La Audiencia dir¨¢ hoy si Espa?a es competente para juzgar las dictaduras de Chile y Argentina

"Este es un caso en que la humanidad se juega cosas muy importantes: no s¨®lo para perseguir a los genocidas, sino para que los genocidas no puedan existir". As¨ª se pronunci¨® ayer el abogado Carlos Slepoy, representante de la Asociaci¨®n Argentina de Derechos Humanos, en la vista de las apelaciones que decidir¨¢n si la justicia espa?ola tiene jurisdicci¨®n para juzgar los cr¨ªmenes perpetrados en Argentina y Chile. Los fiscales sostuvieron que no existe genocidio ni terrorismo desde el punto de vista jur¨ªdico, aunque los cr¨ªmenes deben ser juzgados por el Tribunal Internacional

La decisi¨®n de los 11 magistrados de la Sala de lo Penal se conocer¨¢ hoy, aunque s¨®lo el sentido de la misma ya que las deliberaciones se celebran en secreto. Los argumentos y el resto de la resoluci¨®n no ser¨¢n hechos p¨²blicos hasta dentro de unos d¨ªas.La trascendencia de la decisi¨®n de la Audiencia Nacional no es s¨®lo moral, pues aunque el reconocimiento por parte de la justicia brit¨¢nica de la inmunidad de Pinochet aleja a ¨¦ste de la extradici¨®n, la legitimaci¨®n del proceso por genocidio y terrorismo convalidar¨ªa el embargo de las cuentas de los imputados, argentinos y chilenos, y las ¨®rdenes internacionales de detenci¨®n librados no s¨®lo contra Pinochet, sino tambi¨¦n contra los generales Leopoldo Galtieri y Emilio Massera y todos los otros imputados. Astiz, Jorge Acosta, Jorge Ra¨²l Gonz¨¢lez, etc¨¦tera, que no podr¨¢n salir de sus respectivos pa¨ªses sin peligro a ser detenidos.

El fiscal Pedro Rubira inici¨® la sesi¨®n con un homenaje a los asesinados y desaparecidos, las v¨ªctimas de lo que calific¨® la sinraz¨®n humana y elogi¨® tambi¨¦n a las asociaciones de madres y abuelas de desaparecidos, que no permiten que los cr¨ªmenes se olviden.

Rubira asegur¨® que no recurr¨ªa a la jurisdicci¨®n espa?ola para perseguir los delitos de genocidio y terrorismo, sino la calificaci¨®n jur¨ªdica misma de genocidio y terrorismo. "No existe delito de genocidio", dijo, "porque los horribles cr¨ªmenes cometidos por las juntas militares entre 1976 y 1983 fueron perpetrados por motivos pol¨ªticos, y el genocidio se define por la eliminaci¨®n de un grupo nacional, racial, ¨¦tnico o religioso". A?adi¨® que ninguno de estos motivos fue la causa de la persecuci¨®n en Argentina, donde se persegu¨ªa a los subversivos, que no eran otros que comunistas, socialistas y peronistas.

Tampoco estim¨® Rubira la existencia de terrorismo, porque el delito, seg¨²n la legislaci¨®n espa?ola, se refiere a la seguridad interior del Estado, y no a la violencia que se cometi¨® en Argentina, que s¨ª pudiera ser considerada terrorismo a nivel social, pero no jur¨ªdico.

Los nueve abogados de la acusaci¨®n se repartieron los papeles para replicar al fiscal. Carlos Slepoy dibuj¨® el panorama en m¨¢s de 20.000 folios de sumario, donde figuran testimonios de familias de los 30.000 desaparecidos que hubo en Argentina, que pasaron previamente por los 365 campos clandestinos de detenidos.

Los letrados defendieron la permanencia de los delitos, porque no se ha dado cuenta del paradero de los desaparecidos y no se han devuelto todav¨ªa 450 ni?os, de los 500 que fueron secuestrados y entregados a las familias de los milicos secuestradores.

Tambi¨¦n defendieron la existencia de genocidio porque los militares eliminaron parcialmente un grupo nacional, el pueblo argentino, y esos delitos se cometieron porque hab¨ªa que eliminar a los enemigos de la civilizaci¨®n occidental y cristiana. Acusaron al fiscal de mala fe al interpretar la ley, y dijeron que los militares tuvieron el prop¨®sito manifiesto de eliminaci¨®n fr¨ªa y sistem¨¢tica de un inmenso grupo humano. Slepoy pidi¨® que la decisi¨®n de la sala fuera un¨¢nime, por tratarse de una decisi¨®n hist¨®rica "que se diga que un genocidio es un genocidio y que la justicia espa?ola est¨¢ obligada a perseguir ese tipo de delito".

Respecto al caso de Chile, el fiscal Ignacio Pel¨¢ez afirm¨® que el fiscal no es el mejor abogado de Pinochet, como sugieren algunos, sino que defiende la legalidad y el ordenamiento y nunca ha amparado esos cr¨ªmenes. Adem¨¢s de los argumentos utilizados por Rubira, destac¨® que Espa?a no tiene jurisdicci¨®n porque en Chile ya hay 15 militares que cumplen condena, tras haber sido juzgados.

El abogado Joan Garc¨¦s replic¨® a Pel¨¢ez se?alando que s¨®lo nueve casos de 4.000 han sido juzgados en Chile y se sorprendi¨® del cambio de actitud del fiscal, pues, dijo, cuando ¨¦l present¨® la querella que dio origen a esta causa, fue admitida con el informe favorable del fiscal.

Aunque la vista tuvo un fondo eminentemente jur¨ªdico, estuvo cargada de emoci¨®n. Se produjeron aplausos tras la intervenci¨®n de algunos letrados, mientras en la calle grupos de personas, con pancartas y fotos reclamaban justicia.