Asociaciones de juristas internacionales critican con dureza los fundamentos jur¨ªdicos del fallo de Londres

Prominentes juristas internacionales y magistrados criticaron ayer con dureza los fundamentos jur¨ªdicos de la sentencia del Tribunal Superior de Londres. Nicolas Bovay, portavoz oficial de la Comisi¨®n Internacional de Juristas (ICJ), que reune 42 eminentes abogados de todo el mundo, asegur¨® que el fallo alienta la impunidad. "Consideramos que la sentencia es una bofetada para el derecho internacional".La Asociaci¨®n Americana de Juristas, con delegaciones en 20 pa¨ªses y m¨¢s de 500 miembros, asegur¨® ayer que Pinochet no disfruta de inmunidad alguna seg¨²n las leyes internacionales y conf¨ªa que la C¨¢mara de los Lores anule la sentencia del Tribunal Superior de Londres. "Confiamos en que esta inesperada decisi¨®n de un tribunal brit¨¢nico sea anulada en la apelaci¨®n". "La inmunidad para jefes de Estado existe, pero est¨¢ ligada a la jurisdicci¨®n del Estado, pero no es personal. Desde los juicios de Nuremberg y Tokio, incluso antes de ellos, jefes de Estado han sido juzgados por cr¨ªmenes cometidos durante su mandato", seg¨²n Alejandro Teitelbaum.

Estas dos asociaciones consideran que en la creaci¨®n del Tribunal Penal Internacional, en julio, el Reino Unido acept¨® la tesis contraria: los jefes de Estado no tienen inmunidad en los cr¨ªmenes contra la humanidad.

La Asociaci¨®n de Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades (Medel) manifest¨® ayer su apoyo a Baltasar Garz¨®n. La Medel protesta conta la decisi¨®n "incomprensible" de la justicia brit¨¢nica. Seg¨²n los magistrados, "la responsabilidad oficial o la autoridad de facto de una persona no tiende a exonerarla de su responsabilidad penal sino tender¨ªa m¨¢s bien a agravarla". En la misma l¨ªnea se manifest¨® ayer en su p¨¢gina editorial el diario estadounidense The New York Times. La justicia brit¨¢nica "cometi¨® un error" al invalidar la orden de arresto del ex dictador chileno Augusto Pinochet. "Es repugnante considerar la tortura, el asesinato y la desaparici¨®n forzada como funciones p¨²blicas", afirm¨® el peri¨®dico haciendo referencia a la sentencia. "Pero el verdadero problema de esta decisi¨®n", agrega el dirario, "es que el derecho internacional, sobre el que se basa la solicitud de extradici¨®n espa?ola, no parece haber sido considerado por la Corte".