Espa?a va bien, pero menos

El Gobierno ha presentado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 1999 en un contexto favorable. La econom¨ªa crece a fuerte ritmo, se est¨¢ creando empleo, los precios est¨¢n controlados y las cuentas p¨²blicas est¨¢n saneadas, hasta el punto de poder bajar los impuestos. Restar¨ªa conocer si en paralelo se est¨¢ repartiendo la riqueza con un m¨ªnimo de justicia y si se est¨¢n poniendo los cimientos para sostener el mayor tiempo posible la bonanza econ¨®mica y dulcificar los tiempos peores.Es cierto que las cosas van bien, aunque no tanto en t¨¦rminos de equidad. El Gobierno ha puesto algo de su parte, pero las cosas marchan mejor gracias al esfuerzo del conjunto de la sociedad espa?ola. No hay que olvidar que el PP se ha encontrado con una serie de factores ex¨®genos para llegar a la presente situaci¨®n: decisi¨®n alemana de rebajar los tipos de inter¨¦s, acumulaci¨®n de ahorro por motivo de precauci¨®n en la anterior crisis, fuerte ajuste de empleo previo, fin de la sequ¨ªa, moderaci¨®n salarial y rebaja de los precios de las materias primas, en especial el petr¨®leo.

Algunas de estas medidas han incidido en la disminuci¨®n del gasto p¨²blico. La rebaja de tipos de inter¨¦s ha reducido el peso de los gastos financieros de la deuda p¨²blica (del 4,7% al 3,5% del PIB). La estabilidad de precios ha restado crecimiento a las partidas de remuneraci¨®n de los empleados p¨²blicos y revalorizaci¨®n de pensiones. Otras medidas adoptadas por anteriores gobiernos tambi¨¦n han ayudado, como los severos recortes en la prestaci¨®n por desempleo decididos en 1992 y 1993. Si sumamos la bonanza en el ciclo econ¨®mico disfrutado por los pa¨ªses desarrollados, completamos las variables positivas que disminuyen de forma aut¨®noma el crecimiento del gasto p¨²blico.

La actividad presupuestaria del Gobierno del Partido Popular se ha concentrado en dos vertientes. La primera, la lenta pero continuada disminuci¨®n de los impuestos sobre las rentas del capital y personas f¨ªsicas con ingresos m¨¢s altos. La segunda, desarrollar una ingenier¨ªa contable hasta perder las m¨ªnimas formas exigibles en claridad de las cuentas p¨²blicas.

Analizar los PGE es siempre un ejercicio dif¨ªcil. Mucho dinero, muchos programas, algunas incertidumbres presentes y futuras hacen imposible manejar toda la informaci¨®n de manera exacta. Todos los responsables tienen disculpas para hacer algunas peque?as trampas y ocultar alguna informaci¨®n. Pero el actual Gobierno ha superado cualquier l¨ªmite y las lagunas de informaci¨®n, las erratas, la confusi¨®n interesada en la presentaci¨®n de las cifras y la financiarizaci¨®n de m¨²ltiples partidas han convertido el presupuesto en un ente sin credibilidad.

S¨®lo como ejemplo, las dudas que genera la cifra de d¨¦ficit presentada para el pr¨®ximo ejercicio. El Gobierno afirma que la Administraci¨®n central del Estado tendr¨¢ un saldo negativo equivalente al 1,4% del PIB (1,3% el Estado y 0,1% la Seguridad Social), de acuerdo al criterio aceptado por la Uni¨®n Europea. Sin embargo, la informaci¨®n facilitada al Parlamento muestra un d¨¦ficit del 1,84% o del 1,72% del PIB, depende de la parte del Informe Econ¨®mico y Financiero de los PGE consultada. La explicaci¨®n oficial a una diferencia que oscila entre los 281.000 y 387.000 millones de pesetas se limita a la expresi¨®n "realizados los ajustes oportunos de acuerdo a los criterios de Contabilidad Nacional". Una explicaci¨®n bastante precaria, por no utilizar otra definici¨®n m¨¢s peyorativa, utilizada tambi¨¦n en el presente a?o para evitar explicar c¨®mo cuadrar¨¢ el d¨¦ficit sin utilizar ingresos considerados extraordinarios seg¨²n el criterio europeo. Si en el c¨¢lculo no se tienen en cuenta gastos ordinarios, estar¨ªan ocultando d¨¦ficit por valor de 600.000 millones de pesetas, adem¨¢s de cambiar radicalmente la valoraci¨®n del actual y del pr¨®ximo presupuesto.

La imaginaci¨®n del Gobierno no acaba aqu¨ª, y utiliza de forma habitual los pr¨¦stamos del Estado (activos financieros) para pagar gastos ordinarios del ejercicio (operaciones no financieras). En resumen, y de forma simple, excluyen del c¨¢lculo del d¨¦ficit partidas que deber¨ªan tomarse en cuenta. Para 1999, con criterios muy prudentes, por lo menos 250.000 millones de pesetas.

En paralelo, mantienen la poco recomendable f¨®rmula de imputar a la Seguridad Social ingresos que no cobrar¨¢ nunca, ahorr¨¢ndose con esta pr¨¢ctica la transferencia que el Estado deb¨ªa realizar para pagar las prestaciones universales. En 1999, otros 210.000 millones de pesetas.

Si sumamos todas las decisiones imaginativas al d¨¦ficit oficial declarado por caja -el europeo no es posible comprobarlo- se obtiene que el d¨¦ficit de la Administraci¨®n central del Estado equivale al 2,3% del PIB, alcanzando el 2,5% del PIB con el de las administraciones territoriales. Muy lejos del 1,6% del PIB publicitado por el Gobierno (casi 800.000 millones de pesetas al a?o). Este desequilibrio presupuestario, demostraci¨®n, por otra parte, de la necesidad de lo p¨²blico incluso para aquellos que lo descalifican continuamente anunciando presupuestos restrictivos, desmerece bastante la buena gesti¨®n del Gobierno en tan delicada materia. Pero, adem¨¢s, destaca la temeridad de aplicar una reforma del IRPF con p¨¦rdidas de recaudaci¨®n anuales de 550.000 millones de pesetas.

El Gobierno del Partido Popular acumula rebajas de impuestos directos (base renta) como instrumento para dinamizar la econom¨ªa. Una relaci¨®n no demostrable emp¨ªricamente, pero muy aplaudida por los sectores m¨¢s beneficiados, minoritarios, pero muy influyentes.

La reforma del IRPF ampl¨ªa el n¨²mero de beneficiarios, es una de sus principales bazas electorales, pero comporta un reparto muy injusto de los esfuerzos. A corto plazo, por el desmesurado regalo recibido por una minor¨ªa selecta (los 134.000 m¨¢s ricos reciben 100.000 pesetas al a?o). A medio plazo, porque, m¨¢s pronto que tarde, faltar¨¢ dinero en la caja del Estado, no tan saneada como parece, y entonces ser¨¢ obligado reducir pol¨ªticas de gasto o aumentar la imposici¨®n indirecta, medidas ambas que, sin duda, no repugnan a este Gobierno.

Mientras tanto, los parados con cargas familiares sin ingresos alternativos no acceder¨¢n a un subsidio por desempleado. Para ellos Espa?a va bien, pero s¨®lo por la televisi¨®n, especialmente la p¨²blica, donde los ministros del Gobierno le hacen la competencia a los presentadores habituales sin derecho de r¨¦plica para nadie que no comparta sus ideas.