Un juicio envuelto en la pol¨¦mica

La incomparecencia por enfermedad de uno de los principales acusados, el abogado Jos¨¦ Manuel Mu?iz, quien recientemente sufri¨® una embolia cerebral, impidi¨® ayer el inicio de la vista oral del caso Intelhorce, que ha quedado aplazada hasta el martes. Todos los abogados defensores mostraron su queja por la resoluci¨®n de la sala, ya que consideran "clave" el testimonio de Mu?iz, para quien el fiscal solicita 32 a?os. Aqu¨¦l represent¨® al italiano Giovanni Orecifi en la compra de Intelhorce al Estado en 1989.Lo cierto es que el juicio empieza envuelto en pol¨¦mica. En caso de que se solventen las cuestiones preliminares -entre ellas la de causa ya juzgada, la prescripci¨®n de algunos delitos o la incompetencia del tribunal en favor de la Audiencia Nacional-, la sala podr¨ªa verse abocada a la suspensi¨®n del juicio por la enfermedad de Mu?iz. La fiscal¨ªa ha propuesto en el caso de que ¨¦ste no pueda comparecer que se archive provisionalmente la causa contra ¨¦l y se procese a los otros 38 imputados.

Intelhorce recibi¨® cuando se privatiz¨® una inyecci¨®n de capital p¨²blico de 5.869 millones. Seg¨²n la Intervenci¨®n General del Estado, entre agosto de 1989 y abril de 1992, periodo en el que fue gestionada por Orefici y Mu?iz, se desviaron 4.278 millones y se le hicieron perder otros 2.500 en operaciones con otras sociedades de Orecifi.

Esta trama es la que la Sala Tercera de la Audiencia Provincial de M¨¢laga tiene que juzgar en un proceso que cost¨® m¨¢s de tres a?os de investigaci¨®n al juez instructor, en un sumario que alcanza los 200.000 folios y que es el m¨¢s complejo instruido nunca por un juzgado malague?o. Adem¨¢s de la fiscal¨ªa, que imputa a 31 personas, en el proceso se han personado como acusaci¨®n cinco partes (una asociaci¨®n de ex trabajadores, UGT, CCOO, el Estado y la comisi¨®n liquidadora de Intelhorce).

El tribunal debe esclarecer en qu¨¦ condiciones se produjo la privatizaci¨®n y la trama de descapitalizaci¨®n. Seg¨²n los informes de la Intervenci¨®n del Estado, en 1.000 d¨ªas se produjo un "colapso absoluto" en la tesorer¨ªa de la f¨¢brica, que en 1992 volvi¨® a ser tutelada por el Estado. Uno de los acusados es Jos¨¦ Miguel Moreno, expresidente de Improasa, empresa estatal que negoci¨® la venta. La fiscal¨ªa sostiene que Moreno urdi¨® con Orefici y Mu?iz la venta a cambio de una comisi¨®n de 30 millones, por lo que est¨¢ acusado de delitos de fraude y cohecho que le pueden llevar ocho a?os a prisi¨®n.

En la acusaci¨®n figuran el ex director financiero de la firma Abel Arribas, empresarios y abogados que presuntamente prestaron facturas falsas, empleados de entidades financieras, tres ex dirigentes de UGT y dos ex directores de Patrimonio (Luis Alcaide y Miguel ?ngel Herrera).