"Mariscal de Gante y Cardenal carecen de peso pol¨ªtico"

Madrile?o de 40 a?os, padre de un hijo de 15 y ya presidente de la Uni¨®n Progresista de Fiscales (UPF), brazo fiscal renovado de la vieja Justicia Democr¨¢tica que luch¨® contra el franquismo, Carlos Castresana pertenece a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n desde su creaci¨®n hace dos a?os.En diciembre ha recibido de la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos de Espa?a el Premio Nacional por la iniciativa de la UPF de "promover los procesos en curso contra los responsables de la detenci¨®n iegal, tortura, asesinato y desaparici¨®n de personas durante las dictaduras de Argentina y Chile".

Pregunta. ?Qu¨¦ ha significado para usted este premio?

Respuesta. Una gran satisfacci¨®n personal y, en tanto que presidente de la UPF, el recoocimiento a una iniciativa importante en el ¨¢mbito de protecci¨®n de los derechos humanos.

P. ?Cu¨¢l es la clave jur¨ªdica que avala estos procesos, cuya existencia discuten algunos?

R. Que se trata de cr¨ªmenes contra la humanidad. Las violaciones de los derechos humanos son perseguibles en tod el mundo, pero es m¨¢s grave y m¨¢s indiscriminado cuando afectan a la poblaci¨®n civil indefensa. S¨®lo esos cr¨ªmenes contra la humanidad y el ordenamiento jur¨ªdico internacional pueden perseguirse en cualquier pa¨ªs. Por ejemplo, los delitos de genocidio, terrorismo y pirater¨ªa. No hacerlo produce una impunidad que sirve de acicate para otras actuaciones similares, como los recientes asesinatos de ind¨ªgenas en Chiapas (M¨¦xico). La tragedia de Am¨¦rica Latina es que los hechos se repiten. En cuanto a la competencia de los tribunales espa?oles en Chile y Argentina, est¨¢ clara por la existencia de v¨ªctimas espa?olas.

P. A quienes, como usted, critican los escritos de Eduardo Fungairi?o y Jes¨²s Cardenal se les acusa de no haber le¨ªdo los documentos que critican.

R. Pues los he le¨ªdo detalladamente, y lo primero que destaca en ellos es que Fungairi?o no se ha le¨ªdo los sumarios sobre los que informa, y menos Cardenal. S¨®lo de ese modo puede entenderse que en el informe se contengan datos err¨®neos y que falten datos esenciales.

P. ?Por ejemplo?.

R. Contra lo que dice el informe de Fungairi?o en el sumario nunca se afirma que todo el Ej¨¦rcito chileno o argentino fuera una banda armada, sino grupos integrados por militares o paramilitares. Y de hecho, quien conozca el sumario puede ver que tanto en el Ej¨¦rcito argentino como chileno hubo v¨ªctimas militares. Dice tambi¨¦n que la principal responsabilidad chilena recay¨® en los carabineros, cuando en el sumario queda claro que fue sobre la DINA o servicios secretos. Hay tambi¨¦n omisiones, como la de silenciar que una docena de ni?os permanecen hoy desaparecidos.

P. Ultimamente se vinculan las cr¨ªticas a Fungairi?o con un deseo de tapar la investigaci¨®n de los GAL. ?Qu¨¦ le parece?

R. No podemos evitar comparaciones tendenciosas entre los dos procesos. Por lo que a m¨ª respecta, siempre he defendido, y sigo haci¨¦ndolo, que la investigaci¨®n de los GAL prosiga hasta sus ¨²ltimas consecuencias, igual que la de Argentina y Chile. En la UPF tenemos claro que el terrorismo de Estado debe ser en todo caso perseguido.

P. La UPF tiene recurrido el nombramiento de Fungairi?o. ?Espera una resoluci¨®n r¨¢pida?

R. Confiamos en que el recurso prospere pronto, antes de que un cambio legislativo lo haga infructuoso. Nos amparamos en una interpretaci¨®n del Estatuto Org¨¢nico del Ministerio Fiscal muy clara y aplicada durante 20 a?os: la exigencia de conformidad del Consejo Fiscal para el ascenso a fiscal de sala. Desde que tal conformidad no se produjo y Fungairi?o fue ascendido, pedimos la dimisi¨®n de Cardenal. Y hemos vuelto a pedir la destituci¨®n de ambos por el asunto de Chile y Argentina.

P. ?Encuentra la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n la colaboraci¨®n que necesita por parte de la fiscal¨ªa general y del Gobierno?

R. Tenemos una situaci¨®n muy complicada. En 1997 hemos heredado m¨¢s de 20 sumarios antiguos de la Audiencia Nacional en situaci¨®n de tramitaci¨®n manifiestamente mejorable y de la envergadura de casos como KIO, PSV, Banesto, etc., y, en cambio, no hemos tenido ning¨²n refuerzo en medios personales. Muy recientemente, el fiscal general ha contestado a nuestras peticiones diciendo que no nombra ning¨²n fiscal delegado de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n en las comunidades aut¨®nomas ni tampoco env¨ªa ning¨²n fiscal en comisi¨®n de servicio para sustituir al teniente fiscal [n¨²mero dos de la fiscal¨ªa], Luis L¨®pez Sanz, que est¨¢ dedicado plenamente al juicio 1 del caso Banesto. Baste decir que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n s¨®lo tiene delegados en Madrid y Catalu?a, mientras que la Fiscal¨ªa Antidroga tiene m¨¢s de 15.

P. ?Cree que no cuentan ustedes con respaldo. pol¨ªtico?

R. Se nos respalda te¨®ricamente, pero no se nos dan medios., con lo que se nos condena a la ineficacia.

P. ?Y qu¨¦ dice la ministra de Justicia?

R. La ¨²nica vez que recibi¨® a la UPF, poco despu¨¦s de tomar posesi¨®n, nos dijo que iba a "mimar" a la carrera fiscal. A?o y medio despu¨¦s el balance es desolador: Ha vulnerado las facultades legales del Consejo Fiscal, ha desatendido todas las cuestiones estatutarias, incluidas las retributivas, y ha designado a dos personas -Cardenal y Fungairi?o- de espaldas a la carrera y a plena disposici¨®n del Gobierno.

P. El PP prometi¨® reforzar la imparcialidad de los fiscales.

R. Pues ha hecho todo lo contrario. S¨®lo ha cumplido lo de que el fiscal general sea de la carrera fiscal, pero la experiencia ha demostrado que ese requisito no asegura la imparcialidad, sino a veces al contrario, como en este caso. Adem¨¢s, el peso pol¨ªtico de Margarita Mariscal de Gante y de Cardenal es inexistente. El Ministerio de Justicia est¨¢ vac¨ªo de contenido pol¨ªtico. El interlocutor en materia de Justicia es el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, o La Moncloa.

P. Desde la UPF, ?c¨®mo se ve el retraso en la aplicaci¨®n de las sanciones disciplinarias impuestas hace casi un a?o a los fiscales de la Audiencia Nacional?.

R. Injustificable. En primer lugar, porque si se quer¨ªa obtener eficacia, las sanciones deb¨ªan aplicarse de modo inmediato, para subsanar la situaci¨®n que les hab¨ªa dado origen. Y adem¨¢s, porque dado el tiempo transcurrido, la mayor parte de ellas habr¨¢n prescrito.

P. ?Para qu¨¦ sirvi¨® entonces la inspecci¨®n realizada a la fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional?

R. Un a?o despu¨¦s da la impresi¨®n de que lo ¨²nico que importaba era destituir a Jos¨¦ Aranda como jefe de esa fiscal¨ªa.

P. ?Cree que los llamados fiscales indomables constituyen una trama real o son una invenci¨®n period¨ªstica?

R. No creo que se trate de una trama, pero lo que s¨ª ha habido es una actuaci¨®n coordinada, seg¨²n se ha publicado sin que se haya desmentido, que parte de la interposici¨®n de la querella contra Mario Conde por Aranda y Florentino Ort¨ª, dos fiscales que ya est¨¢n fuera de la Audiencia Nacional.

P. ?Tiene remedios la UPF para la Audiencia Nacional?

R. Creo que s¨ª. La primera discusi¨®n es si debe disolverse o no. Dando por hecho que la queremos mantener habr¨ªa que incrementar los juzgados de instrucci¨®n. El fen¨®meno de los jueces estrella Se produce, con independencia de actuaciones personales, por la concentraci¨®n de poder. Mientras la fiscal¨ªa ha triplicado sus efectivos, los jueces centrales de instrucci¨®n s¨®lo han pasado de cinco a seis. El principal problema de la Audiencia Nacional es el atasco monumental, que origina una deficiente instrucci¨®n. De hecho, la instrucci¨®n la realizan los fiscales, excepto cuando los jueces tienen inter¨¦s en reservarse el caso. Un ejemplo de instrucci¨®n fiscal asumida por el juez ha sido la de los 200.000 millones de Hacienda, archivada por el juez Baltasar Garz¨®n a instancias de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n.

P. Por cierto, ?cree que sena positivo atribuir legal y definitivamente al fiscal la instrucci¨®n de los delitos?

R. No, en absoluto, mientras no se garantice la imparcialidad del fiscal en el ejercicio de sus funciones. Es el modelo hacia el que camina Europa, pero exige una imparcialidad garantizada, que en este momento no existe.

P. ?Comparte estos criterios la mayoritaria y conservadora Asociaci¨®n de Fiscales (AF), que tambi¨¦n tiene recurrido el ascenso de Fungairi?o?

R. Desde la llegada del PP al poder ha sido tan clara la intenci¨®n gubernamental de instrumentalizar la instituci¨®n, que la AF, que ha podido actuar con sectarismo en cuestiones dom¨¦sticas, ha tenido pronunciamientos muy claros y comprometidos de cara a la defensa de la imparcialidad de la instituci¨®n frente al exterior y al poder pol¨ªtico. Concretamente, el portavoz de la AF, Miguel Colmenero, ha asumido un compromiso democr¨¢tico inequ¨ªvoco y ha tenido la honestidad personal de no aprovechar la crisis para obtener la jefatura en la Audiencia Nacional, una vez que no s¨¦ le garantiz¨® libertad de actuaci¨®n en una fiscal¨ªa dominada por los indomables.