Un conflicto de un mill¨®n y medio de v¨ªctimas

Juan Gerardi era el m¨¢ximo encargado del informe Recuperaci¨®n de la Memoria Hist¨®rica presentado en Ciudad de Guatemala el pasado viernes. El informe es un recuento sobre las atrocidades cometidas durante la guerra civil de Guatemala, que dur¨® 36 a?os y cuya paz se firm¨® en diciembre de 1996. El documento, titulado tambi¨¦n Guatemala: nunca m¨¢s, presenta un informe final que aborda los siguientes temas: los impactos individuales, familiares y comunitarios de la violencia; los mecanismos del horror (c¨®mo se hicieron las matanzas, las torturas, los m¨¦todos que emplearon los aparatos de espionaje y las fuerzas insurgentes y contrainsurgentes contra la poblaci¨®n; el entorno hist¨®rico: el proceso pol¨ªtico, econ¨®mico y militar desde los a?os cincuenta hasta la firma de la paz; y fi1almente, las v¨ªctimas del conflicto (nombres de las v¨ªctimas de las matanzas, muertos, desaparecidos y torturados).

Para el informe, las v¨ªctimas directas de la guerra son, aproximadamente, 150.000 personas muertas; 50.000 desaparecidos; un mill¨®n de refugiados; 200.000 ni?os hu¨¦rfanos; 40.000 mujeres viudas. En total, 1.440.000 v¨ªctimas.

Al Ej¨¦rcito se le responsabiliza directamente de 32.978 v¨ªctimas (60%); a los grupos paramilitares se les atribuyen 3.424 muertes (6,2%); al Ej¨¦rcito m¨¢s los grupos paramilitares se les hace responsables de 10.602 v¨ªctimas (19,3%). De estos ¨²ltimos datos se deduce que el Ej¨¦rcito es autor de 43.580 muertes (79,2%). A la guerrilla se la responsabiliza de 5.117 fallecidos (9,3%). De las v¨ªctimas, el 74,5% fueron adultos, y tres de cada cuatro eran ind¨ªgenas.

Como recomendaciones para superar 36 a?os de cruenta guerra civil, el informe plantea que el Estado debe reconocer p¨²blicamente los hechos y sus responsabilidades en las violaciones masivas y sistem¨¢ticas contra la poblaci¨®n. Por su parte, la guerrilla de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y otros actores armados deben hacer lo mismo, seg¨²n el informe.

El Estado debe asumir como alta prioridad la investigaci¨®n del destino de los casos de desaparecidos, a trav¨¦s de una comisi¨®n, con recursos y sin plazos, para que trabaje coordinadamente con los poderes p¨²blicos, prosigue el informe. El documento expone que para que la paz sea efectiva debe llevarse adelante un proceso de desmilitarizaci¨®n social que garantice la disminuci¨®n de la influencia militar en la sociedad civil.

El informe concluye que el Estado debe facilitar la devoluci¨®n de la memoria a las comunidades y grupos que fueron afectados por la guerra para que se pueda alcanzar la reconciliaci¨®n nacional.