El ex edil del GIL dice al juez que los concejales votan sin saber lo que se aprueba

El ex concejal de Deportes del Ayuntamiento de Marbella Carlos Fern¨¢ndez afirm¨® que los ediles del gobierno de Jes¨²s Gil votan en los plenos "por disciplina de partido e ignorando el contenido" de los asuntos que se llevan a su aprobaci¨®n. As¨ª lo declar¨® ante el juzgado que instruye una querella contra el equipo municipal por un delito urban¨ªstico. Fern¨¢ndez, que desde hace tres meses pertenece al Grupo Mixto, reconoci¨® que los ediles del GIL siguen la consigna del partido, "independientemente del contenido de los informes t¨¦cnicos" y que el miedo a pagar 100 millones de pesetas si hacen lo contrario "pesa como una espada". El concejal declar¨® como imputado en la querella presentada por la Plataforma Ciudadana de Marbella contra la autorizaci¨®n municipal de levantar un edificio de 10 plantas donde el actual planeamiento permite s¨®lo cinco alturas, y que incluye una zona verde. El acusado admiti¨® haber votado en el pleno del 4 de febrero de 1997 la recalificaci¨®n de una parcela de dominio p¨²blico "a bien patrimonial del Ayuntamiento". Este solar de 226 metros cuadrados fue vendido despu¨¦s por el gobierno de Gil, por 12,5 millones de pesetas, al promotor del edificio, el fallecido locutor Antonio Herrero. El edil se neg¨® a abandonar la corporaci¨®n municipal despu¨¦s de ser destituido como delegado de Deportes, el 14 de marzo pasado, para entonces ser expulsado del GIL. Cree que la recalificaci¨®n municipal de suelo acordada por el consistorio se realiz¨® "para coger dinero, como consecuencia del convenio suscrito". En los terrenos, precis¨®, "no se est¨¢n ejecutando obras de utilidad social". Fern¨¢ndez confes¨® que en la elaboraci¨®n de los convenios urban¨ªsticos -recalificaciones de suelo o exceso de edificabilidad a cambio de dinero o inmuebles- "no intervienen todos los concejales" y que emit¨ªa su voto "conforme a los dictados del GIL, independientemente de cu¨¢l fuese el contenido de los informes t¨¦cnicos obrantes en los distintos expedientes". Se?al¨® que la firma de un documento con el grupo de Gil le obligaba a votar a favor de sus propuestas o, de lo contrario, tendr¨ªa que indemnizar al partido del gobierno local con 100 millones de pesetas. No obstante, Fern¨¢ndez se?al¨®: "Nunca he tenido que cuestionarme la legalidad del voto, dado que siempre hab¨ªa informes que lo avalaban".