No hay futuro en la justicia corporativa

Las ¨²ltimas encuestas reflejan una seria desconfianza de los ciudadanos en la justicia. Se refieren muy cr¨ªticamente al significado de la justicia en tanto que poder (en particular se agravan las dudas sobre la vigencia real de la independencia e imparcialidad de los jueces) y como servicio o administraci¨®n. Ya es sabido que en democracia no hay instituci¨®n que pueda sostenerse, a los efectos de cumplir con su papel de un modo relevante, con esa persistente y porcentualmente grave p¨¦rdida de credibilidad ciudadana. Por ello, no tiene sentido el discurso de la parte conservadora de la justicia seg¨²n el cual el problema vendr¨ªa a ser que los ciudadanos est¨¢n equivocados por la acci¨®n conjunta de su propia incapacidad para entender esto de la justicia y los manejos de una especie de demiurgo pol¨ªtico-medi¨¢tico cuya finalidad ¨²ltima ser¨ªa desmontar, no se sabe con qu¨¦ fines, esta instancia de pacificaci¨®n y racionalizaci¨®n de los conflictos.La posici¨®n conservadora se mimetiza con un entorno, el de la praxis pol¨ªtica, administrativa y judicial relativa a la justicia, caracterizado por un fort¨ªsimo d¨¦ficit en la identificaci¨®n de las zonas de responsabilidad (qui¨¦n es responsable de que una actividad dada funcione mal) y en el an¨¢lisis de los problemas considerados en s¨ª mismos y en su interrelaci¨®n (qu¨¦ funciona mal, por qu¨¦ es as¨ª y cu¨¢les son las consecuencias). No hay inter¨¦s en dejar claros tales extremos, con lo que la oferta de soluciones es virtualmente imposible. As¨ª es que tenemos un enorme espectro de queja ciudadana, a la que se responde -como acaba de hacer el presidente del Gobierno en el debate sobre el estado de la naci¨®n- con alusiones vagas a la necesidad de m¨¢s medios (?para conseguir hacer peor m¨¢s cosas?) y reformas que nunca llegan o llegan mal, como la del enjuiciamiento civil, cuyos rasgos b¨¢sicos desesperan cualquier voluntad de mejora. Me gustar¨ªa hacer alguna reflexi¨®n respecto de esos temas.

Es probable que el descontento relativo al uso que los jueces hacemos de los valores que configuran el poder jurisdiccional (independencia e imparcialidad) tenga que ver con el componente corporativo de la justicia que esa parte conservadora tiene a gala transmitir continuamente. Cuando los ciudadanos son sometidos a un significado de la independencia judicial que la convierte en un valor final, propiedad de los jueces y destinado a la bunkerizaci¨®n de ¨¦stos, en vez de valor instrumental para la tutela de los derechos y libertades, es inevitable que entiendan, y har¨¢n bien, que lo judicial (la justicia en su traslaci¨®n simb¨®lica) nada tiene que ver con ellos y que repliquen en consecuencia, extra?ando cualquier complicidad con una instituci¨®n que les resulta ajena. Junto a ello se traslada, tambi¨¦n de continuo, una radical demonizaci¨®n de lo pol¨ªtico, demonizaci¨®n que es presupuesto de existencia del corporativismo, al que dota de cierta identidad, y factor estrat¨¦gico capital para tratar de justificar la deseada apropiaci¨®n del ¨®rgano de gobierno de los jueces. As¨ª, los conservadores est¨¢n continuamente sugiriendo, a veces dici¨¦ndolo expl¨ªcitamente, que el Consejo del Poder Judicial est¨¢ politizado de origen, con lo que sus vocales no son independientes. La dependencia pol¨ªtica se traslada, siempre seg¨²n esa clave antipol¨ªtica, a los nombramientos que hace el Consejo, con lo cual los designados por este ¨®rgano (por ejemplo, los magistrados del Tribunal Supremo) adquieren derivadamente esa dependencia. El razonamiento resulta b¨¢rbaro y, sobre todo, falso, pero es asumido y reduplicado en bastantes medios y cen¨¢culos, con lo que no s¨¦ a qui¨¦n puede extra?ar la deslegitimaci¨®n agregada que traducen las encuestas: si los propios jueces dicen que la c¨²pula judicial no es independiente e imparcial, ?qu¨¦ va a pensar el ciudadano? Pero el mensaje corporativo-judicial no es inocente. Por el contrario, forma parte del muy pol¨ªtico objetivo neoliberal de desgaste de estructuras esenciales del poder p¨²blico; es decir, de las instancias que pueden realizar o inducir un control racional y democr¨¢tico del mercado, y conseguir o al menos fomentar igualdades esenciales, sin las que no hay libertades posibles. Ese preciso significado del modelo conservador de la justicia permite explicar por qu¨¦ se fomentan discursos sin fortaleza conceptual alguna -que hasta quieren pasar por progresistas en ocasiones- y, frente a interpretaciones m¨¢s blandas, por qu¨¦ se tolera la existencia de jueces (pocos, por fortuna) con reiterados comportamientos y decisiones de m¨¢s que dudosa constitucionalidad. Bienvenido todo el que contribuya al objetivo del ¨²nico pensamiento.

Con lo ya dicho, no resulta extra?o que la quiebra alcance al segundo de los significados antes aludidos, la justicia como servicio. Perdonen el pesimismo, pero mientras las cosas de la justicia est¨¦n en manos corporativas, el horizonte cotidiano de objetivos coincidir¨¢ con el inter¨¦s de los miembros de la corporaci¨®n, no con el de los ciudadanos. Con tal premisa, no discutible salvo en t¨¦rminos de despotismo m¨¢s o menos ilustrado, es totalmente imposible que los corporativos comprendan el sentido y alcance m¨ªnimos de lo que quiere cualquier ciudadano que en un momento dado demanda la actuaci¨®n del servicio p¨²blico de la justicia. Porque no tienen siquiera la posibilidad / necesidad de aproximarse al concepto servicio p¨²blico, sobre el que se tiene que montar la oferta p¨²blica de calidad (medida en t¨¦rminos de respeto a los derechos fundamentales en el proceso) y eficacia (aqu¨ª, la finalidad es acabar con las dilaciones de los pleitos) que precisa un pa¨ªs como ¨¦ste. Transcurrido m¨¢s de medio a?o, ?qu¨¦ ha pasado con las razonables propuestas del Libro Blanco? Hablando de la justicia como servicio, me permito indicar finalmente que el mal funcionamiento constituye un elemento deslegitimador decisivo, que tiene su precisa traducci¨®n en las encuestas. Pues ?qu¨¦ se espera que responda un ciudadano consciente -por experiencia directa o relatada- de la extrema ineficacia de esta administraci¨®n cuando es preguntado?

La parte de responsabilidad de unas instituciones y otras, y de los que poseen el poder en cada caso, es muy distinta. Al Consejo del Poder Judicial le corresponde el gobierno de los jueces; responder¨¢ de la calidad del subsistema judicial, de la selecci¨®n, formaci¨®n, disciplina y productividad de los jueces. Su actual composici¨®n no lo est¨¢ haciendo mal. Fue capaz de elaborar el llamado Libro Blanco de la justicia y est¨¢

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inmerso en varias y acertadas tareas propias de sus competencias. Pero quien tiene la mayor parte de poder es el Ejecutivo -aqu¨ª habr¨ªa que precisar que algunas comunidades aut¨®nomas tienen transferencias en justicia-, porque controla los cap¨ªtulos relativos al resto del personal y a la infraestructura y medios de la Administraci¨®n, y dispone de iniciativa legislativa, del apoyo parlamentario para hacer leyes y, no lo olvidemos, de la capacidad presupuestaria natural. Es decir, todas o las fundamentales cartas de la baraja. Sirva ello a los efectos de se?alar qui¨¦n debe responsabilizarse y en qu¨¦ grado del mal funcionamiento de la justicia. Ni al nivel de las necesarias reformas de las leyes procesales, ni al del an¨¢lisis de problemas, ni al de la pura gesti¨®n de los medios, el ¨¢rea de justicia del Gobierno ha estado a la altura del pa¨ªs. Y tanto el repaso puntual y objetivo de lo (no) realizado en los ¨²ltimos a?os como la insistente opini¨®n de los ciudadanos lo reflejan.

Con muchas otras consecuencias, los tiempos nos traen, tambi¨¦n en el mundo de la justicia, la tensi¨®n entre los valores del pensamiento -y de la acci¨®n- ¨²nico y los de todos los que piensan que hay motivos y posibilidades suficientes para la solidaridad. Pero, en punto a las posibilidades, los progresistas hemos de tener en cuenta que s¨®lo existir¨¢n si se dispone de un poder p¨²blico fuerte, eficaz y democr¨¢ticamente sano.