La defensa de Urralburu afirma que los delitos de cohecho han prescrito y pide su absoluci¨®n

Gabriel Urralburu, ex presidente socialista del Gobierno de Navarra, no pudo cometer delitos de cohecho porque de ¨¦l no depend¨ªa la contrataci¨®n ni dict¨® ning¨²n acto de adjudicaci¨®n de obras, seg¨²n manifest¨® ayer su abogado, Javier Asia¨ªn, al elevar a definitivas sus conclusiones provisionales durante la recta final del juicio que se sigue en la Audiencia de Pamplona por la trama navarra del caso Rold¨¢n. El letrado neg¨® que su cliente haya cometido dos delitos fiscales, asegur¨® que los cohechos han prescrito y pidi¨® su libre absoluci¨®n.

Javier Asia¨ªn se emple¨® a fondo y consigui¨® atraer la atenci¨®n del tribunal, del fiscal y de las numerosas acusaciones personadas en la causa. Termin¨® su defensa con una frase que utiliz¨® Bartolom¨¦ de Carranza, ilustre jurista navarro, cuando se defend¨ªa a s¨ª mismo: "Una aplicaci¨®n ejemplar de la ley penal conduce a la mayor de las injusticias".En el banquillo, Gabriel Urralburu asent¨ªa con la cabeza a todos los argumentos de su abogado, observaba las reacciones del fiscal, Javier Mu?oz, y derrochaba su frialdad habitual. Al contrario que Antonio Arag¨®n, su exconsejero de Obras P¨²blicas, no ha mostrado a lo largo de la vista muestra alguna de arrepentimiento. La acusaci¨®n p¨²blica pide para ¨¦l once a?os de c¨¢rcel por un delito de cohecho continuado y dos por delito contra la Hacienda Foral.

La prescripci¨®n del cohecho fue la primera baza jugada por el letrado de Urralburu. Seg¨²n ¨¦l, no ha quedado suficientemente acreditado que se cobraran comisiones ilegales por el embalse de El Ferial, construido por Huarte y cuya fecha de adjudicaci¨®n, el 30 de julio de 1990, ha servido de referencia a las acusaciones para defender que no han pasado los cinco a?os de plazo que marcan la prescripci¨®n.

El letrado, dando por buena esa tesis, dijo que habr¨ªa que remontarse a otra obra diferente, la de la Variante Este, de Pamplona, adjudicada el 14 de octubre de 1989, fecha a partir de la cual habr¨ªa prescrito el cohecho.

El fiscal y los peritos sostienen que ocho constructoras pagaron 770 millones a Urralburu, Arag¨®n y los dem¨¢s procesados, entre ellos sus esposas, as¨ª como a Luis Rold¨¢n, ex director de la Guardia Civil, y Jorge Esparza, el testaferro de ¨¦ste.

Asia¨ªn neg¨® que las fichas suizas, en las que aparec¨ªan contabilizadas estas comisiones, sirvieran como prueba y rechaz¨® el exhaustivo informe pericial, a cuyos autores acus¨® de falta de neutralidad. A continuaci¨®n bas¨® su defensa en que el expresidente no es un ¨®rgano de contrataci¨®n de obras ni dict¨® actos administrativos.

El abogado neg¨® que el cambio de subasta a concurso lo planteara el procesado y extendi¨® la responsabilidad de esta decisi¨®n y de todas las adjudicaciones a todo el Ejecutivo. "No est¨¢ acreditado que contribuyera con su voto a apoyar a una determinada empresa. Y, en el supuesto de que hubiera asistido a esas votaciones, la responsabilidad ser¨ªa de todos los miembros del Gobierno. Y hasta del Parlamento, que aprob¨® los presupuestos", apostill¨®.

Sobre el cohecho, el defensor de Urralburu afirm¨® que ¨¦ste no ha recibido "personalmente" las cantidades que se le atribuyen ni ha llevado a cabo "personalmente" las inversiones en inmuebles y sociedades detectadas. Asia¨ªn insisti¨® en que las d¨¢divas de las constructoras se ingresaron en la sociedad Residencial Menorquina, propiedad de Olivia Balda, la mujer del ex presidente. Y dijo que esas cantidades no se pueden cargar a efectos fiscales sobre su cliente.

Finalmente, dijo que es ins¨®lito que se acusara a Urralburu de dos delitos fiscales por no declarar lo que habr¨ªa obtenido ilegalmente. Asia¨ªn volvi¨® a utilizar un argumento que ya rechaz¨® la Sala durante las cuestiones previas: que la Hacienda navarra no se incluy¨® como sujeto pasivo hasta 1995 y que, por tanto, las defraudaciones en la comunidad foral no existieron hasta entoncer. Para los legisladores, hasta entonces Navarra estaba incluida en la denominaci¨®n "comunidades aut¨®nomas".

La defensa de Antonio Arag¨®n, mientras, solicit¨® que su cliente sea absuelto pues no recibi¨® comisiones sino d¨¢divas. En caso de que no lo sea, pidi¨® que la condena sea inferior a dos a?os por la aplicaci¨®n de cinco atenuantes. Entre ellas destaca que Arag¨®n su capacidad de discernir no era plena, que su arrepentimiento es sincero y que ha reparado en lo posible el da?o causado.