La mujer en Espa?a y el coste cero

La Constituci¨®n espa?ola s¨®lo menciona a la mujer, espec¨ªficamente, en dos ocasiones. Una, en el art¨ªculo 32, para afirmar la igualdad jur¨ªdica del matrimonio. Otra, en el art¨ªculo 39, para proteger la maternidad. Deber¨ªamos estar orgullosos de una Constituci¨®n que reconoce que, en Espa?a, no hay hombres o mujeres como sujetos de derechos y deberes, sino, sencillamente, ciudadanos. Es m¨¢s, en el art¨ªculo 14 afirma la igualdad fundamental de los ciudadanos espa?oles ante la ley, "sin que pueda prevalecer discriminaci¨®n alguna por raz¨®n de nacimiento, raza, sexo, religi¨®n, opini¨®n o cualquier otra condici¨®n o circunstancia personal o social".Las ¨²ltimas d¨¦cadas del siglo XX est¨¢n siendo a?os claves para la igualdad de oportunidades de la mujer, muy especialmente en Espa?a. Sin embargo, una cosa es el esp¨ªritu de la ley, e incluso su propia letra, y otra muy distinta su aplicaci¨®n concreta. Es cierto que existe un amplio consenso pol¨ªtico respecto a la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres. Pero tambi¨¦n lo es que, en la pr¨¢ctica, persisten las dificultades y obst¨¢culos que la impiden de hecho.

A punto de cruzar la frontera del siglo XXI, ha llegado la hora de dejar a un lado la ret¨®rica de las declaraciones y centrarse decididamente en los hechos. En Espa?a no hay ni puede haber otra cosa que ciudadanos, con los mismos derechos, con los mismos deberes y con las mismas oportunidades.

Ser mujer, por el mero hecho de serlo, no puede significar una carga, un obst¨¢culo, una barrera o un d¨¦ficit. Este Gobierno no pretende competir en el terreno de la oratoria o de la estrategia electoral con quienes nos tienen acostumbrados a altisonantes declaraciones. Lo que este Gobierno quiere hacer y est¨¢ haciendo es detectar los problemas que impiden la igualdad real de oportunidades y proponer medidas espec¨ªficas para resolverlos.

Una mujer discriminada por el hecho de ser mujer no es meramente un dato estad¨ªstico, sino un incumplimiento constitucional, un disparate cultural y un atentado a los derechos fundamentales. Puede ponerse el grito en el cielo, pero es preferible poner las cosas en su sitio. Para hacer posible la igualdad de oportunidades del hombre y de la mujer es imprescindible hacerla efectiva en el mercado de trabajo.

El Gobierno acaba de aprobar un real decreto-ley, convalidado por la totalidad de los votos de los diputados asistentes a la sesi¨®n parlamentaria correspondiente, por el que se regulan las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social de los contratos de interinidad que se celebren con personas desempleadas para sustituir a trabajadores durante los periodos de descanso por maternidad, adopci¨®n y acogimiento. Es lo que se ha dado en llamar el coste cero. Con esta medida, a la que hay que sumar otras que se han adoptado y que se adoptar¨¢n en un pr¨®ximo futuro, el Gobierno de centro reformista pasa del dicho al hecho.

Uno de los problemas principales que sufre el mercado de trabajo espa?ol es la inferior participaci¨®n de las mujeres en la poblaci¨®n ocupada y una persistente feminizaci¨®n del paro. Si es cierto que el crecimiento de la poblaci¨®n activa en los ¨²ltimos 20 a?os se debe en un 80% a la incorporaci¨®n de 1a mujer al mercado laboral, no es menos cierto que en esos a?os, si bien hay un mill¨®n m¨¢s de mujeres ocupadas, han crecido asimismo las mujeres paradas.

Adem¨¢s de otros obst¨¢culos, no cabe duda de que una de las mayores dificultades que tienen las mujeres para acceder a un puesto de trabajo consiste en el prejuicio social respecto a la contrataci¨®n de mujeres con expectativas de maternidad. Es injusto y absurdo, pero es cierto. Es injusto porque la maternidad es un derecho y porque el absentismo laboral femenino -vieja excusa injustificada- es menor que el de los hombres. En un pa¨ªs que tiene la tasa de natalidad m¨¢s baja de la Uni¨®n Europea y una de las m¨¢s bajas del mundo, adem¨¢s de injusto es absurdo.

El coste cero es una medida que pretende eliminar, en la pr¨¢ctica, la discriminaci¨®n existente en la contrataci¨®n de mujeres mediante la desaparici¨®n total de los costes que para las empresas ha significado hasta ahora la contrataci¨®n de personas en sustituci¨®n de las mujeres durante sus permisos legales de maternidad, adopci¨®n y acogimiento. Es decir, a partir de ahora, el prejuicio empresarial y social que ha retra¨ªdo la contrataci¨®n de la mujer carece de justificaci¨®n Es m¨¢s, a partir de ahora, va a ser m¨¢s rentable para una empresa contratar a una mujer.

Hasta ahora, las empresas que decid¨ªan sustituir a una mujer en raz¨®n de su permiso legal de maternidad ten¨ªan que soportar un doble coste en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, ya que pagaban ¨ªntegramente las cotizaciones correspondientes a la persona sustituida y tambi¨¦n las correspondientes a la persona contratada en su sustituci¨®n. Las empresas, a partir de ahora, disminuir¨¢n sus costes medios en cerca de 200.000 pesetas por contrato de esta modalidad. De este modo, adem¨¢s, se garantiza la libertad y el derecho de la mujer a ser madre y a desarrollar una actividad laboral.

Esta medida posibilita que la decisi¨®n de los trabajadores y trabajadoras de ser padres no afecte al funcionamiento y al coste de las empresas e incentive la utilizaci¨®n del permiso de maternidad por parte de los hombres al facilitar su sustituci¨®n en igualdad de condiciones que la mujer.

Si es cierto que la legislaci¨®n vigente hace posible que el padre opte por disfrutar cuatro de las 16 semanas en concepto de paternidad, el n¨²mero de padres que lo demandan no llega al 2% de los afectados. Esta medida, pues, contribuye a una mejor conciliaci¨®n de la vida familiar y la vida laboral.

Con ello, el Gobierno responde a sus compromisos expresos en el III Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y los contenidos en el Plan de Acci¨®n para el Empleo del Reino de Espa?a de 1998 con el objetivo de combatir la discriminaci¨®n todav¨ªa existente entre hombres y mujeres en el mundo laboral.

Adem¨¢s, el Gobierno manifiesta as¨ª su voluntad de desarrollar una pol¨ªtica social fundamentada en el mayor grado de consenso posible de todas las fuerzas pol¨ªticas y sociales. Esta medida, un hito hist¨®rico en nuestro pa¨ªs, no s¨®lo cuenta con el consenso y el respaldo de las organizaciones empresariales y sindicales, sino que viene a dar cumplimiento a las resoluciones del debate del estado de la naci¨®n celebrado este a?o y a otras iniciativas parlamentarias.

Esta medida, adem¨¢s de beneficiar globalmente a todas las mujeres espa?olas, y en especial a las mujeres trabajadoras, lo har¨¢ de manera directa y concreta a 40.000 personas desempleadas que ser¨¢n previsiblemente contratadas en sustituci¨®n de los trabajadores afectados por los permisos legales de maternidad, adopci¨®n o acogimiento.

Igualmente beneficiar¨¢ a los trabajadores incentivando el uso de su derecho al disfrute del permiso de maternidad. Y beneficia asimismo al conjunto de la sociedad fomentando la protecci¨®n social de la maternidad y el apoyo a las familias espa?olas.

La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es una aspiraci¨®n de la mayor¨ªa de la sociedad espa?ola. Pero de lo que se trata, a punto de traspasar la barrera del siglo XXI, es de hacerla real y eficazmente posible. El coste cero es un paso importante en esa direcci¨®n.