El modelo de Estado

Las elecciones en el Pa¨ªs Vasco han propiciado la reapertura del debate sobre el modelo de Estado nuevamente. Esta reapertura pretende ocultar e ignorar los intereses colectivos del pueblo andaluz, como ya se intent¨® sin ¨¦xito hace veinte a?os. Para nosotros, el problema radica en primer lugar en un fallo de planteamiento: no se trata de que catalanes, vascos y gallegos se enfrenten al resto de Espa?a, porque tal resto de Espa?a no existe. Quienes aceptan este planteamiento est¨¢n ignorando los veinte a?os de desarrollo auton¨®mico (un desarrollo liderado por el pueblo andaluz), y est¨¢n rechazando impl¨ªcitamente la propia realidad del T¨ªtulo VIII de la Constituci¨®n, donde no se habla en absoluto del resto de Espa?a, sino de Comunidades Aut¨®nomas diferenciadas, con su propia configuraci¨®n institucional. Aceptar la propuesta del nacionalismo vasco y catal¨¢n supone aceptar la equivocada opini¨®n de quienes, durante estas dos d¨¦cadas, no han cre¨ªdo en la existencia efectiva del Estado Auton¨®mico. Supone igualmente la victoria de quienes han subsistido en la l¨®gica franquista de la desconfianza hacia la pluralidad de los pueblos de Espa?a y en la creencia de que un gobierno central fuerte es la ¨²nica soluci¨®n a la hora de articular los intereses generales del Estado. Es como entrar en el t¨²nel del tiempo y volver al pasado. Esa desconfianza es la que ha inspirado a las mayor¨ªas gobernantes en Madrid, y la que ha influido al mismo tiempo en la interpretaci¨®n que el Tribunal Constitucional ha venido haciendo del T¨ªtulo VIII. Todas esas posiciones se caracterizan por su car¨¢cter anticuado e hist¨®ricamente desfasado: cuando nos enfrentamos a la frontera del siglo XXI, resucitar viejos argumentos de conflictividad sobre las naciones y el Estado es una forma de volver la espalda a nuestro aut¨¦ntico desaf¨ªo, la Europa de las regiones. Todas las proclamas y manifiestos que se vienen sucediendo ignoran que la nueva realidad es la de un mercado europeo unido y sus exigencias de cohesi¨®n social, que deben romper con las fronteras norte y sur. Esas exigencias de cohesi¨®n determinan un principio irrenunciable de igualdad de todos los pueblos a la hora de enfrentarse a la atenci¨®n de sus necesidades b¨¢sicas. A diferencia de la posici¨®n de nuestros socios socialistas de gobierno, nosotros no entendemos que la ¨²nica forma de asegurar la igualdad y la solidaridad sea un Estado centralista fuerte, porque ¨¦sa era en todo caso una hip¨®tesis correcta en la ideolog¨ªa del siglo XIX pero no en el siglo XXI. La experiencia nos demuestra que un estado centralista fuerte sigue disponiendo a trav¨¦s de su presupuesto anual de los recursos esenciales para los distintos territorios, rompiendo as¨ª con la l¨®gica del Estado Auton¨®mico: tal y como han hecho los gobiernos socialista y popular durante las pasadas d¨¦cadas. Es esa misma l¨®gica la que ha producido desde 1993 el desarrollo asim¨¦trico de nuestro modelo territorial. Al mismo tiempo, creemos que la ¨²nica forma de asegurar un principio de solidaridad en el contexto de la pluralidad territorial europea es normalizar el sistema de financiaci¨®n auton¨®mica, eliminando las quiebras territoriales y asegurando un perfecto principio de igualdad: nadie duda por ejemplo de que el sistema de la Seguridad Social genera efectos solidarios, porque la caja que lo administra integra las cotizaciones de todos y atiende a todos, sin que ello suponga centralismo ni decisiones pol¨ªticas asim¨¦tricas. La financiaci¨®n auton¨®mica deber¨ªa ajustarse a la misma premisa, eliminado tanto las interferencias de los territorios privilegiados como la propia interposici¨®n del Estado central. Los andalucistas, hasta ahora, hemos considerado que es posible una interpretaci¨®n de la Constituci¨®n lo suficientemente abierta para permitir -sobre todo a las comunidades que como Andaluc¨ªa accedieron al primer nivel auton¨®mico por una decisi¨®n democr¨¢tica de sus ciudadanos- un mayor grado de autonom¨ªa pol¨ªtica y financiera. Entendemos, pues, que las demandas de desarrollo diferencial de ciertos pueblos del norte se basan en la existencia de pautas de cultura, lengua y tradici¨®n que, para nosotros, son tan respetables como las que afectan a la cultura y a la tradici¨®n de Andaluc¨ªa. Ellos son diferentes, como nosotros tambi¨¦n somos diferentes: todos somos iguales en nuestras diferencias. Por eso, pol¨ªticamente no podemos coincidir en todo con nuestros socios de gobierno. Por supuesto que nos une una preocupaci¨®n similar por los principios de igualdad y solidaridad, pero nos separa la forma de conseguir estos valores. L¨®gicamente, los andalucistas trataremos de integrar nuestras fuerzas con el resto de los partidos pol¨ªticos contrarios a la consagraci¨®n de privilegios: pero a estas alturas consideramos que tenemos derecho a pedir, al menos, un poco de respeto al Estado auton¨®mico consolidado a lo largo de d¨¦cadas. Que el presidente de la Junta se atribuya el papel de defensa de los intereses del resto de Espa?a es un sinsentido, porque institucionalmente s¨®lo puede asumir la defensa exclusiva y diferenciada de los intereses de Andaluc¨ªa. Nuestra postura acerca de la reforma de la Constituci¨®n no se ajusta a ning¨²n dogmatismo: hasta ahora hemos considerado que es posible una interpretaci¨®n y una ordenaci¨®n del T¨ªtulo VIII de la Constituci¨®n ajustada a la realidad plural del Estado. Y as¨ª confiamos en la interpretaci¨®n del Tribunal Constitucional en los recursos planteados por la Junta de Andaluc¨ªa. Pero si las decisiones del Tribunal Constitucional siguen el sesgo centralista que hasta ahora vienen presentando, entonces no habr¨¢ m¨¢s remedio que entender que la "apertura de la tarta" es una necesidad ineludible consecuencia del propio desarrollo del Estado auton¨®mico.