El ex dictador deber¨¢ declarar ante el Parlamento

La acusaci¨®n constitucional contra el general Augusto Pinochet supondr¨¢ para al jefe del Ej¨¦rcito una amarga partida de la instituci¨®n que comanda desde 1973. Todo indica que la presentaci¨®n contar¨¢ con el apoyo de los parlamentarios de izquierda de la coalici¨®n gobernante, los que estudiaban a su vez otras acusaciones, al igual que los familiares de los detenidos desaparecidos.De ser as¨ª, la C¨¢mara deber¨¢ formar una comisi¨®n para estudiar la acusaci¨®n, que deber¨¢ recomendarla o no al plenario de este ¨®rgano legislativo. La comisi¨®n citar¨¢ a los testigos que respaldan la acusaci¨®n y oir¨¢ los fundamentos de ¨¦sta y tambi¨¦nlos descargos y testimonios que presente el acusado. El propio Pinochet deber¨ªa acudir a prestar declaraciones en el Parlamento, aunque puede hacerlo por oficio.

De acuerdo con la Constituci¨®n, la C¨¢mara de Diputados goza de la facultad de acusar a las autoridades militares que "han comprometido gravemente el honor de la naci¨®n". Seg¨²n explicaron los diputados democristianos, ¨¦ste es "el ¨²nico resquicio que tiene el pueblo para evitar que Pinochet llegue al Senado".

Si la C¨¢mara Baja, en la que existe una amplia mayor¨ªa de los partidos oficialistas, vota aprobando la acusaci¨®n, como cabe esperar, el Senado actuar¨¢como una segunda instancia que debe resolver en definitiva la validez o no de ¨¦sta. En la actual C¨¢mara alta, los partidos de Gobierno se encuentran en minor¨ªa ante la derecha por la presencia de ocho senadores designados en las postrimer¨ªas del r¨¦gimen militar, por lo que es presumible que la acusaci¨®n sea rechazada.

Los parlamentarios democristianos admitieron ayer la improbabilidad de que la acusaci¨®n prospere. Aun as¨ª, el diputado Tom¨¢s Jocelyn-Holt afirm¨® que para el pa¨ªs ser¨¢ beneficioso este debate.

Sin embargo, seg¨²n interpretan c¨ªrculos de la coalici¨®n gobernante, mientras la acusaci¨®n se encuentre en su tr¨¢mite, lo que tarda cerca de un mes y medio, Pinochet quedar¨ªa en una situaci¨®n de interdicci¨®n que le impedir¨ªa entretanto asumir como senador vitalicio.

El a?o pasado, el presidente de la Corte Suprema, Servando Jord¨¢n, fue acusado constitucionalmente en la C¨¢mara, pero ¨¦sta rechaz¨® por amplia mayor¨ªa los cargos. Otros jueces del Tribunal Superior, entre ellos los que cerraron el proceso por el asesinato del ciudadano espa?ol y funcionario de la ONU Carmelo Soria, cometido en 1976 por agentes de la dictadura, aplicando la ley de amnist¨ªa, han sido tambi¨¦n acusados en la C¨¢mara, pero s¨®lo en un caso el Senado aprob¨® finalmente la destituci¨®n.