Por el consenso

Dir¨ªjase despacho al Ministro del Interior para que ordene el ingreso en prisi¨®n del ex ministro del Interior por actividades realizadas como tal. A Mayor Oreja se le encoger¨¢ el alma ante este comunicado, cuyo deber inexcusable es cumplir. Y no s¨®lo por el precedente, que habr¨¢ hecho temblar tambi¨¦n a todos los anteriores ministros del Interior, sino por el grav¨ªsimo problema que esa sentencia evidencia. Una vez m¨¢s tenemos que escuchar a Pujol: el juicio GAL no hubiera ocurrido en ning¨²n otro pa¨ªs y deb¨ªa haberse resuelto pol¨ªtica y no jur¨ªdicamente. ?C¨®mo hemos podido llegar a este terrible disparate que es sin duda tambi¨¦n una gran injusticia? Tienen raz¨®n los socialistas cuando acusan al PP de jugar con fuego. Las repetidas declaraciones del actual vicepresidente acusando de asesinato al anterior Gobierno -e incluso a su presidente- son de una irresponsabilidad pol¨ªtica nada usual. Desde su fracaso electoral en 1993 el PP acept¨® que no pod¨ªa ganar convenciendo al electorado y que deb¨ªa destruir al entonces partido del Gobierno. Mientras estuvo en la oposici¨®n la estrategia de ataque despiadado a los casos de corrupci¨®n del PSOE era inevitable; para eso est¨¢ la oposici¨®n. Pero un partido de Gobierno no puede actuar del mismo modo y la actitud del PP desde 1996, alentando directamente el enjuiciamiento de miembros del anterior Gobierno, a la caza del mismo ex presidente, es un disparate que muestra escaso talante democr¨¢tico y poca seriedad en el sentido del Estado, y que rompe con el pacto b¨¢sico de la democracia: la alternancia. La democracia se invent¨®, entre otras cosas, para que la alternancia no implicara el encarcelamiento o persecuci¨®n de los perdedores; ¨¦sa es su esencia. El PP, y s¨®lo el PP, es responsable de haber roto el consenso que presidi¨® la vida pol¨ªtica espa?ola desde 1977 transformando al contrincante en enemigo, que hoy se revuelve como tal. Lamentablemente, no ha actuado el PSOE con mejor tino. Pues quien asegura que s¨®lo asume responsabilidades pol¨ªticas cuando hay sentencia firme est¨¢ forzando a canalizar el enjuiciamiento pol¨ªtico por la v¨ªa judicial. Al actuar de este modo se puso la soga al cuello: bastaba con esperar a que el calendario judicial la apretara. Un camino que transita por las v¨ªas de la independencia judicial y sobre el que, por lo tanto, poco puede (y menos debe) hacer el Gobierno. Los socialistas pueden suponer o sospechar que si el Partido Popular no hubiera apretado las clavijas la sentencia habr¨ªa sido otra; pero eso no deja de ser una suposici¨®n. El hecho es que encajon¨® un delicad¨ªsimo problema pol¨ªtico por la ¨²nica v¨ªa por donde no era pol¨ªticamente controlable. Dig¨¢moslo claramente: si el PP no le ha facilitado la tarea al PSOE, tampoco ¨¦ste le ha facilitado la tarea a aqu¨¦l.Si hay o no pruebas para la sentencia condenatoria es cosa que corresponde apreciar al juzgador, no a un partido pol¨ªtico constitucional. Y calificar la sentencia de inicua e injusta - por no decir la brillante idea de enviar miles de militantes a las puertas de la prisi¨®n- es algo que no puede hacer un partido constitucional. Pues que no hay igualdad en la ilegalidad es doctrina firme de este y cualquier Tribunal Constitucional. De modo que, si reconducir las responsabilidades pol¨ªticas a una previa sentencia firme supon¨ªa devaluar el Parlamento, la actitud que ha venido adoptando desde que se conoci¨® la sentencia conduce al PSOE, m¨¢s all¨¢ del Parlamento y del Estado de derecho, al populismo plebiscitario. ?Ser¨¢ necesario recordar este verano como el equivalente a aquel verano de 1933 en que los socialistas decidieron salirse del marco de la legalidad republicana para arroparse en las masas?

Tienen raz¨®n los socialistas cuando aseguran que los espa?oles no habr¨ªan condenado a Barrionuevo; la prueba es que lo eligieron diputado. Pero no son los espa?oles, sino los tribunales quienes juzgan. Pero tambi¨¦n tiene raz¨®n el presidente del CGPJ cuando afirma que los espa?oles han recibido la sentencia con sensatez, pues ¨¦sas son las reglas del juego. Los espa?oles no hubieran deseado este juicio, pues saben que estas cuestiones no se pueden resolver en los tribunales. Pero una vez all¨ª encajonada les habr¨ªa asombrado otro resultado.

Iniciamos un periodo a?o electoral de extraordinaria importancia; elecciones vascas el 25 de octubre; para junio deben ser las auton¨®micas, municipales y europeas, un gran test; entre medias tendremos las catalanas y la crisis econ¨®mica refuerza el riesgo de anticipo de legislativas. Y el caso Marey no es sino el primer paso de un largo calvario de asuntos, a cual m¨¢s espeluznante. El conflicto actual debe ser superado en aras de un entendimiento entre los dos principales partidos nacionales. Los datos del CIS de julio son demoledores: aproximadamente, dos de cada tres electores desconf¨ªan de Aznar, de Almunia y de Borrell. Pero recobrar la confianza mutua y del electorado, que es tarea de todos, depende de la iniciativa del presidente del Gobierno. Para ello debe conceder el indulto ya. Y no sobrar¨ªa que hiciera una declaraci¨®n. (e.lamo@iuog.fog.es)