La justicia espa?ola ejerce su propia soberan¨ªa, seg¨²n la Audiencia

Espa?a tiene jurisdicci¨®n para conocer los delitos de genocidio y terrorismo internacional cometidos en Argentina y los ¨®rganos judiciales espa?oles ni invaden ni se inmiscuyen en la soberan¨ªa de aquel pa¨ªs, sino que, por el contrario, ejercen su propia soberan¨ªa en relaci¨®n con delitos internacionales. ?sas son las conclusiones fundamentales del pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre la competencia de la justicia espa?ola para perseguir delitos de genocidio en Argentina. El auto sobre Chile se conocer¨¢ hoy.

La resoluci¨®n, que fue adoptada por unanimidad de los magistrados y cuyo fallo se dio a conocer el pasado viernes en lectura p¨²blica, destaca tambi¨¦n que la justicia espa?ola tiene "un inter¨¦s leg¨ªtimo" para ejercer esa jurisdicci¨®n reconocida en el derecho internacional y en la legislaci¨®n interna, "al ser m¨¢s de quinientos los espa?oles muertos o desaparecidos en Argentina, v¨ªctimas de la represi¨®n denunciada".El auto, del que ha sido ponente el magistrado Carlos Cez¨®n, reconoce que el Convenio para la Prevenci¨®n y la Sanci¨®n del Delito de Genocidio impone la subsidiaridad de jurisdicciones distintas a las que sus propios preceptos establecen. Esto es que en el caso de genocidio en Argentina deber¨ªa ser la justicia argentina la que en primer lugar deber¨ªa juzgar los hechos delictivos, y en segundo lugar, un tribunal penal internacional. Pero, como ocurre en este caso, si los hechos no son perseguidos ni en Argentina ni por ning¨²n tribunal internacional, Espa?a, como cualquier otro pa¨ªs firmante del convenio, est¨¢ obligada, y por tanto est¨¢ legitimada, para perseguir el delito y evitar que los autores queden impunes.

Irretroactividad de las leyes

Uno de los aspectos m¨¢s criticados por los fiscales sobre la actuaci¨®n de los jueces espa?oles se refiere a que persiguen delitos cometidos con anterioridad a 1985, la fecha de entrada en vigor de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, en la que se incluye la persecuci¨®n internacional del genocidio y terrorismo. Y la Constituci¨®n proh¨ªbe la aplicaci¨®n retroactiva de leyes penales sancionadoras desfavorables para los acusados.La Sala de lo Penal destaca que se trata de una ley procesal, no de una ley penal sancionadora. Es decir, que la ley del Poder Judicial no establece pena alguna para el delito de genocidio, sino el C¨®digo Penal, y ese delito ya estaba castigado con anterioridad a la fecha en que se cometi¨®, por lo que no hay aplicaci¨®n retroactiva alguna.

La Sala recuerda que ninguna de las partes ha discutido que los hechos que se investigan son "muertes, detenciones ilegales, sustracci¨®n de menores y torturas producidas en Argentina entre 1976 y 1983 por razones de depuraci¨®n ideol¨®gia, atribuidas a gobernantes y miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad". Y concluye que eso es genocidio, pues es el exterminio de un grupo por razones raciales, religiosas, pol¨ªticas u otras. Es un crimen contra la humanidad el exterminio de un grupo humano, sea cual sea el elemento diferenciador del grupo.

La Sala analiza los delitos de terrorismo y torturas y concluye que Espa?a es competente.