Una juez condena al Inem a pagar el paro a uno de los dirigentes de HB encarcelados

La titular del Juzgado de lo Social n¨²mero 3 de San Sebasti¨¢n, Garbi?e Biurrun, ha condenado al Inem a pagar el subsidio de desempleo a uno de los 23 miembros de la Mesa Nacional de HB encarcelados por colaborar con ETA. El fallo, dictado el 22 de junio, equipara la situaci¨®n de Mikel Arregi, coordinador de la Mesa en Guip¨²zcoa y dirigente de KAS, con la del miembro del Consejo de Administraci¨®n de una empresa que presta servicios a la misma. HB suscribi¨® un contrato por obra con Arregui para que ¨¦ste desarrollase la ponencia Oldartzen, que define la l¨ªnea pol¨ªtica de la coalici¨®n.

El fallo ya ha sido recurrido por el Inem ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco, seg¨²n inform¨® ayer la cadena SER. El director general del Inem afirm¨® que "cuando existen cargos pol¨ªticos no hay relaci¨®n laboral"; defendi¨® que "siempre" han "mantenido una unidad de criterio" a ese respecto, y advirti¨® de que "la posibilidad de derecho a la prestaci¨®n se hace efectiva cuando la persona est¨¦ disponible para el mercado de trabajo".Mikel Arregi, nacido en Zestoa (Guip¨²zcoa) hace 30 a?os, fue miembro de la Mesa Nacional de HB desde diciembre de 1995 hasta el relevo de la direcci¨®n de la formaci¨®n abertzale el pasado diciembre al ingresar en prisi¨®n todos sus miembros, condenados a siete a?os por colaborar con ETA. En mayo de 1996, firm¨® con HB un contrato de obra como administrativo para "la aplicaci¨®n pol¨ªtica de Oldartzen en el ¨¢mbito organizativo". A Arregi le fue notificada la extinci¨®n de dicho contrato el pasado 14 de noviembre con fecha 30 del mismo mes. El juicio a la Mesa de HB concluy¨® el 5 de noviembre y el Supremo dict¨® sentencia el 1 de diciembre. La juez no hace en su auto, de seis p¨¢ginas, ninguna referencia al proceso y la condena.

Arregi demand¨® al Inem despu¨¦s de que ¨¦ste se negase a pagarle el paro que solicitaba por la extinci¨®n de dicho contrato. El Inem adujo que la protecci¨®n por desempleo "s¨®lo se otorga a los trabajadores por cuenta ajena", cualidad que el organismo entend¨ªa no alcanzaba a Arregi, ya que "realizaba tareas retribuidas en un partido pol¨ªtico como consecuencia de su designaci¨®n para un ¨®rgano de direcci¨®n del mismo". El Inem agregaba que la contrataci¨®n de Arregi en mayo de 1996 "carec¨ªa de autonom¨ªa y sustantividad dentro de la actividad normal de la empresa".

La juez rechaza este argumento y considera que el ex dirigente de HB, uno de los ide¨®logos de la ponencia Oldartzen, satisface todos los requisitos que establece la ley para cobrar el paro. Para la juez "no cabe identificar el trabajo realizado en la ponencia Oldartzen con el trabajo habitual y permanente de HB". Es decir, que Arregi tiene derecho al paro por su trabajo como ide¨®logo y el contrato en concreto que suscribi¨®, aunque no lo tenga por ser miembro de la direcci¨®n de una fuerza pol¨ªtica. La juez considera que el caso "no es distinto que el de la empresa de construcci¨®n que contrat¨® trabajadores mediante un contrato por obra o servicio determinado para la realizaci¨®n de una obra concreta".

Actualmente ese mismo tipo de contrato lo tiene el portavoz de HB, Arnaldo Otegi, y su trabajo es el de desarrollar Oldartzen en el ¨¢rea de coordinaci¨®n. Su contrato de trabajo fue suscrito el 10 de marzo de 1998, un mes despu¨¦s de haber sido elegido responsable de la nueva direcci¨®n de Herri Batasuna.

Arregi, asegura la magistrada, hab¨ªa sido miembro de la direcci¨®n de HB junto a otras 24 personas m¨¢s y por ello no pod¨ªa tener un control pleno de dicho ¨®rgano. La juez "considera posible, y que as¨ª ocurri¨®, que Arregi trabaj¨® para esa organizaci¨®n en r¨¦gimen de dependencia y no existe prueba alguna de que el contenido de su trabajo coincidiera con su tarea de direcci¨®n pol¨ªtica".

En la sentencia, la juez alude tambi¨¦n a la relaci¨®n laboral que existe entre los trabajadores de una ONG, que, aunque no tiene una actividad productiva, se consideran empresas a los efectos de tener un personal contratado.

El abogado de HB Kepa Landa afirma que la coalici¨®n "debe ser tratada como lo ser¨ªa una ONG, o cualquier partido pol¨ªtico que tiene contratada gente para sus sedes o actividades".

Mientras, el portavoz de Justicia del PP, Andr¨¦s Ollero, se?al¨® que el derecho "tiene una l¨®gica peculiar que no siempre coincide con el sentido com¨²n", pero confi¨® en el recurso contra la sentencia. A su juicio, "cada vez queda m¨¢s claro que para muchas personas su colaboraci¨®n con el terrorismo no consiste en una actividad propiamente pol¨ªtica sino en un modus vivendi".

Desde el PSOE, la diputada Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega calific¨® de "repugnante" la sentencia, y de "francamente sorprendentes" sus argumentos jur¨ªdicos. Sin embargo, el diputado de IU Felipe Alcaraz considera que el fallo demuestra "la grandeza del Estado de derecho".