No es inevitable

INMIGRACI?N ILEGAL

La inmigraci¨®n ilegal y sus consecuencias negativas, manifestada a veces de forma dram¨¢tica con la muerte en las playas de los inmigrantes, son fruto, que duda cabe, de una situaci¨®n geopol¨ªtica y socioecon¨®mica m¨¢s amplia que el entorno de nuestro propio pa¨ªs, lo que hace que los pa¨ªses m¨¢s desarrollados sean un foco de atracci¨®n para aquellas personas que luchan por su subsistencia y quieren huir de la miseria de sus pa¨ªses de origen. La soluci¨®n debe ser abordada conjuntamente por el Estado y las comunidades aut¨®nomas mediante pol¨ªticas integrales e integradas, debidamente coordinadas, donde se combinen la prevenci¨®n, la inserci¨®n social, la atenci¨®n social y sanitaria, as¨ª como el control de los flujos de inmigraci¨®n con las medidas de r¨¦gimen interior que sean precisas. Ahora bien, la Consejer¨ªa de Asuntos Sociales se ve en la obligaci¨®n de denunciar que la pol¨ªtica inmigratoria del Gobierno central se est¨¢ reduciendo a aplicar medidas policiales y represivas, denuncia en la que est¨¢n coincidiendo las ONG que desarrollan programas con estos colectivos, situando a las comunidades aut¨®nomas frente a hecho consumados y potencialmente muy graves. La Consejer¨ªa de Asuntos Sociales lamenta la descoordinaci¨®n de la Delegaci¨®n del Gobierno central con la Junta de Andaluc¨ªa, como por ejemplo en el hecho de que en un a?o y medio a trav¨¦s de los programas de acogida en Ceuta y Melilla se han enviado a la Pen¨ªnsula m¨¢s de 1.770 inmigrantes, de los cuales 170 se han quedado en Andaluc¨ªa, habiendo tenido conocimiento esta Consejer¨ªa a trav¨¦s de quejas y denuncias de los municipios en los que se han derivado estos inmigrantes, habi¨¦ndose puesto en peligro todas las pol¨ªticas preventivas de car¨¢cter social y sanitario ante el desconocimiento de su llegada. Todas estas afirmaciones pueden ser contrastadas por el delegado del Gobierno central, Jos¨¦ Torres Hurtado, con las propias ONG que atienden a los inmigrantes, as¨ª como consultando las propias Actas del Foro Nacional de la Inmigraci¨®n celebrado el d¨ªa 25 del pasado mes de junio, donde la Junta de Andaluc¨ªa denunci¨® que la pol¨ªtica inmigratoria del Gobierno central se estaba desarrollando a espaldas de las comunidades aut¨®nomas con los consiguientes riesgos sociales, sanitarios, incluso de brotes racistas y xen¨®fobos, siendo admitida esta circunstancia por el director general del Inserso, H¨¦ctor Maravall. Seg¨²n la Consejer¨ªa de Asuntos Sociales, las discriminaciones del Gobierno central alcanzan a los propios inmigrantes, ya que para evitar conflictos en Ceuta y Melilla a trav¨¦s de los programas de acogida desarrollados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en colaboraci¨®n con diversas ONG, est¨¢n facilit¨¢ndoles documentaci¨®n en unos 40 d¨ªas para legalizar la situaci¨®n de los inmigrantes que entran en nuestro pa¨ªs a trav¨¦s de estas dos ciudades, mientras que los inmigrantes ya asentados en nuestro pa¨ªs desde hace seis, siete y ocho a?os permanecen en situaci¨®n de ilegalidad. Resulta inexplicable la afirmaci¨®n de Torres Hurtado de que la llegada de los inmigrantes, la muerte de muchos de ellos en fr¨¢giles embarcaciones y el incremento de las mafias que se dedican a esta actividad, "una desgracia como otra cualquiera", en la que el Gobierno central no tiene nada que ver, limit¨¢ndose a la aplicaci¨®n de la Ley de Extranjer¨ªa que en su d¨ªa fue aprobada por el PSOE. Al se?or Torres Hurtado debe hab¨¦rsele olvidado la afirmaci¨®n del se?or Aznar relativa al traslado ilegal de inmigrantes a sus pa¨ªses de que "hab¨ªa un problema y ya est¨¢ solucionado". En este sentido, habr¨ªa que recordar al delegado del Gobierno que las normas jur¨ªdicas deben ser cumplidas por todos y que en la medida que responden a la realidad social de un momento determinado ¨¦stas deben ser adaptadas en la misma medida que la realidad cambia. Hoy es una realidad que la plena incorporaci¨®n de Espa?a a la Uni¨®n Europea y la apertura de las fronteras ha producido un cambio social, pol¨ªtico y econ¨®mico que a su vez debe propiciar cambios en la legislaci¨®n que regula la inmigraci¨®n. Para avalar esta afirmaci¨®n podr¨ªan citarse los cambios legislativos, la mayor¨ªas de las veces injustificadas, que est¨¢ proporcionando el se?or Aznar, aunque en otras ocasiones justificadas como la presente se cierran a cualquier modificaci¨®n. Respecto a los inmigrantes menores de edad hay que exigirle al Gobierno central y a sus ¨®rganos policiales mayor celo en la averiguaci¨®n de la verdadera edad, aplicando cuantos m¨¦todos cient¨ªficos o t¨¦cnicos sean necesarios para diagnosticar la verdadera edad de los mismos. Actualmente hay unos 100 menores internados sometidos a medidas de tutela, de los cuales se ha entregado un dossier a la Delegaci¨®n del Gobierno para que se intensifiquen las medidas dirigidas a la averiguaci¨®n de su edad y localizaci¨®n de sus familias por parte de la polic¨ªa, d¨¢ndose la paradoja de que muchos de ellos ingresan como menores y salen en poco tiempo como adultos, obligando a la comunidad aut¨®noma a labores de investigaci¨®n y localizaci¨®n de sus familias que son propiamente policiales. Lamentamos la falta de colaboraci¨®n del Gobierno con la Junta de Andaluc¨ªa para un desarrollo adecuado de una pol¨ªtica de acogida a los inmigrantes en Andaluc¨ªa. Se da la circunstancia de que en el ¨²ltimo Foro Nacional de la Inmigraci¨®n se rechaz¨® por irrisoria la ayuda de 33 millones ofrecida por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, cuando la Junta de Andaluc¨ªa con fondos propios est¨¢ destinando actualmente m¨¢s de 300 millones a esta finalidad. En esta l¨ªnea de falta de colaboraci¨®n pol¨ªtica y econ¨®mica rechazamos frontalmente la afirmaci¨®n de que los andaluces tengamos que estar agradecidos ni a la Secretar¨ªa General de Asuntos Sociales, ni al ministro, ni al se?or Aznar, ni al subsum corda cuando atienden las justas demandas de Andaluc¨ªa, recordando la insoportable falta de respuesta del Gobierno central al cumplimiento y pago de la deuda hist¨®rica, el no reconocimiento de la poblaci¨®n real de Andaluc¨ªa y la injusta financiaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas. Para finalizar, la Consejer¨ªa de Asuntos Sociales solicita que se rectifique el rumbo de la pol¨ªtica inmigratoria, que se cuente con las comunidades aut¨®nomas, que se ajusten los cupos de inmigraci¨®n a las necesidades reales y que se articulen los medios necesarios que eviten la repetici¨®n de los lamentables hechos luctuosos que se repiten cada d¨ªa en nuestras costas.

Isa¨ªas P¨¦rez Salda?a es consejero de Asuntos Sociales de la Junta de Andaluc¨ªa.