Las s¨²plicas de la secretaria de Estado

Si el Tribunal Supremo de Estados Unidos o el gobernador de Virginia no lo imped¨ªan en el ¨²ltimo momento, el paraguayo ?ngel Francisco Breard ten¨ªa cita con el verdugo en la madrugada de hoy. Hasta aqu¨ª, la noticia es una de las que se producen cada cinco d¨ªas en EE UU, donde el pasado a?o fueron ejecutados 74 presos. Pero aunque todos lo son, el caso de Breard es un poco m¨¢s distinto que los dem¨¢s. Si Breard acaba recibiendo la inyecci¨®n letal, Estados Unidos se habr¨¢ saltado a la torera una sentencia del Tribunal Internacional de La Haya.Hasta Madeleine Albright, la dama de hierro de la diplomacia norteamericana, estaba ayer abochornada. Que el pa¨ªs que va de gendarme del mundo no pague sus impuestos -las contribuciones a la ONU-, no respete las leyes internacionales -la Convenci¨®n de Viena- y haga o¨ªdos sordos a las decisiones de un tribunal prestigioso -el de La Haya-, no contribuye a su credibilidad cuando lanza una cruzada contra Sadam Husein o proclama que desea detener a Pol Pot.

En un gesto inusual, Albright pidi¨® por escrito a Jim Gilmore, el gobernador republicano de Virginia, que suspendiera la ejecuci¨®n del paraguayo. Como sab¨ªa que citar el respeto a la legalidad internacional no impresionar¨ªa demasiado al gobernador, la secretaria de Estado puso el acento en el da?o que la ejecuci¨®n de Breard podr¨ªa hacer a los estadounidenses detenidos en el extranjero.

"La ejecuci¨®n del se?or Breard", escribi¨® Albright, "pod¨ªa ser vista como una negativa por parte de EE UU del significado de la ley internacional y de los procedimientos del Tribunal de La Haya, y podr¨ªa limitar nuestra capacidad para proteger a los norteamericanos que viajen por el exterior". Albright precis¨® ayer ante los estudiantes de la Universidad de Howard, en Washington, su voluntad de respetar, aunque sea "a rega?adientes" las decisiones de La Haya.

La diplomacia norteamericana es muy puntillosa a la hora de que a sus ciudadanos se les aplique en todo el mundo la Convenci¨®n de Viena. Firmada en 1963 por decenas de pa¨ªses, entre ellos EE UU, ese tratado establece que las personas detenidas en un pa¨ªs extranjero deben ser informadas de inmediato por la polic¨ªa de que tienen derecho a entrar en contacto con sus representantes consulares y a solicitarles ayuda para su defensa.

Pero, como denunci¨®, el Gobierno de Paraguay, la polic¨ªa del Estado de Virginia no respet¨® esos derechos cuando detuvo a Breard en 1992 y le acus¨® de haber intentado violar y apu?alado y matado luego a Ruth Dickie, una vecina suya en Arlington (Virginia). Integrado por 15 jueces de distintas nacionalidades, el Tribunal de La Haya, el m¨¢ximo organismo judicial de la ONU, dio el pasado jueves la raz¨®n a Paraguay y pidi¨® a Estados Unidos que suspendiera la ejecucion de Breard. Pero ese tribunal no tiene potestad para imponer sus decisiones a ning¨²n pa¨ªs.

Las autoridades de Virginia no han negado nunca haberle privado a Breard de sus derechos relativos a la Convenci¨®n de Viena, un tratado de cuya existencia no tienen ni la menor idea las distintas fuerzas policiales norteamericanas. El pasado a?o, un mexicano fue ejecutado, tambi¨¦n en Virginia, aunque su Gobierno denunci¨® que no hab¨ªa sido informado de su derecho a entrar en contacto con sus representantes consulares. Cuando el cad¨¢ver ya se estaba enfriando, el Departamento de Estado reconoci¨® desde Washington la violaci¨®n del tratado y pidi¨® excusas a M¨¦xico.

Miguel D¨ªaz Pache, c¨®nsul espa?ol en Miami, tambi¨¦n ha denunciado que la polic¨ªa de Florida no inform¨® a la representaci¨®n espa?ola de la detenci¨®n de Joaqu¨ªn Jos¨¦ Mart¨ªnez, que ahora vive en, el corredor de la muerte de la prisi¨®n de Starke. Mart¨ªnez declar¨® en diciembre a este peri¨®dico que en ning¨²n momento la polic¨ªa le dijo que pod¨ªa telefonear al consulado.

Como todo en derecho, no es s¨®lo una cuesti¨®n de formas. El Gobierno paraguayo sostiene que hubiera podido suministrar a Breard un abogado que le hubiera evitado la condena a muerte. Bien asesorado, el detenido podr¨ªa haber negociado con. la fiscal¨ªa una declaraci¨®n de culpabilidad a cambio de una condena menor.