La clausura
Algunas reacciones ante la clausura judicial de las instalaciones de Egin, con la consiguiente e inevitable suspensi¨®n de la publicaci¨®n, ponen en evidencia, como tantas veces ocurre, los complejos pol¨ªticos y profesionales que nos aquejan.En unos casos, han sido prudentes afirmaciones de l¨ªderes pol¨ªticos que han admitido sin ambages la posible legalidad de la medida; yo creo que de algo estaban informados, pues su apoyo fue claro e inmediato; pero, sea lo que fuere, su reacci¨®n fue razonada desde el punto de vista de la legalidad vigente, incluida la Constituci¨®n.
Pero en otros casos asoman sospechas, presunciones, complejos. La primera y m¨¢s burda es la de que el juez puede estar actuando al servicio de una autoridad pol¨ªtica; esta presunci¨®n o sospecha no puede asomar en un estado mental normal propio de un Estado de derecho; es una sospecha terrible; cuando se expresa con ligereza o alegr¨ªa o desfachatez, se est¨¢ haciendo un p¨¦simo servicio al sistema judicial; porque no puede echarse por delante la sospecha sin alg¨²n fundamento relacionado con el asunto de que se trate o con la personalidad del juez; dada la personalidad del juez concreto que lleva el asunto, la sospecha es poco cre¨ªble y, lo que es importante, ha sido poco cre¨ªda, afortunadamente.
S¨ª es un pre-juicio notable el que se asienta en la idea de que la libertad de expresi¨®n es un derecho absoluto, al que hay que sacrificar cualquier otro bien o derecho, incluido, como sucede en este caso, el derecho a la vida. Tal proclamaci¨®n expresa, o formulaci¨®n t¨¢cita, puede estar relacionada, a su vez, con la memoria del tiempo pasado: el poder que cierra un medio, aunque sea cautelarmente, es, por esencia, un poder tir¨¢nico, dictatorial; as¨ª sucedi¨® en el pasado, y el sentir tiene su inercia; otra manera de negar la existencia del Estado de derecho, por m¨¢s que las apariencias digan otra cosa. Tambi¨¦n aparece ese tipo de proclamaci¨®n ligado a la defensa de intereses concretos de periodistas o editores que no s¨®lo tienen un sublime concepto de su funci¨®n, sino que protegen, as¨ª, indirectamente, su negocio, profesi¨®n o chanchullos; el principio de la irreprochabilidad cubre todo.
Estas motivaciones o tentaciones del subconsciente pueden estar ligadas a otra m¨¢s comprensible: el santo temor a los desalmados que matan; tambi¨¦n los desalmados tienen derechos, y el hacerlo ver en el momento oportuno, sobre traer la buena conciencia de la defensa de derechos "caiga quien caiga", con aire puro y generoso, puede razonablemente conllevar una consideraci¨®n m¨¢s benigna, a la hora de elegir v¨ªctimas, por parte de los asesinos de que se trata, y cuyos derechos tan gallardamente se proclaman. Estas actitudes pueden llevar hasta a una extra?a (o muy humana) obsequiosidad con los asesinos y extorsionadores, te?ida, incluso, de afinidad ideol¨®gica profunda o incluso piedad cristiana o laica.
Ahora bien, lo que refleja que no vivimos, en nuestro interior, el Estado de derecho es que todos, m¨¢s o menos, han tenido que explicar que no se cerraba la publicaci¨®n por su contenido ideol¨®gico, o pol¨ªtico. ?Ser¨¢ posible que alguna vez alguien se atreva a decir lo que piensa sin que sea necesario cubrirse con la confesi¨®n de los art¨ªculos de la fe? No viviremos el Estado de derecho hasta que todos los que se pronuncian sobre esos l¨ªmites no se crean obligados a proclamar que ellos est¨¢n en la sana doctrina pol¨ªtica.
Y eso de pedir cuentas al juez, en la forma de explicaciones que deba dar "a la opini¨®n". Tambi¨¦n convendr¨ªa que acept¨¢ramos el "tiempo" judicial. Un juez instructor se expresa mediante providencias y autos que necesariamente tienen que estar razonados y, adem¨¢s, est¨¢n sujetos a una o varias revisiones propias y ajenas, en un procedimiento contradictorio, hasta que se hacen, despu¨¦s de mucho discutir, firmes. El juez tiene que explicarse mediante la correcta aplicaci¨®n de la ley, sin demoras, ni apresuramientos, ni abusos, en los t¨¦rminos que requiera la gravedad de sus decisiones, que son siempre tremendas: clausurar cautelarmente una publicaci¨®n es grave; ?y no es m¨¢s grave quitar la libertad o gravar el patrimonio de la gente, cosa que hacen todos los d¨ªas?
Y no quiero dejar de referirme a esos otros que hablan de "oportunidad pol¨ªtica" del momento y naturaleza de la media. ?Pero no quedamos en que estamos en un Estado de derecho? Un juez deber¨¢ ser prudente o valeroso, o ambas cosas a la vez; pero ?vamos a pedirle a los jueces la aplicaci¨®n del derecho con criterios de "oportunidad" pol¨ªtica? Para eso est¨¢n, creo yo, los pol¨ªticos, no los jueces.
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