"No se puede se?alar a los jueces del Pa¨ªs Vasco como se ha hecho"

La entrevista se mantiene cuando al presidente del Consejo General de la Abogac¨ªa, Eugeni Gay Montalvo, de 52 a?os de edad, acaban de comunicarle el asesinato de Tom¨¢s Caballero, concejal de Uni¨®n del Pueblo Navarro (UPN). El marcaje a los jueces que no hablan euskera por parte del autodenominado Sindicato de Abogados Euskaldunes -de Herri Batasuna (HB), en realidad- iba a ser el punto central de la cita. Gay comenta que uno de los hijos de la v¨ªctima es secretario del Colegio de Abogados de Pamplona y que el decano defendi¨® a Caballero en la querella que HB present¨® contra ¨¦l y que fue archivada. "Hab¨ªa llamado asesinos a los de ETA y han ido a por ¨¦l para darle la raz¨®n", comenta Gay, afectado. La tragedia cambia el gui¨®n. As¨ª, comienza expresando su "absoluta consternaci¨®n" por el asesinato.Pregunta. La sociedad asiste perpleja al marcaje de los jueces del Pa¨ªs Vasco que no hablan euskera por parte de abogados que fuerzan la suspensi¨®n de los juicios si los magistrados no conocen ese idioma.

Respuesta. El Consejo ha apoyado la resoluci¨®n del Colegio de Bilbao en el sentido de que no se debe se?alar a nadie en el Pa¨ªs Vasco, teniendo en cuenta lo que ello puede representar y lo acabamos de ver ahora, con este asesinato en Pamplona. Otra cuesti¨®n es el derecho que tienen los euskaldunes a celebrar los juicios en su propia lengua. Es un derecho constitucional y creo que se debe hacer un esfuerzo para que la gente se pueda expresar en ella ante los ¨®rganos de Justicia. Pero lo que no se puede hacer es se?alar a un juez de la forma como se ha hecho. Eso lo rechazamos absolutamente.

P. Si la cuesti¨®n se sigue enconando, ?ha contemplado la abogac¨ªa la posibilidad de poder llegar a inhabilitar a esos letrados?

R. S¨ª, naturalmente; si hubiera una infracci¨®n de las normas deontol¨®gicas. Nosotros no podemos perseguir el delito u otro tipo de conductas que escapan de la funci¨®n disciplinaria de la abogac¨ªa. Pero creo que no debemos radicalizar los temas de la lengua. Hemos de favorecer que las personas que se expresen en una u otra lengua lo puedan hacer con normalidad, sin coacciones.

P. El justiciable puede expresarse en la lengua que prefiera, pero cuando el juez no la habla...

R. Lo ideal ser¨ªa que en las comunidades biling¨¹es los jueces conocieran las dos lenguas. Eso no siempre es posible y no puede llegarse tampoco a una situaci¨®n en la que todos los espa?oles conozcan todas las lenguas del Estado para tener acceso a la Justicia. Pero s¨ª que ha de haber una predisposici¨®n y hasta el presente no han existido graves problemas. Lo lamentable ser¨ªa que un determinado juez se negase a atender en una determinada lengua a los justiciables. Ahora bien, tampoco se le puede imponer a un juez, reci¨¦n llegado a una comunidad o que no conoce esa lengua, que no pueda ejercer la judicatura.

P. La Constituci¨®n tambi¨¦n establece el castellano como idioma oficial...

R. Lo es, lo es. Y debemos ser enormemente respetuosos con ella.

P. El respeto a la Constituci¨®n no se pone en duda.

R. No; s¨ª que se pone en duda en muchas ocasiones, por desgracia. Estamos muy preocupados por el tema del euro, que me parece enormemente importante, pero nos olvidamos de que todav¨ªa no se ha renovado el Tribunal Constitucional. A m¨ª me parece de una irresponsabilidad absoluta. La pol¨ªtica de un pa¨ªs no es s¨®lo su aspecto econ¨®mico. Cuando, desgraciadamente, en un Estado se es incapaz de designar a las personas que han de regir los cargos de la m¨¢s alta magistratura, en muchas ocasiones la causa es que se quiere a personas afines para que juzguen y no se est¨¢ queriendo justicia, sino una justicia que sea amiga.

P. Los jueces se quejan con frecuencia de la deficiente preparaci¨®n de muchos letrados.

R. Y es l¨®gico y comprensible, porque padecemos una masificaci¨®n absoluta. Somos el pa¨ªs con mayor n¨²mero de abogados de Europa, en torno a los 120.000, y el derecho de defensa se trata a veces, desgraciadamente, como una mercanc¨ªa. Aqu¨ª a¨²n estamos hablando de acceso a la profesi¨®n cuando algunos pa¨ªses ya tienen establecida la formaci¨®n permanente y abogados con muchos a?os de ejercicio han de acreditar cada a?o un n¨²mero de cursos para seguir ejerciendo.

P. ?Qu¨¦ soluciones ve frente a esa masificaci¨®n?

R. Invertir mucho m¨¢s en formaci¨®n universitaria. Los j¨®venes, cuando llegan, no son conscientes de que dependen de los clientes que tengan. En muchas ocasiones pretenden, despu¨¦s de terminada la carrera, tener ya resuelto el problema econ¨®mico. Eso es absolutamente imposible en una profesi¨®n liberal.

P. El ciudadano tiene la sensaci¨®n de que el abogado cobra caro y de que si tiene una actuaci¨®n deficiente no hay nadie que le ampare frente al colectivo.

R. Si vamos hacia el modelo norteamericano de abogac¨ªa, la credibilidad ir¨¢ bajando cada vez m¨¢s. Si vamos hacia el europeo, aumentar¨¢. A veces, cuando los colegios han acordado sanciones severas contra abogados que han contravenido las normas deontol¨®gicas, han encontrado incluso el rechazo social y el de determinada prensa, que ha criticado unas medidas contra personas que dif¨ªcilmente podr¨ªan ejercer en alguno de estos pa¨ªses porque no tendr¨ªan cabida.