Colombia: el derecho a la paz

Los primitivos contractualistas sol¨ªan hablar del tr¨¢nsito del estado de naturaleza al estado civil. S¨®lo algunos imaginaron la posibilidad de un camino inverso en el que una sociedad retrocede desde el estado civil al estado de naturaleza. Lo primero era una ingeniosa construcci¨®n intelectual; lo segundo ha sido, a veces, una realidad. Si Hobbes visitara hoy alguna de nuestras sociedades, podr¨ªa ilustrar con nuevos ejemplos su Leviat¨¢n y especialmente el cap¨ªtulo XXIX dedicado a las "causas internas que debilitan o tienden a la desintegraci¨®n de un Estado". La realidad ha superado la ficci¨®n y la experiencia de nuestros d¨ªas muestra hasta qu¨¦ punto, cuando falla el Estado, la vida se vuelve "solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta". Ejemplos ni han faltado hist¨®ricamente ni nos faltan hoy en d¨ªa. En alg¨²n caso felizmente, como en el de Colombia, parece vislumbrarse ya la salida que haga real y efectivo su derecho a la paz.Colombia lleva medio siglo, 50 a?os sin interrupci¨®n, de violencia y muerte por causas pol¨ªticas internas. Es dif¨ªcil encontrar un caso similar. Primero fue la guerra civil entre liberales y conservadores; despu¨¦s la aparici¨®n del fen¨®meno de la guerrilla; m¨¢s tarde el narcotr¨¢fico, y, finalmente, los paramilitares. El resultado es la p¨¦rdida por el Estado del monopolio del uso de la fuerza. La guerrilla ha terminado hoy por ejercer un significativo grado de influencia en el 57% del territorio nacional (seg¨²n el Informe del Departamento de Estado, febrero de 1998); un territorio que, por otra parte, le disputan los grupos paramilitares. Guerrilla y paramilitares se presentan, pues, como Estados alternativos, una forma ¨¢gil y expeditiva de "hacer justicia".

Es cierto que, lamentablemente, a veces los Estados, incluso los Estados de derecho, son poco respetuosos con los derechos. Pero no es menos cierto que la ausencia del Estado significa siempre la violaci¨®n patente y a gran escala de los derechos humanos. Es lo que ha ocurrido en algunas zonas de Colombia. Y si ayer fueron las Fuerzas Armadas las causantes de tales violaciones, hoy son fundamentalmente, y por este orden, los paramilitares y los grupos guerrilleros los que exhiben su ferocidad y nulo respeto por los derechos de una poblaci¨®n reh¨¦n de todos los grupos armados y a la que somete a toda clase de masacres y desplazamientos forzados. Desde 1970 hasta la fecha se han producido en Colombia, adem¨¢s de la violencia que podr¨ªamos llamar com¨²n, m¨¢s de veinticinco mil asesinatos pol¨ªticos y ejecuciones extrajudiciales a los que hay que a?adir los miles de desaparecidos, secuestrados, torturados o los fallecidos en acciones b¨¦licas. Como siempre suele ocurrir en este tipo de situaciones, no son los contendientes sino la poblaci¨®n civil la que lleva la peor parte.

Un "velo de impunidad", a decir del Comit¨¦ Interamericano de Derechos Humanos, ha cubierto tradicionalmente este tipo de violaciones. Hay un nivel de delincuencia relativamente "digerible" por nuestras sociedades. Pero cuando las conductas delictivas se generalizan como ha ocurrido en Colombia, con un nivel de delincuencia tres veces superior al de Brasil y diez veces mayor que el de los EEUU, la capacidad de respuesta del aparato judicial queda desbordada y garantizada la impunidad. A ese punto ya se ha llegado: la anterior Administraci¨®n reconoci¨® que m¨¢s del 95% de los delitos quedan impunes. Ha sido este nivel de impunidad de las violaciones de los derechos humanos lo que indujo al Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas a recordar a las autoridades colombianas "la necesidad de todo Estado democr¨¢tico de ejercer un monopolio del uso de la fuerza".

Sobre este sombr¨ªo panorama, en Colombia se vuelve a hablar felizmente de paz. El causante de los bajos est¨¢ndares de protecci¨®n de los derechos humanos es el estado de guerra que se padece. Toda guerra prolongada y sin reglas termina por pervertir y destrozar los Estados de derecho: inter arma, silent leges. Lo mismo ocurre con los derechos y por eso la paz es el presupuesto necesario para el reconocimiento y la efectiva protecci¨®n de los mismos. No va a ser f¨¢cil la paz despu¨¦s de tanta sangre y destrucci¨®n. Sin embargo, nunca la presi¨®n ciudadana y el compromiso del Gobierno con la paz han sido tan fuertes como ahora. Es una gran oportunidad para Colombia que merece el apoyo decidido de la comunidad internacional.

Pero tambi¨¦n es el momento de recordar las palabras de Norberto Bobbio: si la paz es la condici¨®n sine qua non de una eficaz protecci¨®n de los derechos del hombre, es la propia protecci¨®n de estos derechos la que favorece de hecho la paz. La agenda de la paz tiene que incluir, pues, la garant¨ªa de los derechos humanos. Por eso frente a quienes sugieren centrarse en las negociaciones de paz y dejar para un momento posterior el problema de las reformas que Colombia precisa para garantizar el respeto de los derechos humanos, las Naciones Unidas y la propia opini¨®n p¨²blica colombiana m¨¢s consciente insisten con toda raz¨®n que se trata de dos din¨¢micas que, lejos de oponerse, se complementan, pues "es a trav¨¦s de los derechos como se alcanza la paz".

Y aqu¨ª las esperanzas tienen que depositarse fundamentalmente en las instituciones. Los derechos humanos no son algo que hasta ahora haya interesado gran cosa ni a las guerrillas ni a los paramilitares. A estos grupos lo ¨²nico que parece interesarles en este punto es negociar la impunidad mediante una amnist¨ªa tan generosa que pueda cubrir los "delitos atroces", incluidos los m¨¢s graves atentados cometidos contra el Derecho Internacional Humanitario; pretensi¨®n que ya ha obligado al propio fiscal general de la naci¨®n, Alonso G¨®mez M¨¦ndez, en carta al presidente doctor Pastrana (11 de septiembre de 1998), a recordar que "el precio de la paz no puede ser la impunidad ni el desconocimiento de la autonom¨ªa del poder judicial ni la demolici¨®n del orden jur¨ªdico"; que la paz tiene siempre un precio, pero no cualquier precio. Es la nueva Administraci¨®n, apoyada por una opini¨®n p¨²blica ya muy sensible, la que tendr¨¢ que tomar la bandera de los derechos humanos.

El presidente de Colombia, al encomendar a su vicepresidente la Consejer¨ªa para los Derechos Humanos, sit¨²a a ¨¦stos, al menos simb¨®licamente, en lugar preeminente de su agenda. Pero tomarse en serio los derechos humanos supone ponerse al d¨ªa con toda una serie de recomendaciones dirigidas por Naciones Unidas a las autoridades colombianas. Son reformas que fortalecer¨¢n el Estado de derecho y que favorecer¨¢n significativamente al proceso de pacificaci¨®n.

Recordemos las m¨¢s importantes: la supresi¨®n de la justicia regional o "justicia sin rostro", la atribuci¨®n a la justicia ordinaria de todos los procesos por violaci¨®n de derechos humanos que sigue tramitando la justicia militar; la eliminaci¨®n de los servicios especiales de seguridad privada, la liquidaci¨®n del paramilitarismo, la protecci¨®n eficaz de las v¨ªctimas de las operaciones de "limpieza social", una pol¨ªtica m¨¢s firme ante el fen¨®meno de los desplazados forzados, una profunda reforma judicial y, por supuesto, aquellas medidas que conduzcan al m¨¢s escrupuloso respeto por todos los contendientes de las reglas del Derecho Internacional Humanitario.

Son ¨¦stas las m¨¢s urgentes medidas que vienen solicitando desde hace tiempo tanto Naciones Unidas y el Comit¨¦ Interamericano de Derechos Humanos como la opini¨®n p¨²blica colombiana. Son medidas que no necesariamente formar¨¢n parte de la negociaci¨®n, pero que tampoco deben esperar a la firma de la paz. Porque son la condici¨®n para recuperar plenamente el Estado de derecho en Colombia y para hacer efectivo ese nuevo derecho, innovadora aportaci¨®n de la Constituci¨®n colombiana, como es el derecho a la paz.