Ante la evidencia, niega

La lectura del art¨ªculo de Luis Mart¨ªnez Noval, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, titulado Pero, ?hay competencia en el mercado el¨¦ctrico?, me record¨® el chascarrillo habitual que se cuenta de que aquel sujeto que, ayuno de criterio y falto de principios, sale de todas las dificultades negando lo evidente. Siempre hemos o¨ªdo hablar de esos individuos pillados en clamorosa falta que niegan lo que para todos los dem¨¢s constituye una evidencia f¨ªsica y palpable.Indica Mart¨ªnez Noval al principio de su art¨ªculo que "no merece la pena perder espacio comparando el marco estable anterior con el nuevo protocolo, ni la vieja LOSEN con la nueva Ley del Sector El¨¦ctrico". A mi juicio, resulta imprescindible detenerse a analizar la contraposici¨®n de los modelos que ambos textos legales consagran. Para empezar, la "vieja LOSEN" fue aprobada por las Cortes el 30 de diciembre de 1994. Cabe suponerle, por tanto, la virtud de compendiar todo el saber, de resumir la puesta al d¨ªa del pensamiento socialista despu¨¦s de la experiencia de 12 a?os de gobierno.

La LOSEN articulaba el sector el¨¦ctrico en torno a un sistema integrado y un sistema independiente. El sistema integrado era aquel que se planificaba conjuntamente, se explotaba unificadamente, la energ¨ªa en ¨¦l generada "se integraba econ¨®micamente" y la tarifa era ¨²nica. No se pierdan la definici¨®n de "explotaci¨®n unificada que da el art¨ªculo 31: "La explotaci¨®n unificada del sistema el¨¦ctrico es un servicio p¨²blico esencial de titularidad estatal que tiene por objeto la optimizaci¨®n del conjunto de actividades de producci¨®n y transporte realizados en el ¨¢mbito del sistema integrado". El sistema independiente, por su parte, quedaba sometido a la autorizaci¨®n potestativa de la Administraci¨®n General del Estado, condicionada a su vez por los criterios de la planificaci¨®n y por su eventual incidencia en el funcionamiento del sistema integrado.

Como ven ustedes, no falta de nada: planificaci¨®n, el Estado optimizando las actividades empresariales, todo ello aderezado con alg¨²n arcano como "la integraci¨®n econ¨®mica de la energ¨ªa". La ignota apertura del sistema independiente, pasada por la piedra de la planificaci¨®n y condicionada a la evaluaci¨®n de sus efectos sobre el sistema integrado. Siempre he pensado que toda nueva inversi¨®n afecta al tejido productivo existente. Es la esencia de la competencia y del progreso t¨¦cnico y econ¨®mico. Dif¨ªcil me resulta imaginar que se deduzca alg¨²n progreso de un proceso inversor condicionado a la voluntad del funcionario y a que no afecte a lo que ya existe. Ser¨¢ "progresista", pero no me cabe duda de que inhibir¨¢ el progreso, incrementar¨¢ la burocracia y har¨¢ recaer sobre la Administraci¨®n la responsabilidad de decidir sobre inversiones billonarias, ejercida con una mano mientras que con la otra optimiza, de paso, el funcionamiento de los grupos de generaci¨®n. Estas responsabilidades administrativas siempre se han saldado en los hombros de los sufridos consumidores.

La Ley del Sector El¨¦ctrico de 27 de noviembre de 1997 establece que "la producci¨®n de energ¨ªa el¨¦ctrica se desarrolla en un r¨¦gimen de libre competencia basado en un sistema de ofertas de energ¨ªa el¨¦ctrica realizadas por los productores y un sistema de demandas formulado por los consumidores que ostenten la condici¨®n de cualificados, los distribuidores y los comercializadores". La nueva ley consagra el principio de libertad de establecimiento, devolviendo a las empresas el protagonismo en la asunci¨®n de riesgo que toda decisi¨®n de invertir comporta. La ley establece el derecho de todos los consumidores a elegir sumistrador, crea las sociedades comercializadoras y fija las l¨ªneas principales de un imprescindible periodo transitorio para transferir a los agentes econ¨®micos la responsabilidad de sus actos. Primera evidencia, en fin: hay notables diferencias entre ambas leyes: las suficientes como para poder decir que, si hay competencia, ser¨¢ porque el nuevo marco legal permite, alienta y regula la competencia. Si hay competencia, ser¨¢ porque ha quedado felizmente derogada la ley impulsada por la Administraci¨®n socialista.

Una segunda evidencia es que entre 1983 y 1996 (ambos inclusive) no se produjo ninguna bajada de la tarifa el¨¦ctrica. En 1997 la tarifa baj¨® un 3% y en 1998 un 3,63%. Es decir, que los sucesivos Gobiernos socialistas no supieron, no pudieron o no quisieron bajar la tarifa. Este Gobierno ha tenido la voluntad de hacerlo, lo ha hecho y lo va a seguir haciendo al menos durante los pr¨®ximos tres a?os. Estas bajadas han sido posibles gracias a la aprobaci¨®n de la Ley del Sector El¨¦ctrico, que suprimi¨® el marco legal y estable, y, en segundo lugar, gracias al Protocolo que permiti¨® adelantar a 1997 los efectos beneficiosos que el nuevo mercado de generaci¨®n el¨¦ctrica iba a suponer.

Cuando a finales de 1996 se firm¨® el Protocolo, se estimaba que el coste de la generaci¨®n de dicho ejercicio iba a situarse en torno a 8,50 pta/kwh. Igualmente se supon¨ªa que el mercado competitivo en generaci¨®n iba a dar como resultado un precio en torno a 6 pta/kwh a partir del 1 de enero de 1998. Esta rebaja de 2,50 pta/kwh, supon¨ªa una te¨®rica rebaja del 17,8% sobre un coste total (generaci¨®n+ transporte+distribuci¨®n+externalidades) de 14 pta/kwh, concentrada en un ¨²nico ejercicio.Este Gobierno acord¨® con las empresas el¨¦ctricas repartir dicha reducci¨®n entre rebajas de tarifas, incrementos de retribuci¨®n en distribuci¨®n, transporte y r¨¦gimen especial y abono de los denominados costes de transici¨®n a la competencia (CTC). La rebaja de tarifas, a su vez, se escalona a lo largo de cinco a?os. En resumen, este Gobierno tom¨® la decisi¨®n de elevar a las Cortes un proyecto de ley que suprim¨ªa el "marco legal estable" aprobado por el Gobierno socialista y tuvo adem¨¢s la habilidad de adelantar sus efectos beneficiosos y extenderlos a lo largo de cinco a?os. Por eso el Protocolo fij¨® rebajas de tarifas para el periodo 1997-2001, fij¨® la posibilidad de incrementarlas en funci¨®n de la evoluci¨®n de los tipos de inter¨¦s y de la demanda y, por ¨²ltimo, defini¨® los CTC como variables de ajuste cuyo importe a recuperar anual era en funci¨®n de la evoluci¨®n de las dem¨¢s variables. Es decir, por primera vez se garantizaron rebajas de tarifa y no retribuci¨®n a las inversiones de las compa?¨ªas el¨¦ctricas, filosof¨ªa radicalmente contraria a la vigente hasta entonces.

Pasando a otro tema, el se?or Mart¨ªnez Noval afirma que el mercado de la electricidad es una pura ficci¨®n literaria. ?Hombre!, literaria es, puesto que la prensa econ¨®mica publica resultados diariamente. En cuanto a lo de ficci¨®n, no me parece que decidir el destino de algo m¨¢s de un bill¨®n de pesetas al a?o pueda calificarse como tal. Por supuesto, hay que incrementar el n¨²mero de oferentes y demandantes, y en ello estamos. La nueva ley otorga al Gobierno la capacidad de regular el proceso de apertura del mercado a lo largo de 10 a?os. El pr¨®ximo paso es llegar con car¨¢cter inmediato a no menos de 2.000 demandantes de energ¨ªa el¨¦ctrica con capacidad de elegir, y antes de 1999 procuraremos que se superen los 8.000. Pero, a nuestro juicio, es esencial que los mecanismos t¨¦cnicos de las seis subastas (una en el mercado diario y cinco en el intradiario) que se realizan diariamente funcionen a la perfecci¨®n y que la regulaci¨®n de todo el suministro de electricidad se desarrolle con seguridad absoluta. Hemos iniciado un camino por el que hay que avanzar aceleradamente pero sin permitirnos un solo fallo.

A estas alturas, debo confesarles que me siento un tanto rid¨ªculo discutiendo de liberalizaci¨®n con el se?or Mart¨ªnez Noval. Si me permiten una disgresi¨®n, les contar¨¦ que este verano tuve oportunidad de leer un estudio sobre la persecuci¨®n de los jud¨ªos por la Inquisici¨®n, cuyo autor es el profesor Netanyahu, padre del actual primer ministro israel¨ª. Pues bien, una de las formas habituales que la Inquisici¨®n utilizaba para comprobar la autenticidad de las conversiones era obligar al interfecto a comer cerdo durante 100 d¨ªas seguidos. En fin, no s¨¦ si el se?or Mart¨ªnez Noval es un inquisidor que quiere obligar a comer cerdo a un enamorado del porcino ib¨¦rico, un converso aut¨¦ntico presumiendo de sus cien d¨ªas de prueba o un falso converso, un marrano (as¨ª se llamaron los conversos que volvieron al juda¨ªsmo) en potencia, que con tal de salir del paso es capaz de cualquier cosa. Digo esto con el m¨¢ximo respeto por cualquier religi¨®n, creencia o ideolog¨ªa, pero no me encuentro debatiendo sobre si el grado de liberalizaci¨®n es suficiente con quien, cuando tuvo la oportunidad, reneg¨® del mercado y apost¨® por la planificaci¨®n y cuando tuvo ocasi¨®n no concedi¨® la capacidad de elegir suministrador a consumidor alguno.

Me resta hablar de los costes de transici¨®n a la competencia. Tres apuntes. Primero: su importe global se calcul¨® recortando en un 32,5% los ingresos esperados por el sector de acuerdo con el "marco legal y estable" socialista. Segundo apunte: se?ala el se?or Mart¨ªnez Noval en su alegato que "Piqu¨¦ no puede olvidar que el Congreso no reconoci¨® derecho alguno a los beneficiarios de los CTC". Me limitar¨¦ a la lectura de la Disposici¨®n transitoria sexta de la ley: "Se reconoce la existencia de unos costes de transici¨®n al r¨¦gimen de mercado competitivo... de las sociedades titulares de instalaciones" incluidas en el marco legal y estable.

M¨¢s a¨²n: "Se reconoce... la percepci¨®n de una retribuci¨®n fija... que se calcular¨¢... como la diferencia entre los ingresos medios obtenidos por estas empresas a trav¨¦s de la tarifa el¨¦ctrica y la retribuci¨®n reconocida para la producci¨®n".

En resumen, el texto de la ley guarda un delicado equilibrio entre el reconocimiento de unos costes de transici¨®n, el reconocimiento de la percepci¨®n de una retribuci¨®n espec¨ªfica para atenderlos y el hecho de que el importe de esta retribuci¨®n dependa de la evoluci¨®n de las tarifas. Como ya he se?alado, el sistema garantiza bajadas de tarifas y subordina a ¨¦stas el ritmo de percepci¨®n por las empresas de la retribuci¨®n inherente a los costes de transici¨®n.

Tercer apunte: el sistema descrito no es fruto directo del debate parlamentario. El Protocolo firmado en diciembre de 1996 y el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros del d¨ªa 23 de mayo de 1997 ya recogen el c¨¢lculo por diferencias de los TCT y, por tanto, su subordinaci¨®n a la evoluci¨®n de las tarifas.

Termino ya. Es evidente que entre la LOSEN de 1994 y la Ley del Sector El¨¦ctrico de 1997 hay una diferencia abismal. Es evidente que el actual Gobierno ha bajado las tarifas dos a?os seguidos y que los Gobiernos socialistas no lo hicieron a lo largo de los 14 a?os que tuvieron esa responsabilidad. Es evidente que el funcionamiento de los grupos de generaci¨®n el¨¦ctrica y el coste de la misma se decide a trav¨¦s de una subasta competitiva y antes se decid¨ªa en los despachos. Es evidente, en fin, que el se?or Mart¨ªnez Noval entiende con dificultad los planteamientos de la liberalizaci¨®n el¨¦ctrica. Estas dificultades de comprensi¨®n y su ansiedad por abrirse un hueco personal en el panorama opositor, que lleva tiempo adquirir, le han llevado a negar lo evidente.