Salvar el Tribunal
Cuando, a principios de 1980, entr¨® en funciones el Tribunal Constitucional hubo un r¨¢pido acuerdo para designar como magistrados a algunos de los mejores juristas del pa¨ªs. Eran otros tiempos. Hab¨ªa el m¨¢ximo inter¨¦s por edificar el nuevo Estado democr¨¢tico, asediado por todas partes, y la mayor ilusi¨®n por conseguirlo. Por supuesto, esos juristas ten¨ªan, como suele decirse, distintas sensibilidades, tal como ocurre en todos los tribunales constitucionales del mundo. Pero se tuvo en cuenta sobre todo su demostrada val¨ªa y su experiencia (en la Universidad, en la magistratura o en el foro), partiendo de un absoluto respeto a su independencia de criterio.La elecci¨®n fue un acierto. En menos de una d¨¦cada, el Tribunal desarroll¨® una labor impresionante y su doctrina alcanz¨® gran prestigio dentro y fuera de nuestras fronteras. Inmediatamente impuso la aplicaci¨®n directa de la Constituci¨®n, frente a las reticencias iniciales de un sector de la justicia ordinaria. Sentencia a sentencia, paso a paso, elev¨® el nivel de protecci¨®n de los derechos fundamentales y libertades mediante una interpretaci¨®n avanzada de los preceptos constitucionales. Del mismo modo contribuy¨® decisivamente, ante la ambig¨¹edad de la Constituci¨®n, a establecer los principios y reglas de funcionamiento del Estado de las autonom¨ªas, que, con todas sus carencias e imperfecciones, ha funcionado razonablemente durante casi veinte a?os. El Tribunal Constitucional se entreg¨® al dif¨ªcil arte de resolver delicadas cuestiones pol¨ªticas con las armas del razonamiento jur¨ªdico y la conciencia de su misi¨®n institucional. No har¨ªa falta recordar por eso -y por fr¨¢gil que sea la memoria hist¨®rica- que el Tribunal ha desempe?ado un papel clave en la consolidaci¨®n de nuestro Estado de derecho, democr¨¢tico y descentralizado.
Despu¨¦s, sin embargo, se empez¨® a utilizar un sistema de "cuotas de partido" para la designaci¨®n de los magistrados del Tribunal por el Congreso y el Senado. Eso no quita para que siempre haya habido al servicio de la instituci¨®n juristas relevantes. Pero el sistema en s¨ª es perverso. En parte, porque se corre el riesgo de pasar de las distintas sensibilidades a las afinidades o proximidades. Y sobre todo porque en este caso la tarta a repartir es muy peque?a y la capacidad de decisi¨®n de los elegidos sobre asuntos de la mayor trascendencia pol¨ªtica es muy grande.
As¨ª, en 1992 se pudieron comprobar sus efectos cuando el PP, en la oposici¨®n, bloque¨® durante algunos meses la renovaci¨®n parcial del Tribunal. No porque rechazara el sistema de cuotas, sino simplemente porque aspiraba a una cuota mayor. Ahora, en 1998, tenemos una reedici¨®n corregida y aumentada de ese episodio, pues hace casi nueve meses que el Senado deb¨ªa haber elegido a los cuatro magistrados que le corresponden. Esta situaci¨®n no s¨®lo es una verg¨¹enza para el pa¨ªs, como ha escrito Javier Pradera en uno de sus art¨ªculos dominicales. Es un esc¨¢ndalo y un atentado a la democracia, que no tiene parang¨®n en ning¨²n pa¨ªs de nuestro entorno.
Ignoro c¨®mo se est¨¢n desarrollando las negociaciones para la renovaci¨®n del Tribunal y qui¨¦nes, con tanta opacidad como evidente desatino, las est¨¢n llevando a cabo. Pero me parece obvio que la responsabilidad recae sobre los m¨¢ximos dirigentes de los dos partidos mayoritarios, que deber¨ªan abordar el asunto con altura de miras y sentido del Estado. Sin embargo, da la impresi¨®n de que estamos ante una especie de disputa tribal para marcar el territorio, en la que lo ¨²nico que se comparte es la desconfianza de principio hacia el propio Tribunal.
Contrasta fuertemente esta situaci¨®n con las frecuentes apelaciones de los pol¨ªticos de todo signo al respeto absoluto del Estado de derecho y con las habituales proclamaciones de defensa de la Constituci¨®n, tan reiteradas en estos ¨²ltimos tiempos por las novedades en el Pa¨ªs Vasco. Pues bien, la falta de renovaci¨®n parcial del Tribunal Constitucional constituye una quiebra manifiesta de nuestro Estado de derecho y un craso incumplimiento de la Constituci¨®n, que afecta parad¨®jicamente a la instituci¨®n que m¨¢s tiene que decir y hacer por el respeto al Estado de derecho y por la defensa de la Constituci¨®n. Sorprende tambi¨¦n el silencio de tantos intelectuales y juristas de prestigio sobre este problema y el de los ¨®rganos del Poder Judicial y asociaciones judiciales, a los que la situaci¨®n de un ¨®rgano constitucional que tambi¨¦n ejerce un control jurisdiccional del poder no deber¨ªa ser indiferente.
Lo m¨¢s grave de todo es que con ello se da?a la imagen del Tribunal Constitucional, se socava lentamente su posici¨®n institucional y se perjudica su actividad. El Tribunal no es ni puede ser tratado como un ep¨ªgono de los partidos o como el consejo de administraci¨®n de cualquier ente p¨²blico al que trasladen sus querellas cotidianas. Es el "guardi¨¢n de la Constituci¨®n" y su m¨¢ximo int¨¦rprete, y, como tal, necesita mantener su imparcialidad y su auctoritas entre las dem¨¢s instituciones del Estado y de las comunidades aut¨®nomas, adem¨¢s de un funcionamiento regular. Esta consideraci¨®n debe situarse por encima de muchas cosas, incluidos los problemas coyunturales de cada partido pol¨ªtico (hay tantas formas de mostrar la solidaridad, sin necesidad de poner en vilo las instituciones...). De lo contrario, las consecuencias pueden ser nefastas, pues el Tribunal sigue siendo una pieza esencial para la defensa de las libertades de todos, las individuales y las colectivas, y no est¨¢ dicho que haya que excluir retrocesos en la salud de nuestro sistema democr¨¢tico. Qui¨¦n sabe, adem¨¢s, si habr¨¢ de pronunciarse en el futuro sobre nuevas formas de articulaci¨®n territorial del Estado. En materias tan trascendentes no basta con resolver, sino que es necesario convencer.
Para esa funci¨®n se requiere ante todo sabidur¨ªa jur¨ªdica, firmeza de principios, compromiso con la democracia, independencia de criterio. Justo lo que se busc¨® y se hall¨®, tan r¨¢pidamente por cierto, en 1980. Mucho me temo, a la vista del retraso, que este tipo de consideraciones ocupa ahora un lugar muy secundario entre las preocupaciones de quienes han de acordar los nombres de los nuevos magistrados. Sencillamente lamentable.
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