La UE reclama a Espa?a 27.500 millones por hacer carreteras sin estudio ambiental

Las prisas por dotar a Espa?a de carreteras con doble calzada cuando las viejas del plan Redia quedaron colapsadas pasan ahora factura. Muchas se desdoblaron a todo correr, sin tener en cuenta que las ayudas de la Uni¨®n Europea estaban condicionadas a que se hicieran estudios de impacto ambiental antes de su ejecuci¨®n. Los servicios jur¨ªdicos de la Comisi¨®n Europea reclaman ahora a Espa?a la devoluci¨®n de 27.500 millones de pesetas provenientes de fondos europeos por haberlos destinado a la construcci¨®n de carreteras que no cumpl¨ªan ese requisito.

Los tramos a los que se refiere la reclamaci¨®n ya est¨¢n todos en servicio y corresponden a la autov¨ªa X¨¢tiva-Silla, en las inmediaciones de Valencia, la variante de Puerto Lumbreras (l¨ªmite de Murcia con Almer¨ªa) y la variante de Molina de Segura, tambi¨¦n en Murcia. Con anterioridad tambi¨¦n figuraba en este paquete el tramo Roman¨ª-Silla.La reclamaci¨®n no suena a novedad en el Ministerio de Fomento. Y mucho menos en quienes conocen la etapa anterior, cuando los temas de Medio Ambiente compart¨ªan con Carreteras la misma tutela ministerial. En 1993, las direcciones generales de Medio Ambiente y de Carreteras, entonces dependientes del Ministerio de Obras P¨²blicas, acordaron en un documento interno eximir a un centenar de proyectos de carreteras del procedimiento de declaraci¨®n de impacto ambiental, para acelerar las obras.

La exclusi¨®n se justificaba en que los tramos afectados no se consideraban propiamente autov¨ªas, sino variantes de poblaciones, ampliaciones de carreteras existentes o desdoblamiento de una vieja calzada. El entonces ministro de Obras P¨²blicas, Jos¨¦ Borrell, reconoci¨® p¨²blicamente que la Uni¨®n Europea hab¨ªa denegado 40.000 millones para proyectos de autov¨ªas por carecer de declaraci¨®n de impacto ambiental.

Cinco a?os despu¨¦s los servicios jur¨ªdicos de la Direcci¨®n General XI de la Comisi¨®n Europea, que entiende de medio ambiente, ha requerido a Espa?a la devoluci¨®n de otros 27.500 millones de pesetas por su uso improcedente. Te¨®ricamente, con lo perdido entonces y la reclamaci¨®n de ahora -con fecha de marzo pasado- sumar¨ªan 67.500 los millones de pesetas que Espa?a no ha podido utilizar en nuevos viales de gran capacidad, por no haber tenido en cuenta varias alternativas de trazado o asumir modificaciones en el proyecto elegido para no causar da?os al entorno natural.

El asunto no est¨¢ zanjado. La direcci¨®n general de An¨¢lisis y Programaci¨®n Presupuestaria del Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda ha asumido los argumentos de la etapa de Borrell y niega la mayor. El titular de este centro directivo, Pascual Fern¨¢ndez, afirma que el dictamen no tiene car¨¢cter vinculante, ni se trata de un requerimiento oficial. "La cantidad exacta reclamada asciende a 27.500 millones de pesetas, pero no estamos de acuerdo con ¨¦sa interpretaci¨®n, ni tampoco tendr¨ªamos que devolver el dinero. En el supuesto de que claramente se hubiera incumplido la directiva, y los fondos no pudieran destinarse a pagar esas obras, aplicar¨ªamos esos recursos a otros proyectos".Toda la gesti¨®n de los fondos europeos Feder (programas de actuaciones en infraestructuras) y los de Cohesi¨®n (proyectos concretos en funci¨®n de la renta de las regiones) dependen de Pascual Fern¨¢ndez. Y cree que el informe jur¨ªdico de la Direcci¨®n General XI tiene su contraargumento, el mismo que esgrim¨ªa Borrell. Como no se trata de carreteras de nueva planta, el Gobierno espa?ol entiende que no es preciso el certificado previo de impacto ambiental.

Excusas

El litigio se mantiene de momento en los l¨ªmites de la discrepancia jur¨ªdica. El cuarto proyecto incluido en el debate (el tramo Roman¨ª-Silla) ha quedado excluido. "Se vio claramente que no ten¨ªan raz¨®n y se elimin¨®", asegura Fern¨¢ndez, en cuyo despacho se ha tenido que defender, no siempre con ¨¦xito, que el procedimiento de emergencia aplicado para algunas obras de abastecimientos no era una excusa para que se ejecutaran sin declaraci¨®n de impacto ambiental.La variante Silla-El Romana de la carretera Nacional 332, a una quincena de kil¨®metros al sur de Valencia, se inaugur¨® en el verano de 1995, informa Felipe Pinazo. Consiste en la construcci¨®n de un tercer carril en un tramo de seis kil¨®metros libre de peaje de la autopista del Mediterr¨¢neo, la A-7, e incluye un acceso de entrada y otro de salida a esta v¨ªa.

En el acceso de salida, un tramo de cerca de 1,5 kil¨®metros desde la A-7 hasta la N-332, que evita cruzar el casco urbano de Solana, habr¨ªa sido necesario llevar a cabo un estudio de impacto ambiental, seg¨²n los expertos consultados, porque la nueva carretera cruza los cauces habituales del agua del r¨ªo Jugar hacia el lago del parque natural de L'Albufera. Esta situaci¨®n oblig¨® a construir un viaducto para facilitar el paso del agua.

En el otro tramo afectado por la reclamaci¨®n europea, la variante Silla-X¨¤tiva de la N-332, de unos 40 kil¨®metros, la obra consisti¨® en un desdoblamiento de la carretera. S¨®lo se ejecut¨® un nuevo trazado en un tramo inferior a un kil¨®metro junto al puerto de C¨¤rcer. Esta variante se abri¨® al tr¨¢fico un a?o antes, con dos carriles por calzada, y su ampliaci¨®n se decidi¨® sobre la marcha. Fuentes consultadas alegan que ambas variantes se proyectaron a?os antes de que fuera obligatoria la declaraci¨®n de impacto.