La doble condena de la burocracia

Las puertas de la c¨¢rcel de Bangkok (Tailandia) se cerraron hace ahora cuatro a?os con un estruendo que Teresa Santaliestra, de 35 a?os, no olvidar¨¢ mientras viva. Fue condenada a cadena perpetua por posesi¨®n de dos kilos y medio de hero¨ªna. Gracias a un indulto del monarca tailand¨¦s, consigui¨® rebajar su pena y ahora Teresa s¨®lo tendr¨¢ que cumplir 40. Ella es uno de los 1.350 espa?oles presos en todo el mundo. La mayor¨ªa espera finalizar su condena en c¨¢rceles de Espa?a. As¨ª lo permiten los convenios bilaterales firmados con una veintena de pa¨ªses, que implican un acuerdo mutuo para repatriar a los condenados nacionales. Pero, a menudo, se convierten en papel mojado. El regreso de los presos se alarga, a?os incluso, porque se ponen trabas o porque se ignora la literalidad de lo acordado. En muchos casos, el pa¨ªs de acogida ni siquiera muestra voluntad pol¨ªtica para ratificar un acuerdo alcanzado por la diplomacia.

Teresa pidi¨® su traslado sabiendo que cumpl¨ªa los requisitos que exig¨ªa el convenio: estar condenada en sentencia firme. Ahora espera a que se le d¨¦ una fecha de regreso. Pero la letra impresa de los tratados no cubre siempre todo. "El convenio con Tailandia no dice nada de cu¨¢ndo han de volver los presos", explica su abogado, Eduardo Vicente, "lo que deja la decisi¨®n a las autoridades tailandesas". As¨ª, ¨¦stas imponen un m¨ªnimo de cuatro a?os de estancia en sus c¨¢rceles para que comience a tramitarse el expediente de repatriaci¨®n. Demasiado tiempo para salir ileso de penales de condici¨®n infrahumana, un problema que se repite en c¨¢rceles asi¨¢ticas, africanas y suramericanas.

La situaci¨®n de Francisco Galliot, de 50 a?os, como la de la mayor¨ªa de los 115 reclusos de Marruecos, es tambi¨¦n dram¨¢tica. En este pa¨ªs reside una de las mayores colonias de presos espa?oles de todo el mundo. A las condiciones de las c¨¢rceles se unen en muchos casos la enfermedad y una situaci¨®n econ¨®mica desesperada. Galliot padece del coraz¨®n y lleva marcapasos. De los 10 a?os de su condena ha cumplido tres. Pero le queda lo m¨¢s dif¨ªcil. Debe pagar una sanci¨®n administrativa impuesta por las autoridades marroqu¨ªes que asciende a 500.000 dirhams (7,5 millones de pesetas).

Es una multa que deja impracticable el convenio. "No hay que olvidar que los presos de Marruecos, en su mayor¨ªa condenados por narcotr¨¢fico, no son los que mueven las grandes cantidades de droga", explica el senador socialista Ignacio D¨ªez, quien mantiene una constante relaci¨®n con ellos a trav¨¦s de cartas. "He tenido la ocasi¨®n de conocer a sus familias y son trabajadores. Pagar estas multas supone para ellos un sacrificio".

La ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, viaj¨® el pasado 22 de junio a Marruecos, donde se entrevist¨® con su hom¨®logo, Omar Azziman, para buscar una salida al problema de los reclusos insolventes. "Su viaje cre¨® muchas expectativas", dice D¨ªez, "pero fue un fiasco. S¨®lo se lleg¨® al acuerdo de tratar caso por caso y no dio soluci¨®n a los m¨¢s urgentes".

No es la primera vez que las relaciones diplom¨¢ticas de alto nivel no obtienen resultado. El inter¨¦s mostrado en recientes visitas oficiales a Egipto por el Rey y por el presidente del Gobierno, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, tampoco ha servido para que Juan Jos¨¦ Gonz¨¢lez, un taxista de Vigo condenado a cadena perpetua por tr¨¢fico de estupefacientes y preso desde hace 11 a?os en la c¨¢rcel de El Kanater, sea indultado y se permita su repatriaci¨®n. En este tiempo ha hecho esfuerzos por insertarse, estudiando derecho y psicolog¨ªa a trav¨¦s de la UNED. Es la ¨²nica forma de mantener la esperanza, mientras Egipto antepone una y otra vez al convenio una ley interna que impide el traslado de extranjeros condenados por delitos de droga.

La primera potencia del mundo tambi¨¦n se salta los acuerdos. Estados Unidos olvida sistem¨¢ticamente a los reclusos espa?oles que solicitan su repatriaci¨®n y ello a pesar de que motu proprio solicit¨® la adhesi¨®n al convenio 112 de Estrasburgo, que rige para los pa¨ªses del Consejo de Europa. Para colmo, la Secretar¨ªa de Estado de Justicia declina su responsabilidad y remite la decisi¨®n sobre el traslado a los Estados, en muchos de los cuales est¨¢ vigente la pena capital.

En el caso de Joaqu¨ªn Ramos, de 28 a?os, -condenado en Argentina a cadena perpetua por su participaci¨®n en el asalto al cuartel de Tablada, en enero de 1989-, el acuerdo de los gobiernos se ha visto truncado por la propia justicia argentina. "Llevamos casi seis a?os con los tr¨¢mites para conseguir su traslado", asegura su madre, Marta Mora. Cuando en 1993 se le otorg¨® el permiso para su repatriaci¨®n, la justicia cuestion¨® la facultad del poder ejecutivo argentino para concederlo. "Adem¨¢s, opuso la doble nacionalidad de mi hijo, algo de lo que no habla el tratado", a?ade.

La Comisi¨®n de Derechos Humanos de la Organizaci¨®n de Estados Americanos determin¨® en diciembre del a?o pasado que en este caso Argentina hab¨ªa violado su Constituci¨®n, adem¨¢s del convenio con Espa?a. Las ¨²ltimas noticias de la madre de Joaqu¨ªn dicen que su regreso est¨¢ cerca. Para el resto de presos es cuesti¨®n de tiempo. Demasiado tiempo.