?Fractura o legitimidad?

Aun esforz¨¢ndose por imaginar un asunto pol¨ªtico en que el fondo fuera tenebroso y luego cada uno de sus episodios marcara un empeoramiento de las cosas, dif¨ªcilmente podr¨ªa alcanzarse el grado de irracionalidad que desde su origen manifiesta el caso GAL. Un terrorismo de Estado que se ejecuta como una vulgar chapuza, polic¨ªas matones que dejan rastros de sus delitos y luego cantan de un modo u otro seg¨²n sopla el viento de sus intereses, un ministro y unos altos cargos que ante los cr¨ªmenes se encierran en el "no sabe, no contesta", una actuaci¨®n judicial sembrada de filtraciones a todos los niveles, el descubrimiento de los principales datos a partir de una trama conspirativa, un comportamiento de los principales partidos donde en todo momento ha prevalecido el inter¨¦s pol¨ªtico m¨¢s inmediato sobre el sentido del Estado y el objetivo de lograr el imperio de la justicia. Son ingredientes de una olla podrida que con raz¨®n ha alarmado a la opini¨®n p¨²blica y deteriorado la imagen de nuestra democracia.Sin embargo, algo peor pudo haber pasado: que los cr¨ªmenes, los secuestros y las malversaciones de los implicados hubiesen quedado impunes. No es cierto que ese episodio de terrorismo de Estado tenga un inter¨¦s s¨®lo arqueol¨®gico una d¨¦cada despu¨¦s de haber ocurrido los hechos. La resoluci¨®n definitiva del caso GAL, con todas sus imprecisiones y todos sus costes pol¨ªticos, puede significar un punto de inflexi¨®n decisivo en la evoluci¨®n del Estado espa?ol, desde un pasado en que por mucho tiempo prevaleci¨® la violaci¨®n sistem¨¢tica de los derechos humanos, con unas fuerzas de orden siempre impunes cuando comet¨ªan excesos, a una situaci¨®n democr¨¢tica en que a toda costa impera el derecho. Y, adem¨¢s, la condena de los culpables resulta imprescindible para mantener la legitimidad del orden constitucional en el Pa¨ªs Vasco. No porque desde los c¨ªrculos pro-ETA vaya a cambiarse el discurso sobre la identidad entre la democracia espa?ola y el franquismo, sino porque la gran mayor¨ªa de la sociedad vasca podr¨¢ comprobar fehacientemente que esa afirmaci¨®n es una falacia. Y que de paso, en contra de lo que afirma Ardanza, la Constituci¨®n no est¨¢ ni anquilosada ni es obsoleta: su legalidad se afirma por encima de todas las resistencias, incluso de aqu¨¦llos que detentan el poder.

La cuesti¨®n de fondo es tambi¨¦n clara: no hay un terrorismo malo (el de ETA) y uno bueno (el de quienes la combatieron y combaten). La grandeza y la servidumbre del Estado de derecho residen en esa simetr¨ªa, y lo lamentable es que haya fuerzas pol¨ªticas democr¨¢ticas que no entiendan las cosas as¨ª, incluso en detrimento propio. El caso del atentado contra el barco de Greenpeace en Nueva Zelanda, por orden del Ministerio del Interior de Francia, reinando Mitterrand, o la reciente inculpaci¨®n del ex ministro socialista Roland Dumas, con tantos m¨¦ritos en su curr¨ªculum, deb¨ªan haber servido de ejemplo. En el primer episodio citado, los culpables, ministro Hernu incluido, fueron condenados y nada le ocurri¨® ni al Gobierno ni al socialismo franc¨¦s por que cayera sobre ellos el peso de la ley, e incluso se difundiera una sombra de sospecha sobre Mitterrand. Siguiendo ese ejemplo, el papel de los correligionarios deber¨ªa consistir en una l¨®gica expresi¨®n de solidaridad personal.

Cuando los cr¨ªmenes son reales, como ocurre con los GAL, resulta muy peligroso elegir una senda de oposici¨®n al ejercicio de la justicia, por lamentables que sean sus consecuencias. Ahora ya no cabe hablar de presunci¨®n de inocencia, pues la sentencia de culpabilidad es un hecho, y los votos particulares no pueden sustituir la validez de aqu¨¦lla. Por doloroso que sea, la pol¨ªtica de un partido no ha de sacrificarse a unos hombres y no es en las declaraciones, sino en las acciones legales, donde corresponde cualquier ejercicio de solidaridad. Otra cosa supondr¨ªa abrir una grieta, dif¨ªcilmente reparable, en el edificio de la democracia. Toca en este momento a todos entender que la mejor forma de pol¨ªtica consiste en respetar el Derecho.