Agencia desordenada
EL DESORDEN se adue?a lentamente de la Agencia Tributaria, la instituci¨®n que debe velar por los impuestos de los ciudadanos y evitar que el fraude fiscal se convierta en norma. En su comparecencia del pasado martes ante la Comisi¨®n de Hacienda del Congreso, el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, result¨® severamente desautorizado por la oposici¨®n debido a las confusas cifras de liquidaci¨®n de deuda tributaria que viene ofreciendo a la C¨¢mara.Las acusaciones de los subinspectores fiscales, lanzadas en una conferencia de prensa posterior, seg¨²n las cuales el secretario de Estado estar¨ªa inflando artificialmente las cifras de deuda tributa instruida y, por a?adidura, ocultando la huelga de celo continuada de los subinspectores, abundan en los temores expresados por los partidos parlamentarios. Con los subinspectores trabajando a reglamento, la deuda tributaria descubierta cayendo y el riesgo de perder 260.000 millones de pesetas de recaudaci¨®n a causa del desbarajuste organizativo no se entiende la pasividad del Ministerio de Econom¨ªa, que no parece afrontar el problema con la debida decisi¨®n, ni los enfados del secretario de Estado, yendo desde su estrado de compareciente a las sillas de los diputados para entregar fotocopias presuntamente aclaratorias, en revancha infantil por los datos que la oposici¨®n present¨® para refutar las cifras oficiales.
Las acusaciones de la Asociaci¨®n de Subinspectores son tan graves y la preocupaci¨®n de los partidos pol¨ªticos, incluidos los socios del Gobierno, tan acusada, que el vicepresidente del Gobierno deber¨ªa actuar con rapidez y claridad. Rodrigo Rato deber¨ªa aclarar a la opini¨®n p¨²blica si es cierto que el desorden interno de la agencia (plasmado en la huelga del 50% de los subinspectores), las inspecciones inadecuadas, la ausencia de planes de actuaci¨®n y la falta de objetivos puede provocar una p¨¦rdida de 260.000 millones de recaudaci¨®n este a?o.
Cuando Costa acus¨® al Gobierno anterior de haber practicado una amnist¨ªa fiscal encubierta -que no se pudo demostrar-, que habr¨ªa costado a la Hacienda p¨²blica m¨¢s de 200.000 millones, el Ejecutivo no tuvo empacho en airear la supuesta responsabilidad de los antiguos gestores de la agencia y del Gobierno. Pues bien, ahora son el vicepresidente y su secretario de Estado quienes est¨¢n obligados a rendir cuentas ante la opini¨®n p¨²blica. Deber¨ªan explicar por qu¨¦ los subinspectores est¨¢n en huelga de celo, por qu¨¦ no se ha negociado con ellos una soluci¨®n al conflicto que plantean y c¨®mo se va a restablecer el funcionamiento normal de la instituci¨®n.
Se conoce al menos una versi¨®n del problema; el Gobierno no puede mirar para otro lado y esperar a que se resuelva solo. Deber¨ªa aceptar la ayuda pol¨ªtica que le ofrecen sus socios catalanes y vascos y enfrentarse con la situaci¨®n.
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