Bronca al ¨¢rbitro

El presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat celebraron ayer en el Palacio de la Moncloa la entrevista aplazada hace una semana, justo en v¨ªsperas de que el Defensor del Pueblo -Fernando ?lvarez de Miranda- se pronunciase sobre la constitucionalidad de la Ley de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica de Catalu?a. La norma hab¨ªa sido aprobada por el Parlamento auton¨®mico el pasado 30 de diciembre con el apoyo de CiU, PSC-PSOE e Iniciativa per Catalunya: PP y Esquerra Republicana votaron -por razones diametralmente opuestas- en contra. Pese a que sus en¨¦rgicas cr¨ªticas hicieran pensar lo contrario, la direcci¨®n nacional del PP y el Gobierno de Aznar decidieron finalmente no recurrir ante el Constitucional la llamada ley del catal¨¢n.Seg¨²n algunas maliciosas interpretaciones, ese prudente paso atr¨¢s fue una maniobra florentina de los populares: la descontada beligerancia del Defensor del Pueblo -legitimado tambi¨¦n para interponer el recurso de inconstitucionalidad- le garantizaba al Gobierno la impugnaci¨®n de la ley del catal¨¢n sin tener que pagar los costes de una eventual ruptura con CiU. Pero la capacidad para pensar mal del, pr¨®jimo est¨¢ universalmente repartida: otros pronosticadores suspicaces dieron como seguro que las presiones del presidente del Gobierno, amenazado con unas elecciones anticipadas por el presidente de la Generalitat, disuadir¨ªan de sus prop¨®sitos al pusil¨¢nime ?lvarez de Miranda. Ese enrarecido clima de sospechas cruzadas explica que el encuentro entre Aznar y Pujol s¨®lo pudiera celebrarse despu¨¦s de que se pronunciara el Defensor del Pueblo.

El prestigio de una instituci¨®n sufre gravemente cuando sus decisiones resultan ¨¢cidamente descalificadas por tirios y troyanos o son acusadas de tongo por romanos y cartagineses. Al igual que los ¨¢rbitros de f¨²tbol proclives a compensar el penalti injusto contra el equipo de casa con la indebida anulaci¨®n de un gol al once visitante, la estrategia pastelera de ?lvarez de Miranda en torno a la ley del catal¨¢n, lejos de contentar a las hinchadas rivales, s¨®lo ha conseguido exasperarlas. Por un lado, el escrito dirigido el 8 de abril por el Defensor del Pueblo al presidente del Parlamento catal¨¢n dictamina que algunos preceptos jur¨ªdicamente discutibles de, la norma "no son indubitablemente inconstitucionales", ya que cabe hacer interpretaciones "constitucionalmente adecuadas" de su "anfibol¨®gica redacci¨®n"; por otro, sin embargo, ?lvarez de Miranda deja caer envenenadas reticencias acerca de la intencionalidad extraconstitucional de algunos art¨ªculos (sobre cooficialidad ling¨¹¨ªstica y fomento del catal¨¢n en el ¨¢mbito privado) y exhorta a la Generalitat a modificarlos para dejar clara la inexistencia de "un deber general de conocimiento de la lengua catalana" e impedir que la discriminaci¨®n positiva de la "lengua propia" sea interpretada como "excluyente de la lengua castellana" o justificadora de su "preterici¨®n".

Seg¨²n algunos, ?lvarez de Miranda traicion¨® su deber de recurrir la ley del catal¨¢n para contentar a Aznar, extorsionado a su vez por un conminatorio ultim¨¢tum de Pujol; seg¨²n otros, las "recomendaciones" del Defensor del Pueblo al presidente de la Generalitat para que impulse la modificaci¨®n de cinco art¨ªculos de la norma son una impertinencia extempor¨¢nea. Desde un punto de vista institucional, las destempladas r¨¦plicas de los dirigentes de CiU no carecen de fundamento. Si la ley de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica es constitucional, tal y como afirma ?lvarez de Miranda, el Parlamento catal¨¢n no tiene por qu¨¦ obedecer sus consejos; si la Generalitat aplicase indebidamente esa norma en el futuro, lesionando derechos fundamentales en el ¨¢mbito ling¨¹¨ªstico, el Poder Judicial tiene medios suficientes (sin necesidad de recurrir a los buenos oficios del Defensor del Pueblo) para impedirlo: una eventualidad no descartable por los m¨¢s optimistas, dada como segura por los m¨¢s pesimistas y temida a partir de ahora por los lectores m¨¢s atentos del contradictorio escrito de Alvarez de Miranda.