El fiscal dice que tiene datos suficientes para imputar al senador popular Arroyo
La presunta incompatibilidad entre los cargos de presidente de la urbanizadora Corralejo Playa, SA, y de alcalde de La Oliva (Fuerteventura), ostentados por el senador Domingo Gonz¨¢lez Arroyo, y el enriquecimiento personal que se derive del cruce de ambas actividades centran la investigaci¨®n abierta por Juan Guerra, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Canarias, sobre el dirigente canario del PP. El fiscal tom¨® ayer declaraci¨®n en Las Palmas a Pedro Amador Jim¨¦nez, secretario de la urbanizaci¨®n, el principal centro tur¨ªstico de Fuerteventura. Amador aport¨® documentaci¨®n sobre el funcionamiento de esta sociedad, contra la que se han presentado decenas de denuncias por el pago de un canon que los propietarios consideran ilegal.
"Estamos investigando si en la gesti¨®n de esa sociedad, participada por el Ayuntamiento, ha habido alg¨²n enriquecimiento y si ¨¦ste es exclusivamente para el municipio o para los miembros de la corporaci¨®n. Si el Tribunal Supremo decide continuar la investigaci¨®n, se tendr¨¢ que hacer una prueba pericial para determinar el destino ¨²ltimo de esos pagos", declar¨® el fiscal al concluir el interrogatorio.
Con el testimonio recabado, Guerra asegura haber concluido su investigaci¨®n, cuyos resultados remitir¨¢ el 4 de mayo a Jes¨²s Cardenal, el fiscal general. En su opini¨®n, hay materia suficiente para imputar al senador, por lo que conf¨ªa en que su informe termine en el Tribunal Supremo.
El complejo Corralejo Playa est¨¢ gestionado por una sociedad mixta participada por el Ayuntamiento, en un 55%, y Barcelona Cahispa, SA de Seguros, en un 45%. La preside el senador del PP y ocupan el puesto de consejeros varios concejales populares y uno socialista, todos remunerados. Fuentes de la Fiscal¨ªa califican de "extremadamente grave" que genere beneficios a sus socios mediante la obtenci¨®n de licencias de obras concedidas por el Ayuntamiento, su principal accionista.
Casto Mart¨ªnez, el arquitecto que denunci¨® al alcalde de La Oliva y le acus¨® de prevaricaci¨®n y tr¨¢fico de influencias, afirma que los pagos derivados del canon de urbanizaci¨®n de esa sociedad son controlados minuciosamente por Gonz¨¢lez y su equipo municipal antes de iniciarse el expediente.
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