Pol¨ªtico o letrado

De las explicaciones ofrecidas ayer por el portavoz de la direcci¨®n del partido socialista, Alfredo P¨¦rez Rubalcaba, se deduce que la eventual participaci¨®n de Felipe Gonz¨¢lez como letrado de Vera y Barrionuevo en su recurso ante el Tribunal Constitucional es una posibilidad, no una decisi¨®n tomada, y que de momento lo que hay es la oferta del ex presidente de ser uno de los firmantes del recurso. Es una aclaraci¨®n necesaria, porque la iniciativa plantea problemas que no deber¨ªan desde?arse. Que algunas reacciones hayan resultado rid¨ªculamente desmesuradas no ahorra una toma en consideraci¨®n de esos problemas.Formalmente, nada impide que un pol¨ªtico, haya o no sido presidente del Gobierno, act¨²e como letrado ante el Constitucional, siempre que posea la titulaci¨®n correspondiente. Que algo sea posible no significa, sin embargo, que sea deseable. Una vida democr¨¢tica sana implica, adem¨¢s del respeto a la ley, atenerse a ciertas pautas de comportamiento: mantener determinados usos y costumbres impl¨ªcitamente aceptados por todos en las relaciones con las instituciones y entre los partidos. Y del mismo modo que no parece deseable que, por ejemplo, un juez que ha sido alto cargo del Ministerio del Interior instruya un sumario contra miembros de ese departamento tras su vuelta a la judicatura, tampoco es conveniente que un ex presidente del Gobierno que ha influido directamente en la designaci¨®n de los miembros del Tribunal Constitucional participe en un pleito planteado ante dicho ¨®rgano jurisdiccional.

Dos de los integrantes del actual Tribunal Constitucional fueron nombrados en 1995 a propuesta directa del Gobierno que entonces presid¨ªa Felipe Gonz¨¢lez. As¨ª lo establece la Constituci¨®n, cuyo art¨ªculo 159 precisa que los magistrados de ese tribunal ser¨¢n nombrados por el Rey para mandatos de nueve a?os y a propuesta del Congreso (cuatro miembros), del Senado (otros cuatro), del Consejo General del Poder Judicial (dos miembros) y del Gobierno (otros dos).

Es cierto que Gonz¨¢lez no est¨¢ personalmente afectado por la sentencia que ser¨¢ recurrida, pero es evidente que su presencia en el recurso otorga a ¨¦ste una dimensi¨®n pol¨ªtica. Ser¨¢ legal, pero su participaci¨®n como letrado ?no proyecta, retrospectivamente, una sombra equ¨ªvoca sobre el nombramiento? Como m¨ªnimo, coloca a los magistrados en una situaci¨®n inc¨®moda. Especialmente cuando se da adem¨¢s la circunstancia de que uno de los dos nombrados a propuesta del Gobierno de Gonz¨¢lez es el padre del letrado defensor de Barrionuevo. Y hacia el futuro, ?no introducir¨ªa un factor adicional de desconfianza en la negociaci¨®n entre los dos grandes partidos nacionales para la renovaci¨®n del Tribunal Constitucional? Ser¨ªa irresponsable no prever ese tipo de efectos indeseables.

Afirmar, como alg¨²n portavoz de IU, que se trata de "una ofensa a las v¨ªctimas de los GAL", o como el del PNV -coincidente en esto con HB-, que es un intento de evitar que se "derrumben" Vera y Barrionuevo, son reacciones que revelan la mezquindad de quienes las pronuncian. En el gesto de Gonz¨¢lez hay probablemente un componente de solidaridad personal con los condenados que merece respeto. Sin embargo, no es el Tribunal Constitucional el foro para que un ex presidente del Gobierno exprese tales sentimientos personales. Lo que se dilucida en el recurso de amparo es si ha habido vulneraci¨®n de derechos en el juicio: una cuesti¨®n t¨¦cnica que requiere un tratamiento jur¨ªdico, no pol¨ªtico. Un protagonismo directo de Gonz¨¢lez en el recurso no parece adecuado para combatir esa politizaci¨®n de la justicia que todos dicen lamentar. Aunque, para decirlo todo, tampoco contribuyen a acabar con esa tendencia pronunciamientos tan ecu¨¢nimes como el del portavoz de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, que ayer calific¨® la eventual iniciativa de Felipe Gonz¨¢lez como "una bomba de humo para no asumir sus responsabilidades y cargarse la sentencia".