La fiscal¨ªa mantiene que Pinochet no era jefe de Estado cuando perpetr¨® los cr¨ªmenes

El abogado Alun Jones, que representa a la Fiscal¨ªa de la Corona y al juez Baltasar Garz¨®n, completar¨¢ hoy ante el tribunal de la C¨¢mara de los Lores su alegato contra la inmunidad del general y senador Augusto Pinochet, concedida por tres jueces en una sentencia del pasado 28 de octubre. Fuentes pr¨®ximas a la fiscal¨ªa se?alaron que Jones insistir¨¢ en que el general no asumi¨® el car¨¢cter de jefe de Estado, equivalente al cargo de presidente de la Rep¨²blica, hasta 1974, por lo que tampoco cabr¨ªa aplicarle la inmunidad, ya que al menos durante un periodo de nueve meses no actu¨® en ejercicio de sus funciones p¨²blicas. Asimismo, desarrollar¨¢ la acusaci¨®n por genocidio.

ENVIADO ESPECIAL

Jones, a la luz de la sentencia dictada el pasado 28 de octubre a iniciativa de lord Bingham, con el apoyo de los jueces Collins y Richards, insistir¨¢ en la parte final de sus alegaciones en dos hechos que constituyen, seg¨²n fuentes judiciales, flancos d¨¦biles de la resoluci¨®n apelada. La primera es el delito de genocidio que se imputa a Pinochet, un hecho que no estaba contenido en la primera orden de detenci¨®n librada por el juez de instrucci¨®n de Londres, Nicholas Evans, el 16 de octubre pasado, ni en la segunda, que curs¨® el 22 de octubre otro juez de instrucci¨®n, Ronald Bartle. Seg¨²n la sentencia recurrida, "la idea central del mandamiento judicial de detenci¨®n de Pinochet deja claro que no es acusado de torturar o asesinar personalmente a las v¨ªctimas ni de hacerlas desaparecer, sino de usar el poder del Estado del que era jefe para tal fin".La sentencia se apoya en el segundo mandamiento de detenci¨®n librado por el juez de Londres, que dec¨ªa: "Augusto Pinochet, a la saz¨®n comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y jefe del Gobierno de Chile, desarroll¨® actividades delictivas en coordinaci¨®n con las autoridades militares argentinas". Durante la vista en la High Court, James Turner, abogado en representaci¨®n del secretario de Estado (es decir, el equivalente del abogado del Estado en Espa?a), hizo una referencia gen¨¦rica al hecho de que Pinochet no era jefe de Estado durante los nueve meses que siguieron al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

Uno de los tres magistrados que votaron a favor de la inmunidad, el juez Collins, explic¨® su apoyo as¨ª: "La totalidad del caso depende, tal y como yo lo veo, de que se establezca que Pinochet actuase, en el momento que nos ocupa, como jefe de Gobierno, por lo que se deducir¨ªa que dirig¨ªa el r¨¦gimen perverso que se est¨¢ atacando. Los cargos cubren un periodo en el que las pruebas ciertamente se?alan que en efecto era jefe de Estado". Collins explic¨® c¨®mo se hab¨ªan valorado las pruebas: "Todo lo que tenemos como pruebas presentadas ante nosotros es un certificado del actual embajador de la Rep¨²blica de Chile y dos declaraciones juradas de sendas personas que prestaron servicio como embajadores y ministros de Asuntos Exteriores. Contra dichas pruebas se ha hecho referencia a vagas sugerencias en las alegaciones esquem¨¢ticas del se?or Turner en el sentido de que algunos actos p¨²blicos sugieren que Pinochet, aunque ostentara el poder ejecutivo, no hab¨ªa sido jefe de Estado. Estos argumentos parecen carecer de toda sustancia y en modo alguno apoyan ninguna afirmaci¨®n de que no fuera jefe de Estado en la ¨¦poca en que se produjeron los hechos. Este procedimiento trata ¨²nicamente sobre la inmunidad concedida a un jefe de Estado. Se trata de una inmunidad que se le atribuye en virtud de su cargo y que es absoluta mientras ostenta la jefatura de Estado".

Nueve meses sin cobertura

El auto de extradici¨®n del juez Garz¨®n, por otra parte, establece las fechas de la autolegalizaci¨®n de Pinochet. Un periodo de nueve meses, en los que se cometieron algunos de los presuntos delitos de genocidio, no est¨¢ cubierto por el cargo de jefe de Estado.El segundo punto central es el genocidio. La sentencia apelada defiende dos cosas: primera, que el Reino Unido, al adherirse a la Convenci¨®n de 1948 para reprimir el genocidio, no incorpor¨® a su propia ley el art¨ªculo cuarto, seg¨²n el cual "las personas que hayan cometido genocidio o cualquiera de los otros actos enumerados ser¨¢n castigadas, ya se trate de gobernantes, funcionarios o particulares". Jones, seg¨²n fuentes judiciales, tratar¨¢ hoy de apoyarse en la evoluci¨®n del derecho penal internacional sobre los temas de genocidio, a fin de responder a lo que el presidente del tribunal, lord Gordon Slynn, ha planteado como el asunto central: "Saber si el derecho internacional ha evolucionado hasta el punto de convertir en legal el arresto del general Pinochet".