Menem anuncia el derribo del mayor centro de tortura de la dictadura

, Las instalaciones de la Escuela Superior de Mec¨¢nica de la Armada (ESMA) en Buenos Aires, que sirvieron de centro de detenci¨®n y tortura bajo la dictadura argentina (1976-1983), ser¨¢n derruidas y en su lugar se levantar¨¢ un par que, seg¨²n inform¨® ayer el presidente argentino, Carlos Menem. La decisi¨®n de derribar los edificios de la ESMA se ha tomada con el fin de "relegar los enfrentamientos de nuestra historia reciente" para que quede "un espacio verde y un monumento, s¨ªmbolo de la unidad nacional", explic¨® el presidente.

La ESMA depend¨ªa del jefe de la Marina, el almirante Emilio Massera. Entre los oficiales implicados en las pr¨¢cticas de torturas figura el capitan Alfredo Ast¨ªz. Por otra parte, dos diputados de la oposici¨®n argentina han presentado un proyecto de ley que promueve la anulaci¨®n de antiguas leyes que eximieron de responsabilidad penal a los militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante el r¨¦gimen militar que gobern¨® entre 1976 y 1983. La iniciativa de los legisladores Juan Pablo Cafiero y Alfredo Bravo, ambos del Frente Pa¨ªs Solidario (Frepaso), de orientaci¨®n centroizquierdista, busca que las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida sean "derogadas y declaradas nulas".

Amnist¨ªa general

La Ley de Punto Final, aprobada en 1987, puso un l¨ªmite a los jueces para abrir procesos contra militares acusados por delitos de represi¨®n ?legal, mientras que la de Obediencia Debida benefici¨® a los oficiales. subalternos y suboficiales al argumentar que s¨®lo cumplieron ¨®rdenes de los ex comandantes. M¨¢s de un millar de militares sospechosos, acusados o procesados por violaciones de los derechos humanos resultaron beneficiados por esas leyes.Esas normas legales, aprobadas durante el Gobierno del ex presidente Ra¨²l Alfons¨ªn, de la Uni¨®n C¨ªvica Radical, "han consolidado la impunidad y permitieron que los asesinos de la dictadura est¨¦n en libertad", seg¨²n los dos diputados.

Por otra parte, la presidenta de la Coalici¨®n Internacional de ONG para el Establecimiento del Tribunal Penal Internacional, Pascale Norris, pidi¨® ayer en Madrid el apoyo de la sociedad espa?ola y de su Gobierno a la creaci¨®n de este ¨®rgano, que se encargar¨¢ de juzgar cr¨ªmenes contra la humanidad. La Coalici¨®n, que engloba a 300 ONG, considera "esencial" que la sociedad reclame la creaci¨®n de un tribunal internacional "independiente" y "eficaz" antes de la conferencia que se celebrar¨¢ en Roma en junio, en la que se decidir¨¢ la constituci¨®n, competencias y definici¨®n de ¨¦ste ¨®rgano.

Norris Se?al¨® que una de las cuestiones ya definidas es que el tribunal se encargar¨¢ s¨®lo de los asuntos que sucedan a partir de su creaci¨®n y no de otros ya pasados como las desapariciones durante las dictaduras de Argentina y Chile, pues de lo contrario no se lograr¨ªa el consenso necesario para la formaci¨®n de este ¨®rgano.