Ardanza cuestiona la legalidad de que Interior sustituya a los 'ertzainas'
El Gobierno vasco se pronunciar¨¢ hoy oficialmente sobre la decisi¨®n del Ministerio del Interior de intervenir en la adopci¨®n de medidas de seguridad para los 30 concejales y cargos del PP que hasta el domingo contaban todav¨ªa con escolta de la Ertzaintza. Aunque tanto el ministro como el propio presidente del Gobierno han eludido concretar en qu¨¦ consisten tales medidas y no han aclarado si miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado sustituir¨¢n a los ertzainas que ven¨ªan dando protecci¨®n directa a los populares vascos, el consejero de Interior en funciones, Jos¨¦ Manuel Martiarena, someter¨¢ el tema a la consideraci¨®n del Gabinete integrado por PNV y EA, que todav¨ªa preside Jos¨¦ Antonio Ardanza.La iniciativa la tom¨® ayer el propio lehendakari, que se dirigi¨® al consejero para encargarle un informe exhaustivo y urgente sobre la legalidad de los planes de Mayor Oreja, en tanto que las labores de protecci¨®n corresponden inicialmente a la Ertzaintza. El informe explicar¨¢ en todos sus extremos la decisi¨®n tomada por la consejer¨ªa, a finales de octubre, todav¨ªa bajo la direcci¨®n de Juan Mar¨ªa Atutxa, para retirar paulatinamente la escolta a los 140 cargos del PP que la llevaban desde hace casi un a?o.
Ardanza pidi¨® a Martiarena que haga constar los derroteros por los que ha transcurrido en los ¨²ltimos meses la relaci¨®n con el Ministerio del Interior y el propio PP para tratar la seguridad de sus cargos electos. El informe del consejero incidir¨¢ en el silencio que tanto los populares como el ministerio de Jaime Mayor han mantenido ante reuniones, informaci¨®n por escrito y peticiones de informaci¨®n cursadas desde el Ejecutivo vasco.
A su vez, el grupo socialista plantear¨¢ en el Parlamento aut¨®nomo una declaraci¨®n institucional contra las amenazas a cargos electos. Tanto el PP como Izquierda Unida han anunciado ya su apoyo a la iniciativa. Javier Madrazo (IU) la considera "pertinente" porque "mientras haya amenazas, coacciones y chantajes, toda la sociedad tiene que salir en defensa y solidaridad de las personas y colectivos amenazados".
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