadero del poder judicial en Espa?a. Donde debe cifrar sus objetivos es en que se prestigie lo que es y hace el poder judicial. Potenciarlo exige que se le dote de los medios procesales y materiales imprescindibles para que pueda realizar su importante y b¨¢sica misi¨®n en un Estado de Derecho.

P. Pero la gente est¨¢ un tanto hastiada de los jueces.

R. Por eso es necesario que se sepa que el juez no es s¨®lo un se?or con poder para meter en la c¨¢rcel y al que hay que temer, sino que garantiza la pervivencia del Estado de Derecho. Los jueces son un poder del Estado para mantener la vigencia del derecho, la norma jur¨ªdica, que es el poder de los poderes. Y todos estamos sometidos a ella, a trav¨¦s de un poder judicial tecnificado y profesionalizado.

P. ?Ha madurado una f¨®rmula que proteja la funci¨®n judicial cuando se la ataca con insultos?

R. Quiero aclarar lo que quise decir en mi primera conferencia de prensa. No pretendo resucitar el delito de desacato, que est¨¢ bien enterrado en cuanto que proteg¨ªa el principio de autoridad. En cambio, s¨ª defiendo que se proteja penalmente a uno de los poderes del Estado, el judicial, un poder difuso, que radica en todos y cada uno de los jueces del Estado. Tan poder es el Tribunal Supremo como el ¨²ltimo juez que toma posesi¨®n. Reitero que ese juez, como titular de un poder del Estado, merece u?a protecci¨®n mayor de la que tiene.

P. ?Qu¨¦ protecci¨®n?

R. La misma que los otros poderes. El C¨®digo Penal protege a quienes ejercen el poder legislativo y el poder ejecutivo e incluso prev¨¦ la persecuci¨®n de oficio de las calumnias, injurias o amenazas graves contra el CGPJ, los tribunales Constitucional y Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad aut¨®noma. Pero se queda ah¨ª. Lo que yo defiendo es que cuando los jueces ejercen el poder judicial -no cuando act¨²an fuera de ¨¦l, como el resto de los ciudadanos- los insultos contra el desempe?o de esa funci¨®n permitan la actuaci¨®n del Ministerio Fiscal, que precisamente tiene entre sus atribuciones la defensa de la independencia de los jueces. Exigir que sea el juez injuriado o agraviado el que tenga que denunciar, adem¨¢s de desproteger la funci¨®n judicial, hace que el juez denunciante pierda su independencia y quede contaminado. En todo caso, propongo que no se imponga pena de c¨¢rcel y, por supuesto, que se aplique la exceptio veritaris [por la que queda exento de responsabilidad penal quien prueba el delito que imput¨®].

P. ?Qu¨¦ ataques cree m¨¢s perniciosos para el poder judicial, los que proceden de los pol¨ªticos o de otros jueces?

R. Todos son malos. Los poderes del Estado deben tenerse entre s¨ª el debido respeto, y lo mismo digo de los titulares del poder judicial.

P. Hay en el CGPJ quien defiende que los cr¨ªticos injustos e insultantes se descalifican a s¨ª mismos y que por culpa de ellos, no debe limitarse la libertad de expresi¨®n general.

R. No debemos confundir los t¨¦rminos. Nadie habla de limitar la libertad de expresi¨®n y de cr¨ªtica de las resoluciones judiciales, pero dentro de cauces de correcci¨®n y moderaci¨®n, sin injuriar ni calumniar a nadie, ni imputarle un delito.

P. ?Qu¨¦ opina de quienes insultan a los jueces que no deciden seg¨²n sus gustos y elogian o califican de "buen juez" al que coincide con sus criterios?

R. Me parece una postura interesada y poco equilibrada.

P. ?Qu¨¦ considera m¨¢s importante para los usuarios de la justicia: la protecci¨®n de los jueces o el ejercicio de las facultades disciplinarias?

R. No est¨¢ re?ido lo uno y lo otro. Al CGPJ compete la protecci¨®n de la funci¨®n judicial, pero paralelamente otra obligaci¨®n que incumbe al Consejo, y que debe desempe?ar con toda normalidad, es la exigencia a los jueces del cumplimiento de sus deberes.

P. ?Est¨¢n bien previstas las infracciones disciplinarias?

R. Quiz¨¢s habr¨ªa que retocarlas, porque algunas carecen de entidad y otras quedan fuera de las previsiones legales.

P.Por ejemplo...

R. En los acontecimientos ocurridos ¨²ltimamente en el mundo de la justicia y entre jueces, la falta de alguna figura disciplinaria ha hecho que el Consejo no haya encontrado un encaje adecuado para algunas conductas.

P. ?Qu¨¦ cree usted que deber¨ªa ocurrirle a un juez que investiga durante meses sobre hechos que no son delito, abre una causa general para ver si aparece alg¨²n delito o toma medidas cautelares desproporcionadas o abusivas?

R. (Se r¨ªe y mide cada palabra) Atenerse a las responsabilidades correspondientes, si es que ha actuado fuera de la norma. Es elemental; le ocurre a cualquier juez. Si el titular de un poder del Estado se desv¨ªa, tiene que atenerse a sus responsabilidades. No hay inmunidades.

P. ?Cu¨¢l es la propuesta m¨¢s. interesante del Libro Blanco?

R. Es interesante casi todo. Desde el punto de vista del gobierno de la justicia, tal vez la regulaci¨®n de los m¨®dulos de trabajo y la modernizaci¨®n de unas oficinas judiciales que no est¨¢n a la altura de los tiempos y en las que, por ejemplo, los secretarios deben tener preparaci¨®n en materia de gesti¨®n.

P. Los jueces est¨¢n divididos entre quienes defienden que se vincule la retribuci¨®n con la productividad y quienes estiman que el trabajo judicial no puede medirse.

R. Es necesario combinar calidad y cantidad. Es cierto que no basta la cantidad, porque puede haber resoluciones repetitivas de casos id¨¦nticos, pero este Consejo cuenta con estudios recientes que nos han aconsejado proponer en el Libro Blanco un complemento de productividad, como hay en la Administraci¨®n.

P.?No temen que si se inspecciona o controla el trabajo judicial, los jueces les acusen de afectar a su independencia?

R. No, porque son asuntos distintos. La independencia judicial no peligra por ese control ni por la inspecci¨®n, servicio que concebimos m¨¢s colaborante que represivo.

P. ?Existen agrupamientos en el CGPJ, en funci¨®n del color pol¨ªtico del grupo parlamentario proponente?

R. Agrupamientos propiamente dichos, no. Hay un clima cordial, al margen de la ideolog¨ªa o la procedencia e imperan siempre los criterios jur¨ªdicos y de profesionalidad.

P. Pero, ?existen indicios de que los consejeros consulten con los grupos pol¨ªticos antes de tomar decisiones?

R. No puedo hablar por los dem¨¢s. S¨ª puedo decirle que yo, como vocal, fui elegido sin que ning¨²n partido pol¨ªtico me hubiese llamado. Y as¨ª sigo.P. Los nombramientos importantes, como el inminente de presidente de la Sala Segunda del Supremo, ?son fruto de un pacto pol¨ªtico?

R. Se deben exclusivamente a criterios profesionales. El curr¨ªculo y el prestigio personal son decisivos, aunque en el caso de los presidentes de tribunales no basta ser un magn¨ªfico magistrado. Es preciso tener cualidades para gobernar y coordinar.

P. ?Qu¨¦ opinar de los tres a?os de excedencia forzosa pagada para los jueces que regresen de la pol¨ªtica?

R. Me remito al informe del CGPJ, que se opuso a tal medida y sugiri¨® que la comisi¨®n de calificaci¨®n destinara a tales jueces a un puesto que no tuviera relaci¨®n con la funci¨®n pol¨ªtica desempe?ada. No soy partidario de sacralizar al juez. Si alguno quiere ir al campo pol¨ªtico, s¨®lo hay que procurar que cuando vuelva no ejerza contaminado por su anterior cargo.