El fiscal pide que se juzgue a los acusados del 'caso Marey' y se aplique la prescripci¨®n en la sentencia

Los ocho abogados defensores de los procesados en el caso Marey invocaron ayer la prescripci¨®n de los delitos que les imputan al haber transcurrido m¨¢s de 10 a?os desde la fecha del secuestro de Segundo Marey, el 4 de diciembre de 1983, hasta el momento de iniciarse las actuaciones en diciembre de 1994. El fiscal del Supremo, Jos¨¦ Mar¨ªa Luz¨®n, desestim¨® esas alegaciones y pidi¨® que se juzgue a los acusados, explicando que, en su opini¨®n, es en la sentencia en donde debe resolverse si han prescrito o no los delitos que se les imputan. Las acusaciones apoyaron las alegaciones del fiscal.

La vista de los preliminares del caso Marey en la Sala Segunda del Tribunal Supremo se prolong¨® durante toda la jornada de ayer, y a ella siguieron las deliberaciones de los magistrados hasta casi las once la noche. Hoy se volver¨¢n a reunir para seguir el debate sobre una eventual prescripci¨®n de algunos o de todos los delitos para uno o varios acusados, con la consiguiente extinci¨®n de responsabilidad penal en cada caso.Los abogados se centraron en combatir la calificaci¨®n del fiscal del Supremo, Jos¨¦ Mar¨ªa Luz¨®n, quien considera que los delitos no han prescrito ya que el m¨¢s grave de ellos, el secuestro de Marey, tendr¨ªa un plazo de prescripci¨®n de 15 a?os y no de 10 como argumentan todas las defensas. El fiscal mantuvo ayer que no es en la fase de cuestiones previas en la que debe plantearse en que tipo penal se deben encuadrar las conductas de los acusados para resolver a continuaci¨®n si han prescrito o no los delitos que se les imputan. Tras la celebraci¨®n del juicio, seg¨²n el fiscal, es el tribunal quien debe decidir sobre esta materia y luego, al dictar sentencia, resolver sobre la prescripci¨®n.

El principal punto de debate estuvo en torno al delito de secuestro y a la condici¨®n de funcionarios p¨²blicos o particulares que el fiscal otorga a los procesados, seg¨²n los preceptos que utiliza para acusarles, ya que entiende que al cometer el delito se despojaron de su condici¨®n de funcionarios p¨²blicos.

Esta postura fue impugnada por los defensores, que sostuvieron que si. sus defendidos eran funcionarios p¨²blicos con el antiguo C¨®digo Penal debe aplic¨¢rseles el plazo de prescripci¨®n de cinco a?os previsto para la detenci¨®n ilegal en el art¨ªculo 184 de ese cuerpo legal.

"Fraude procesal"

Manuel Cobo del Rosal, defensor del ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera (el fiscal pide para ¨¦l 23 a?os de c¨¢rcel) signific¨® que desde 1870 a la actualidad "en toda la historia de Tribunal Supremo no hay una sola sentencia de esta Sala que diga que en una reforma con sucesi¨®n de leyes debe aplicarse la m¨¢s desfavorable para el reo". Cobo fue el m¨¢s duro de los defensores y dijo que el fiscal y las acusaciones "hab¨ªan rozado el fraude procesal" al calificar a prop¨®sito los hechos para evitar que operase el instituto de la prescripci¨®n. En l¨ªnea con los dem¨¢s defensores, Cobo plante¨® que se aplique el C¨®digo Penal antiguo en caso de que se considere a Vera funcionario p¨²blico y el nuevo si se le considera un particular, ya que en ambos casos el delito de secuestro habr¨ªa prescrito.Pablo Jim¨¦nez de Parga, defensor del ex ministro Jos¨¦ Barrionuevo (petici¨®n fiscal: 23 a?os de c¨¢rcel), se?al¨® que el debate sobre la prescripci¨®n no implica renunciar a la inocencia de su defendido, y sac¨® a relucir que en el caso Filesa el ministerio fiscal apoy¨® la tesis contraria a la que ahora plantea y pidi¨® que se declarase la prescripci¨®n de un delito y la de otros conexos con ¨¦l. "Fue el propio ministerio fiscal el que plante¨® la prescripci¨®n de un delito de apropiaci¨®n indebida y no de otro delito fiscal, y esta Sala lo admiti¨® con el apoyo expreso del fiscal".

En relaci¨®n con el secuestro de Marey, Jim¨¦nez de Parga se?al¨®: "No se puede ir mutando la condici¨®n de funcionario dependiendo de si vamos a aplicar un C¨®digo o vamos a aplicar otro. O mi defendido tiene la condici¨®n de funcionario p¨²blico o no la tiene". El letrado defendi¨® que la condici¨®n de funcionario p¨²blico de Barrionuevo no ha sido modificada por el nuevo C¨®digo.

Jos¨¦ Mar¨ªa Stampa Braun, defensor del ex director general de Seguridad Juli¨¢n Sancrist¨®bal (petici¨®n fiscal: 22 a?os), plante¨® la falta de autorizaci¨®n administrativa previa de una cuarta parte del Congreso para abrir el proceso a Barrionuevo. Seg¨²n este letrado, la aplicaci¨®n de esta norma habr¨ªa supuesto una "depuraci¨®n pol¨ªtica" del caso que habr¨ªa Impedido su llegada a los tribunales. Su inobservancia deber¨ªa conducir a la nulidad de actuaciones.

Andr¨¦s Planas, abogado de los polic¨ªas Luis Hens y Jos¨¦ Ram¨®n Corujo, que custodiaron varios d¨ªas a Marey, asegur¨® que a sus defendidos les dijeron que ten¨ªan que custodiar a un detenido y no tuvieron conocimiento del comunicado de los GAL reivindicando el secuestro, por lo que no se les puede aplicar el tipo agravado de haber puesto una condici¨®n para la liberaci¨®n de Marey.