El Gobierno asegura que 21 diputaciones superan a Guadalajara en deuda acumulada

En el Gobierno y en el PP no conceden olficialmente gran importancia al caso Tomey porque entienden que son mayor¨ªa las diputaciones en la misma situaci¨®n que la de Guadalajara. Cuando comparan las cuentas del organismo que preside el senador Francisco Tomey -acusado de ocultar de manera "ficticia" hasta 3500 millones de pesetas- con las dem¨¢s diputaciones, se refieren a los datos oficiales sobre deuda oficial acumulada por estas instituciones, que sumaban m¨¢s de 319.000 millones de pesetas en 1995.

En esa clasificaci¨®n, Guadalajara figuraba en el puesto n¨²mero 22 de las diputaciones con m¨¢s deuda. Destaca, sin embargo, que su Diputaci¨®n ya era en ese momento la primera de la lista si esa proporci¨®n de deuda pendiente de cobro se calcula -una vez excluidas las vascas, con m¨¢xima soberan¨ªa fiscal- sobre el n¨²mero de habitantes de la provincia.El portavoz del PSOE sobre corporaciones locales, Alfonso Perales, considera esta clasificaci¨®n en cualquier caso como una "operaci¨®n de maquillaje para enmascarar el n¨²cleo del problema de lo sucedido en Guadalajara, donde un se?or ha mentido y ha cometido un presunto delito. de falsedad documental".

En el Gobierno y en el PP insisten en calificar el caso Tomey simplemente como una "anomal¨ªa contable poco acad¨¦mica". No se admite la acusaci¨®n de "corrupci¨®n". De esta manera les resulta m¨¢s f¨¢cil explicar el agujero de 3.500 millones como un d¨¦ficit presupuestario habitual. Y se ofrece para demostrarlo el cuadro comparativo de los derechos pendientes de cobro en 1995 elaborado por la Direcci¨®n General de Coordinaci¨®n con las Haciendas Territoriales del Ministerio de Hacienda.

Investigaci¨®n del PP

La misma l¨ªnea de trabajo se sigue tambi¨¦n en la investigaci¨®n interna abierta por el PP. El expediente en marcha intenta justificar primero los casi 1.300 millones de pesetas que la Diputaci¨®n de Guadalajara presupuest¨® en distintos ejercicios como aportaciones previstas del Estado y que nunca llegaron. En 1993 un grupo de- 84 senadores populares presentaron ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la ley que modific¨® entonces los criterios de asignaci¨®n de la participa ci¨®n del Estado en las corporaciones locales. Tomey ha intentado argumentar parte del agujero de la Diputaci¨®n en esta te¨®rica disparidad de criterios, aunque el Estado ha contestado en varias ocasiones a preguntas de los di putados socialistas que en sus arcas no hay ninguna deuda pendiente con ese organismo.En el PP replican que ni el Estado ni la Diputaci¨®n pueden consignar esas partidas hasta que no se resuelva ese recurso de constitucionalidad. Fuentes socialistas han reconocido que en todas las corporaciones hay facturas de "dudoso cobro" pero con deudores conocidos. El problema para Tomey est¨¢ en que tan s¨®lo ha podido entregar facturas como para justificar unos 400 millones de los 3.500 citados.