Las comisiones de investigaci¨®n en marcha s¨®lo se suspender¨¢n si hay procesados o inculpados

El Reglamento del Congreso avanza hacia su redacci¨®n final. Los distintos grupos pol¨ªticos han cerrado pr¨¢cticamente un acuerdo sobre las comisiones de investigaci¨®n: podr¨¢n crearse sobre cualquier asunto de inter¨¦s p¨²blico y s¨®lo se suspender¨¢n cuando la Mesa de la C¨¢mara decida que hay identidad entre los hechos o las personas que investigue un juez o tribunal, siempre que se haya llegado a la fase de inculpaci¨®n o procesamiento. Las mayores diferencias entre los grupos mayoritarios se dan respecto a la Oficina Presupuestaria. Para el PP, debe dedicarse s¨®lo al asesoramiento, pero el PSOE pretende que pueda evaluar y dictaminar t¨¦cnicamente sobre los Presupuestos del Estado y los costes de cualquier proyecto de ley.

La ponencia que estudia la redacci¨®n del nuevo Reglamento del Congreso logr¨® ayer, seg¨²n la mayor¨ªa de sus integrantes, avances significativos. Aunque ning¨²n asunto est¨¢ cerrado en su totalidad, Manuel N¨²?ez, en nombre del Grupo Popular, admiti¨® que hubo una importante aproximaci¨®n de posiciones".Las comisiones de investigaci¨®n podr¨¢n crearse sobre cualquier asunto de inter¨¦s p¨²blico y podr¨¢n pedirlas dos grupos parlamentarios o una quinta parte (es decir, 70) de los diputados del Congreso. Si alg¨²n grupo se opone a su creaci¨®n habr¨¢ debate en pleno y s¨®lo se rechazar¨¢ la creaci¨®n de la comisi¨®n por mayor¨ªa absoluta. Eso significa que si, por ejemplo, 170 diputados rechazan la comisi¨®n y 165 la aprueban, ¨¦sta quedar¨ªa constituida.

Tanto N¨²?ez como el socialista Jes¨²s Caldera destacaron que se ha querido salvaguardar la autonom¨ªa de los poderes del Estado y los derechos fundamentales de las personas. Para ello, el PSOE acept¨® la f¨®rmula que ayer propuso el PP y que consiste en que la Mesa del Congreso podr¨¢ suspender una comisi¨®n investigadora cuando haya un procedimiento judicial abierto, siempre que haya llegado a la fase de inculpaci¨®n o procesamiento de alguna persona que vaya a ser llamada por la comisi¨®n.

N¨²?ez explic¨® que el reglamento facultar¨ªa a la Mesa para que sea el ¨®rgano que dirima si hay "identidad en los hechos o en los sujetos". Si el proceso judicial acabase en sobreseimiento o absoluci¨®n, el Congreso no podr¨¢ investigar sobre esos hechos. Si hubiese condena, la comisi¨®n podr¨ªa iniciar o reanudar su actividad.

Pedro Antonio R¨ªos, ponente de IU, se muestra disconforme con esta f¨®rmula por entender que asocia excesivamente la responsabilidad penal y la pol¨ªtica, mientras que su grupo entiende que se trata de dos aspectos muy diferenciados, que no debieran utilizarse como cortapisa para las comisiones de investigaci¨®n.

La distinta concepci¨®n de las tareas de la Oficina Presupuestaria separa a¨²n a PSOE y PP, aunque ambos expresaron su convencimiento de que habr¨¢ acuerdo cuando la ponencia se re¨²na el pr¨®ximo jueves.

El PP plantea una oficina presupuestaria ¨²nica para Congreso y el Senado, con dos departamentos que dependan funcionalmente de la presidencia de cada una de las C¨¢maras. Su funci¨®n ser¨ªa de asesoramiento t¨¦cnico y jur¨ªdico para los grupos y diputados y, adem¨¢s, facilitar¨ªan informaci¨®n econ¨®mica y presupuestaria.

Los socialistas quieren, en cambio, una oficina presupuestaria que eval¨²e tanto los Presupuestos Generales del Estado como cualquier proyecto de ley que se presente en la C¨¢mara, "desde el punto de vista econ¨®mico y contable", seg¨²n explic¨® Caldera. N¨²?ez replic¨® que ese tipo de oficina presupuestaria no es el habitual en otros parlamentos y exige un elevado n¨²mero de funcionarios y un alto coste.

Durante la reuni¨®n de la ponencia, seg¨²n fuentes de la misma, el presidente del Congreso, Federico Trillo, ofreci¨® una f¨®rmula de transacci¨®n seg¨²n la cual la oficina presupuestaria depender¨ªa del presidente de cada C¨¢mara y su adscripci¨®n funcional ser¨ªa en la comisi¨®n de presupuestos. Este es, precisamente, uno de los aspectos de la propuesta de los socialistas.

En la reuni¨®n de ayer no se abord¨® lo relativo a las preguntas al Gobierno. El PSOE pretende que el presidente deba contestar aquellas preguntas que se le formulan directamente, mientras el PP, seg¨²n explic¨® N¨²?ez, sostiene que, de acuerdo con la Constituci¨®n las preguntas van dirigidas al Gobierno y, como la inmensa mayor¨ªa de los sistemas parlamentarios, es el Gobierno el que decide qui¨¦n ha de contestar las preguntas que se le formulan.