Justa devolucion

EL GOBIERNO remitir¨¢ durante el pr¨®ximo a?o al Parlamento un proyecto de ley de restituci¨®n o compensaci¨®n de los bienes pertenecientes a partidos pol¨ªticos, sindicatos y asociaciones confiscados por un decreto-ley de 9 de febrero de 1939, en los ¨²ltimos meses de la guerra civil espa?ola, y en acto de represalia contra quienes hab¨ªan defendido la Rep¨²blica. Para que un Gobierno democr¨¢tico llegara a tomar esta decisi¨®n ha sido necesario que transcurrieran 22 a?os desde la muerte de quien firm¨® la incautaci¨®n y que se sucedieran mayor¨ªas parlamentarias de tres colores pol¨ªticos distintos.El primer paso para esta restituci¨®n fue obra de un Gobierno socialista, que decidi¨® en 1985 devolver parte del patrimonio sindical acumulado a las centrales obreras. Las reclamaciones posteriores, del Partido Nacionalista Vasco y del Parlamento catal¨¢n, instando a la devoluci¨®n del patrimonio de partidos, asociaciones y sindicatos, fueron derrotadas en las Cortes por la mayor¨ªa socialista y dieron pie a recursos ante los tribunales. Negociaciones para la restituci¨®n de estos bienes se han venido celebrando desde los Gobiernos de la Uni¨®n de Centro Democr¨¢tico. La raz¨®n es que las dificultades acumuladas durante m¨¢s de medio siglo para la localizaci¨®n, evaluaci¨®n y restituci¨®n correcta del patrimonio a las entidades e instituciones entonces disueltas por la dictadura era y seguir¨¢n siendo enormes. Pero como suele suceder en todos los contenciosos de profundidad hist¨®rica, un hecho particular termina convirti¨¦ndose en el catalizador. En este caso han sido las propiedades del PNV en Francia, incautadas en la fecha m¨¢s cercana de 1951, entre las que se encontraba la sede del Gobierno vasco en el exilio -hoy Instituto Cervantes de Par¨ªs-, las que permitieron una negociaci¨®n mucho mas concreta y su inclusi¨®n en los pactos para la investidura de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar en mayo de 1996.

Un a?o y medio despu¨¦s del acuerdo, el firmante ha honrado su compromiso, haci¨¦ndolo extensivo a todos los partidos, asociaciones y sindicatos. Durante el a?o pr¨®ximo, las Cortes deber¨¢n debatir y aprobar la ley de restituci¨®n o compensaci¨®n, y a partir de la aprobaci¨®n se abrir¨¢ un plazo de un a?o para recibir las solicitudes de quienes se consideren afectados. Despu¨¦s, el Gobierno tendr¨¢ cuatro a?os m¨¢s para devolver o compensar gradualmente con la pertinente indemnizaci¨®n las incautaciones que hayan quedado documentadas y admitidas.

Ser¨¢ cierta la afirmaci¨®n del Gobierno, cuyo portavoz ha dado por saldada una "deuda con la democracia", si el proceso ahora iniciado termina satisfactoriamente. M¨¢s all¨¢ del simbolismo -que lo tiene, y en medida muy destacada- de la aprobaci¨®n por un Gobierno conservador espa?ol de una ley que reconoce la necesidad de reparar uno de los actos realizados por la dictadura franquista, esta ley deber¨¢ juzgarse por sus resultados; es decir, por la justeza de los criterios empleados y por su buena administraci¨®n.

Si en la restituci¨®n de parte del patrimonio sindical por los socialistas pudieron observarse elementos de oportunismo, ¨¦stos no est¨¢n ausentes tampoco del actual gesto del Gobierno popular. Adem¨¢s de contentar a su aliado, el PNV, que es el partido m¨¢s f¨¢cilmente beneficiable de la ley, el Partido Popular, siendo la formaci¨®n m¨¢s ajena a la transici¨®n democr¨¢tica espa?ola, puede apuntarse el tanto de "consumar el cambio democr¨¢tico" y, a la vez, poner en un brete a la oposici¨®n socialista. El PSOE no pod¨ªa abordar seriamente esta restituci¨®n cuando estaba en el Gobierno, porque hubiera aparecido como una medida destinada, ante todo, a favorecerse a s¨ª mismo. Ahora, si las diferencias de valoraci¨®n con UGT se aclaran, tendr¨¢ dificultades para acogerse de forma airosa a la restituci¨®n planteada por los populares. Tampoco ayuda en esta disyuntiva moral el hecho de que algunos de sus dirigentes han sido condenados por el Tribunal Supremo por financiaci¨®n ilegal.

Al margen de las intenciones pol¨ªticas y de las consecuencias que puedan derivarse del sistema de restituci¨®n que adopten las Cortes, es l¨®gico que partidos y sindicatos hayan reaccionado favorablemente. Es l¨®gico tambi¨¦n que quien pueda realizar esta dif¨ªcil restituci¨®n con mayor desenvoltura sea un partido que nada tiene que reclamar. Pero s¨ª el PP desea de verdad "consumar el cambio democr¨¢tico", adem¨¢s de evitar el uso sectario de esta restituci¨®n, tiene todav¨ªa un buen camino para recorrer, que no se solventa ¨²nicamente con gestos de oportunidad pol¨ªtica ni con reivindicaciones a veces pueriles de escritores y pol¨ªticos de la Rep¨²blica, sino con el arrinconamiento de los gestos intolerantes y de los reflejos autoritarios que nos remiten a tiempos superados.