El Gobierno vasco reclama a Aznar el refer¨¦ndum para el enclave de Trevi?o

El presidente del Gobierno, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, recibir¨¢ de inmediato la solicitud de autorizaci¨®n acordada ayer por el Ejecutivo vasco para convocar el refer¨¦ndum que los dos ayuntamientos del Condado de Trevi?o pidieron en marzo pasado y que las autoridades castellano-leonesas rechazaron. El Gobierno vasco quiere ejercer las previsiones de su Estatuto y se acoge para ello a una sentencia del Tribunal Constitucional de 1986. El fallo se?alaba que los procedimientos de segregaci¨®n y agregaci¨®n son distintos y complementarios.

El Gobierno vasco decidi¨® ayer colocar en manos del presidente del Gobierno, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, la decisi¨®n de autorizar o no la convocatoria del refer¨¦ndum para los dos ayuntamientos de Trevi?o, un enclave bajo administraci¨®n de Burgos dentro de territorio alav¨¦s. El frenazo dado a la petici¨®n de los dos municipios en marzo pasado por el PP y las instituciones gobernadas por ese partido en Castilla y Le¨®n no es, en la interpretaci¨®n que el Gobierno vasco apoya en una sentencia del Tribunal Constitucional, obst¨¢culo para seguir la tramitaci¨®n prevista en el Estatuto vasco. La sentencia en cuesti¨®n es la 99/1986 de 11 de julio, que reconoc¨ªa como procesos distintos y complementarios los de segregaci¨®n y agregaci¨®n.Este asunto puede convertirse en un banco de pruebas para la voluntad del gobierno y el PP en la actual situaci¨®n del Pa¨ªs Vasco, toda vez que se trata de un asunto "virgen", en el sentido de que no ha registrado ninguna intervenci¨®n fuera de lo estrictamente institucional y en la que los municipios del enclave han expresado su voluntad de iniciar el proceso de desanexi¨®n de Burgos para integrarse en la comunidad vasca, de cuya capital distan s¨®lo 15 kil¨®metros.

La celebraci¨®n de la consulta, prevista en los estatutos de Autonom¨ªa de ambas comunidades, fue pedida por los dos ayuntamientos del Condado (Trevi?o y La Puebla de Arganz¨®n), y frenada por la Diputaci¨®n de Burgos y la Junta de Castilla y Le¨®n. Ambas instituciones, gobernadas por los populares, se negaron a darle luz verde, ejerciendo as¨ª el derecho de veto sobre el resto del procedimiento que les otorga su legislaci¨®n auton¨®mica.

Los pasos previstos por los dos estatutos de autonom¨ªa son diferentes. El vasco exige la solicitud de la mayor¨ªa de los ayuntamientos interesados, la audiencia a la comunidad o provincia a la que pertenecen los municipios a agregar, la aprobaci¨®n en refer¨¦ndum por los habitantes del territorio en cuesti¨®n, la ratificaci¨®n del Parlamento vasco y la aprobaci¨®n de las Cortes, esta ¨²ltima mediante ley org¨¢nica.

El de Castilla y Le¨®n exige que los ayuntamientos soliciten, con una mayor¨ªa de dos tercios, su segregaci¨®n, que la provincia a la que pertenezcan informe favorablemente, el refrendo de los habitantes del territorio y la aprobaci¨®n por las cortes generales mediante ley org¨¢nica. Las previsiones de ambos estatutos, con el mismo rango legal s¨®lo coinciden en el primero y en el ¨²ltimo paso.

Derecho a veto

Mientras el procedimiento vasco no pone en manos de ninguna instituci¨®n la posibilidad de vetar o interrumpir el proceso una vez abierto por los ayuntamientos, el estatuto castellano leon¨¦s s¨ª deposita en manos de la diputaci¨®n provincial de Burgos un poder de veto que ya ha sido ejercido. El pasado mes de marzo, tras la solicitud de los dos ayuntamientos concernidos, con la mayor¨ªa de dos tercios exigida por la ley castellano leonesa, esa instituci¨®n emiti¨® un informe desfavorable que impide progresar al procedimiento de segregaci¨®n. Este hecho provoc¨® la dimisi¨®n del alcalde, perteneciente al PP, y de los tres concejales populares del ayuntamiento de Trevi?o, sin que el partido haya conseguido sustituirlos hasta ahora.El 7 de julio, el Gobierno vasco decidi¨® en consejo, siguiendo un mandato del Parlamento auton¨®mico del pasado mes de junio, poner en marcha lo que el estatuto de Gernika establece para la agregaci¨®n. El acuerdo parlamentario, aprobado con los votos de PNV, EA, IU y HB, indic¨® al Ejecutivo de Ardanza que la soluci¨®n "al contencioso de Trevi?o debe tener como ¨²nico l¨ªmite el respeto a la voluntad de los trevi?eses".

El Gobierno de Ardanza ha cumplido ya el tr¨¢mite de dar audiencia a Burgos, cuya diputaci¨®n se limit¨® a enviar en julio el mismo informe de marzo, oponi¨¦ndose a la segregaci¨®n, pero no realiz¨® alegaciones espec¨ªficas al actual tr¨¢mite de audiencia.