Parejas de hecho y derecho

Los partidos conservadores del Congreso de los Diputados aprobaron hace un a?o, el 25 de noviembre de 1997, una alternativa al proyecto de Ley de Coalici¨®n Canaria sobre Parejas de Hecho. El texto, admitido con los votos de PP, CiU y PNV, no es una Ley de Parejas de Hecho, sino un contrato, el Contrato de Uni¨®n Civil (CUC). Su impulsor fue el Partido Popular, que, con su propuesta, intenta convencer a la opini¨®n p¨²blica de que tiene mayor voluntad democr¨¢tica que cualquier otro grupo parlamentario. La base para creer esto ser¨ªa que el CUC es m¨¢s universal que los proyectos alternativos sobre este tema porque no pone trabas ni pregunta a los firmantes por el tipo de relaci¨®n que mantienen. Se tratar¨ªa de un contrato discreto porque no hace suposiciones atrevidas, al contrario de lo que sucede con el de Coalici¨®n Canaria, aprobado el pasado mayo por el Parlamento como texto base de estudio y que tambi¨¦n est¨¢ estancado por la falta de inter¨¦s de este grupo en su propuesta legal.El CUC bendecir¨ªa cualquier relaci¨®n que se d¨¦ entre dos personas adultas sin importarle el sexo o la condici¨®n afectiva de la relaci¨®n. Pero, ante una propuesta aparentemente tan generosa y universal se pueden hacer algunas preguntas. Por ejemplo: ?es m¨¢s democr¨¢tico proponer aquello que no se demanda para negar aquello que s¨ª responde a una necesidad social? El Contrato de Uni¨®n Civil no es la respuesta a permanentes solicitudes de asociaciones de amas de casa u organizaciones defensoras de la familia. Ni siquiera lo han demandado quienes velan por el bienestar de nuestros ancianos. No existe ning¨²n grupo pol¨ªtico ni organizaci¨®n social que, hasta la fecha, haya solicitado derechos como los que se conceder¨ªan en el hipot¨¦tico caso de que este contrato llegara a aprobarse. En Francia, el PASC presentado por el Partido Socialista franc¨¦s ante la Asamblea Nacional, y que fue el inspirador del CUC, ha rechazado rotundamente esta posibilidad y ha recogido la afectividad sexual como base para establecer el pacto.

En realidad lo que hace la propuesta popular es aunar los derechos de los componentes de una sociedad limitada (SL) y determinada jurisprudencia ya asumida por la mayor¨ªa de los jueces. Es el caso, por ejemplo, de los arrendamientos urbanos cuando se concede la continuidad del contrato de alquiler a la persona superviviente de una pareja de hecho. A ello el CUC a?ade, en condiciones restringidas, aunque onerosas para la Hacienda P¨²blica, el derecho a una pensi¨®n para el firmante del contrato superviviente. Es algo as¨ª como si el Estado se hubiera constituido en garante de todas las sociedades limitadas con los fondos p¨²blicos. Al equipo econ¨®mico del Gobierno estas propuestas de su grupo parlamentario deben de parecerles insensatas por el enorme gasto p¨²blico que se les vendr¨¢ encima en el caso de que llegaran a aprobarse.

Entremos en el an¨¢lisis de la ideolog¨ªa que sustenta al Contrato de Uni¨®n Civil. Para el pensamiento conservador, la familia es la base de la sociedad, su n¨²cleo. Discursos y programas pol¨ªticos amparan con medidas concretas (o con pura ret¨®rica) la unidad familiar y el amor, que es su base. Si esto es as¨ª sorprende que no quieran ampliar el concepto de familia basada en el amor a las parejas de hecho. Razonemos un poco: si la solidez y seguridad de la sociedad depende de la familia, ?c¨®mo es que no se ensanchan los l¨ªmites de lo que se entiende por familia para as¨ª hacer m¨¢s s¨®lido y fuerte el conjunto de la sociedad? ?C¨®mo es que se obliga a grandes grupos de personas -principalmente homosexuales, pero tambi¨¦n a muchos heterosexuales- a campar por los m¨¢rgenes de la legalidad? ?Acaso no se ver¨ªa el amor tambi¨¦n apoyado y la estabilidad emocional de estas personas m¨¢s amparada?

En el tema de las parejas de hecho se produce una dificultad general de los pol¨ªticos para aceptar las condiciones de la vida real. Esta resistencia supone un grave error sobre las funciones de un sistema democr¨¢tico. La democracia no se justifica ni sirve para respaldar los deseos de la mayor¨ªa de la poblaci¨®n en los ¨¢mbitos que sean. Esto lo realiza mucho mejor una tiran¨ªa concentrando fuerzas y recursos para favorecer frecuentemente a grandes masas de poblaci¨®n, aunque no a toda. La democracia, por el contrario, tiene la funci¨®n y fuerza moral de defender y apoyar los derechos de las minor¨ªas cuando no atentan contra los derechos de la mayor¨ªa o de otras minor¨ªas. La democracia se justifica como sistema superior a otros porque protege, de hecho y de derecho, a las minor¨ªas. Y, evidentemente, ¨¦ste no es el caso de las parejas de hecho porque ¨¦stas no se encuentran protegidas por ninguna ley espec¨ªfica.

Puesto que todos somos minor¨ªa en alg¨²n sentido (religioso, pol¨ªtico, sexual, est¨¦tico, etc¨¦tera) es de la mayor importancia para todos que esos derechos sean respetados. Pero respetados siendo recogidos y amparados por la ley, no mostrando la indiferencia de quien ha decidido dejar de emplear a la polic¨ªa en redadas masivas porque ¨¦stas le resultan inc¨®modas y caras.

Es un poco parad¨®jico, pero si se llegara a aprobar una Ley de Parejas de Hecho por la mayor¨ªa del Parlamento, esto no dejar¨ªa de ser un acto con un componente conservador que se le ha escapado al partido gobernante, pero no a otros partidos conservadores como Converg¨¨ncia i Uni¨®, que aprob¨® una reforma del C¨®digo de Familia catal¨¢n para regularizar estas situaciones. Y es que aprobar esta ley supondr¨ªa normalizar lo que existe al margen del derecho fuera de Catalu?a, lo que se vive por muchos como experiencia antisocial que impugna los cauces usuales de la moralidad. Al fin y al cabo, los "buenos conservadores" ser¨ªan aquellos que buscan reconciliarse con lo real para poder dirigirlo y administrarlo de alguna forma. Los "malos conservadores" ser¨ªan los que permanecen extra?os a lo real y enfrentados al dinamismo de los tiempos. Hasta el momento, CiU se ha comportado como un buen partido conservador, y el PP, como uno malo.

No s¨®lo muchos pol¨ªticos, tambi¨¦n ciertos sectores de la Iglesia cat¨®lica se est¨¢n replanteando sus posiciones a partir de la doctrina paulina. En efecto, puesto que el celibato es gracia divina (I Corintios, 7) no se puede condenar a quien no posee este don y sigue el camino de la carne. Para evitar el pecado, san Pablo propone el matrimonio. Ahora bien, los homosexuales carecen de la posibilidad de casarse y a muchos heterosexuales j¨®venes les asustan las consecuencias de ese pacto. Por tanto, es dif¨ªcil condenar teol¨®gicamente a quien practica promiscuamente el sexo si no se le da la oportunidad de mantener relaciones estables respaldadas por la sociedad. Una de las premisas que utiliza la teolog¨ªa para razonar sobre el problema de la gracia y la salvaci¨®n es que all¨ª donde no hay capacidad para elegir tampoco hay pecado; as¨ª que si la condena se mantiene es por continuar la tradici¨®n de los ¨²ltimos siglos. Pero la tradici¨®n hace tiempo que no es raz¨®n, o al menos no deber¨ªa serlo, en una democracia occidental.

Los conservadores tienen en Espa?a un serio debate por delante. Las numerosas enmiendas a la Ley de Parejas de Hecho (m¨¢s que en el caso del aborto) y los vaivenes de este proyecto de ley indican la dificultad para fijar los l¨ªmites de lo real que se considera racional-leg¨ªtimo. En teor¨ªa, todos los actos que se den entre adultos y que no supongan da?os propios o a un tercero son leg¨ªtimos y universalmente admitidos. Sin embargo, no se extraen todas las consecuencias de este principio.

Aprobar una ley de parejas de hecho supondr¨ªa reconocer a los homosexuales como unidad familiar, lo que conmueve los cimientos de la moral en la que han sido educados la mayor¨ªa de los pol¨ªticos de casi todos los partidos. En el caso de los heterosexuales, una ley de este tipo supondr¨ªa que existen alternativas al matrimonio de menor coste econ¨®mico y emocional, lo que tampoco parece gustar a los pol¨ªticos conservadores. ?Quiz¨¢ creen que es mejor jugar al todo o nada, pese a las consecuencias de cometer un error en esta apuesta y que todos hemos visto en muchas parejas j¨®venes y en sus hijos?

En fin, da la sensaci¨®n de que el Contrato de Uni¨®n Civil no es tanto una alternativa a una Ley de Parejas de Hecho cuanto un intento de distraer la atenci¨®n sobre ¨¦sta e impedir su aprobaci¨®n. Que el texto se presente como ley org¨¢nica as¨ª permite pensarlo, puesto que los plazos para su tramitaci¨®n son m¨¢s largos y las dificultades tambi¨¦n son mayores. Imagino que debe de ser inc¨®modo estar en el Gobierno y comprobar c¨®mo la mayor¨ªa del Parlamento aprueba una ley que no se ha propuesto. Adem¨¢s de inc¨®modo es excepcional, puesto que en Espa?a nunca se hab¨ªa producido tal situaci¨®n. Pero ante tales incomodidades, lo mejor ser¨ªa que el Gobierno aceptara las demandas sociales y aprobara lo que la mayor¨ªa de la poblaci¨®n apoya en las encuestas y que el Parlamento tambi¨¦n ha respaldado.

Termino se?alando que quien tiene poder administra una capacidad de acci¨®n y recursos que no son suyos, lo que tiene es una delegaci¨®n temporal de la naci¨®n. Por tanto, no deber¨ªa impedir que sean reconocidos derechos que los ciudadanos demandan.