Sindicatos y empresas de correspondencia se movilizan contra la nueva ley postal

Las 200 empresas privadas espa?olas que se dedican a la distribuci¨®n de correspondencia y los sindicatos CC OO y UGT han emprendido una movilizaci¨®n contra la nueva ley postal por entender que atenta frontalmente contra la libertad de empresa y pone en peligro el mantenimiento de los puestos de trabajo. De los 5.000 trabajadores que prestan sus servicios en el sector postal privado en toda Espa?a, 1.800 lo hacen en las 75 empresas con sede en Catalu?a. Los sindicatos han convocado una serie de movilizaciones a las que se suman tambi¨¦n los empresarios apelando "al sentido com¨²n de los senadores" para que impidan que la ley salga adelante en los t¨¦rminos en los que el Congreso de los Diputados la aprob¨® el pasado 7 de mayo por considerar que de lo contrario supondr¨¢ el cierre de muchas de las empresas y el despido del 60% de los empleados. Un grupo de trabajadores particip¨® ayer en Madrid en la concentraci¨®n convocada contra la nueva ley. Los dirigentes de la Asociaci¨®n Catalana de Profesionales y Empresas del Reparto de Correspondencia (ACP) critican que justo cuando una reciente directiva europea defiende liberalizar el sector postal, se promulga en Espa?a una ley que, en su opini¨®n, persigue todo lo contrario. Seg¨²n el presidente de ACP, Jos¨¦ Antonio Gait¨¢n, "es absurdo que la ley postal no recoja la letra ni el esp¨ªritu liberalizador que sopla desde Europa y que adem¨¢s incurre en clara contradicci¨®n con las recomendaciones de Bruselas". Derechos adquiridos La red de distribuci¨®n privada cubre el 80% del territorio espa?ol y es un fen¨®meno genuino de este pa¨ªs que s¨®lo funciona, pero a menor escala, en Italia. Los empresarios piden que se respeten los derechos adquiridos en 30 a?os y que no se entorpezca la libertad del cliente para elegir entre los operadores que ofrezcan un servicio de mayor calidad y a mejor precio. Entre los art¨ªculos m¨¢s conflictivos de la ley postal figuran los que impiden a los operadores privados repartir las cartas interurbanas que pesan entre 0 y 300 gramos, es decir, justo las que generan el principal volumen de negocio. El llamado correo de negocios quedar¨¢ exclusivamente en manos de Correos con la nueva ley. Muchos ejecutivos creen que supondr¨¢ firmar el certificado de defunci¨®n de sus empresas. Desde el grupo parlamentario del PP, el diputado Crist¨®bal Pons, encargado de defender en el plenario del Congreso el articulado de la ley, no ve el panorama tan sombr¨ªo. "Esta es la mejor ley posible y el impacto no ser¨¢ tan grande en el sector privado como anuncian pues tienen una gran capacidad para adaptarse al mercado", piensa Pons. El diputado popular recuerda que siempre ha estado liberalizado el correo urbano y en cambio el interurbano (que la nueva ley deja en manos parcialmente del operador p¨²blico-Correos) no lo ha estado nunca, aunque las empresas privadas lo cubr¨ªan de forma "alegal". Pons reconoce que con la nueva ley el sector privado pierde una cierta parte del mercado, pero insiste en que la parte m¨¢s apetecible est¨¢ en el correo urbano, que mueve el 90% del mercado -sobre todo en las grandes ciudades-, y eso lo van a seguir teniendo. La ley postal se aprob¨® con los votos del PP, CiU, Coalici¨®n Canaria y del PNV. El PSOE vot¨® en contra. Las centrales sindicales reclaman que la ley postal incorpore "medidas de acompa?amiento" que garanticen el mantenimiento de los puestos de trabajo en el conjunto del sector, mediante la creaci¨®n de una mesa del empleo que eval¨²e el impacto que tendr¨¢ la entrada en vigor de la ley una vez aprobada en las dos c¨¢maras, y piden soluciones para reubicar a los trabajadores afectados.