El PP y los nacionalistas pactan que la cesi¨®n de suelo a los municipios sea el 10% como m¨¢ximo
El PP y sus socios nacionalistas desbloquearon ayer en el Congreso el proyecto de ley del Suelo, con la presentaci¨®n de 18 enmiendas transaccionales en el debate en comisi¨®n del texto. Una de las reformas que introduce el nuevo articulado es que la cesi¨®n obligatoria de terreno a los ayuntamientos estar¨¢ en la horquilla del 0% al 10%, aunque cada comunidad deber¨¢ decidir si el terreno cedido debe estar urbanizado. El PSOE, que no fue invitado a las conversaciones de ¨²ltima hora, considera que "esta ley nace con mal pie, pues hubiera necesitado mayor consenso".
El proyecto de ley del Suelo entra en la recta final de su tramitaci¨®n parlamentaria con el camino despejado, pero deja do tras de s¨ª una gran polvareda pol¨ªtica.Ayer, el Partido Popular (PP) y sus aliados nacionalistas Converg¨¨ncia i Uni¨® (CiU), Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Coalici¨®n Canaria (CC) se presentaron en la Comisi¨®n de Infraestructuras del Congreso de los Diputados con un bloque de 18 enmiendas transaccionales que transforman sustancialmente el texto enviado por el Gobierno a la Cortes y lo dejan pr¨¢cticamente cerrado. Le resta confirmar estas enmiendas en el pleno del Congreso, pasar por el Senado, donde el PP tiene mayor¨ªa absoluta, y retornar a la C¨¢mara Baja para su ratificaci¨®n final. Los aspectos b¨¢sicos del texto reformado son:
Cesi¨®n de suelo. Uno de los aspectos m¨¢s controvertidos a lo largo del debate de la reforma de la legislaci¨®n sobre suelo ha sido determinar qu¨¦ porcentaje del terreno sobre el que se va construir se cede obligatoriamente a los ayuntamientos. La legisilaci¨®n elaborada por el Gobierno socialista fijaba en el 15% esa cesi¨®n obligatoria, lo que fue rebajado al 10% por el PP. Sin embargo, ambas normas saltaron por los aires el 20 de marzo de 1997, debido a una sentencia del Tribunal Constitucional, que invalidaba casi 300 art¨ªculos del conjunto de la legislaci¨®n existente sobre el suelo.
El Constitucional defiende que las comunidades aut¨®nomas tengan libertad para establecer sus normativas respecto al suelo y deja al Estado la posibilidad de establecer un marco general. En el caso concreto de la cesi¨®n de suelo, el Tribunal Constitucional se opone a que el Estado fije un porcentaje concreto. No obstante, la sentencia deja la puerta abierta a que pueda determinar un m¨¢ximo de cesi¨®n de suelo.
Aprovechando el vac¨ªo legal que provoc¨® la sentencia, y que pretende cubrir en parte el proyecto de ley que se est¨¢ tramitando en las Cortes, varias comunidades comenzaron a legislar sobre la base d¨¦ las pol¨¦micas sentencias. Las controladas por el PSOE (Castilla-La Mancha, Andaluc¨ªa y Extremadura) y el Pa¨ªs Vasco optaron por el 15%. Las presididas por el PP, por el 10%. Catalu?a, cuya ley es anterior, tambi¨¦n recoge el 10%.
El proyecto original del Gobierno fijaba una horquilla entre el 0% y el 10% de cesi¨®n obligatoria de terreno sin urbanizar, extremo al que, en un principio, se opusieron PSOE, PNV, CC, IU, Grupo Mixto y la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios y Provincias (FEMP). La mayor parte de ellos defend¨ªa que la horquilla fuese del 0% al 15% o del 5% al 15%, seg¨²n los casos.
Finalmente, el PP y dos de sus socios nacionalistas (en este extremo el PNV se abstuvo) eligieron mantener la horquilla del 0% al 10%, para que cada comunidad aut¨®noma elija. Pero con un caramelo para la FEMP. Ser¨¢ potestad de cada comunidad establecer si el terreno se cede ya urbanizado o no. Para los ayuntamientos, en muchos casos es mejor (m¨¢s barato) que le cedan un 10% de un suelo urbanizado que un 15% de suelo sin urbanizar.
Riesgos de inundaci¨®n. Una de las pocas enmiendas transaccionales que apoy¨® el PSOE es la que introduce en la ley la prohibici¨®n de urbanizar en suelos que presenten "riesgos naturales, contemplados en el planteamiento sectorial". Con esta enmienda se pretende evitar que se repitan desastres como el reciente de Badajoz.
Menor liberalizaci¨®n. El texto pactado da a las autoridades locales y auton¨®micas una mayor capacidad de intervenci¨®n para definir lo que considera suelo no urbanizable.
Valoraci¨®n. El valor de una determinada parcela no se fijar¨¢ s¨®lo por comparaci¨®n con el precio de fincas an¨¢logas. Las enmiendas transaccionales introducen otros criterios, como los valores catastrales.
Agente urbanizador. La futura ley no deja en manos de la iniciativa privada la potestad ¨²nica para urbanizar. La Administraci¨®n puede intervenir con el agente urbanizador.
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