Manoseos partidistas

La elecci¨®n de Pedro Cruz Villal¨®n como presidente del Tribunal Constitucional cierra un per¨ªodo de diez meses marcado por la interinidad y la incertidumbre. Este prestigioso catedr¨¢tico de Derecho Constitucional ha demostrado su competencia como jurista con sus trabajos de investigaci¨®n y su independencia como magistrado con sus sentencias y votos particulares. Ahora deber¨¢ proteger al tribunal de la instrumentalizaci¨®n partidista, defender a sus miembros de los linchamientos medi¨¢ticos, propiciar las reformas adecuadas para filtrar la avalancha de recursos de amparo y dirigir los trabajos del int¨¦rprete supremo de la Constituci¨®n iniciados por sus dos inolvidables predecesores Garc¨ªa Pelayo y Tom¨¢s y Valiente.La intolerable tardanza del PP y el PSOE a la hora de ponerse de acuerdo sobre los cuatro magistrados que el Senado deb¨ªa elegir para la renovaci¨®n parcial del Tribunal Constitucional hab¨ªa retrasado tambi¨¦n la designaci¨®n del nuevo presidente. Antes de pasar a Cruz Villal¨®n el testigo presidencial, ?lvaro Rodr¨ªguez Bereijo ha subrayado la necesidad de una reforma de procedimiento capaz de impedir la repetici¨®n del lamentable espect¨¢culo deparado en esta ocasi¨®n por la C¨¢mara Alta. La Constituci¨®n exige una mayor¨ªa cualificada de dos tercios para el tr¨¢mite de designaci¨®n parlamentaria -a medias por el Congreso y por el Senado- de ocho de los doce magistrados que componen el Alto Tribunal; el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno -tambi¨¦n por mitad- nombran a los otros cuatro jueces. Ese alto grado de consenso ofrece la ventaja de imposibilitar que un partido en solitario imponga sus candidatos por mayor¨ªa simple; sin embargo, el mecanismo tiene el inconveniente de que puede quedar indefinidamente bloqueado -como ha ocurrido en esta ocasi¨®n- si los grupos parlamentarios cuyo concurso resulta indispensable para sumar la mayor¨ªa cualificada no llegan a entenderse.

La humillante demora impuesta por el PP y el PSOE a la C¨¢mara Alta mantuvo en una inc¨®moda situaci¨®n de interinidad durante casi un a?o a los cuatro magistrados salientes, incluido el presidente del tribunal. Adem¨¢s, el m¨¦todo de negociaci¨®n adoptado por el PP y el PSOE convirti¨® al Parlamento en un zoco: los candidatos propuestos o rechazados por cada partido fueron utilizados como monedas de cambio para tantear al adversario y calcular las propias fuerzas. Esas t¨¦cnicas de regateo propias de tratantes de ganado no s¨®lo erosionan la reputaci¨®n profesional de los candidatos sino que siembran las dudas sobre la independencia de los elegidos respecto a la disciplina partidista: si no se toman a tiempo las medidas oportunas, la composici¨®n del Constitucional se ir¨¢ progresivamente empobreciendo por la negativa de los candidatos mas valiosos a ser manoseados por los feriantes.

Mientras los partidos socavan el prestigio del Tribunal Constitucional con ese indigno baratillo, el Gobierno y la oposici¨®n tratan de invadir su ¨¢mbito de autonom¨ªa cuando andan en juego conflictos directamente relacionados con sus intereses pol¨ªticos. Si los populares presionaron en anteriores ocasiones de manera indecente sobre los magistrados, los socialistas hostigan ahora al Constitucional -despu¨¦s de haberlo hecho con el Supremo- a cuenta de los recursos interpuestos por Barrionuevo y por Vera contra la sentencia del caso Marey; pese a que su petici¨®n de amparo fue admitida a tr¨¢mite, el ex ministro Barrionuevo -decepcionado por no haber conseguido tambi¨¦n la suspensi¨®n de la ejecuci¨®n de la condena- descarg¨® su furia sobre el intachable presidente saliente Rodr¨ªguez Bereijo, ensuci¨¢ndole con la torpe insinuaci¨®n de haber actuado bajo promesa de alg¨²n nombramiento del Gobierno del PP ("Los S¨¢bados", Tiempo, 21-12-1998). Los nacionalistas firmantes de las Declaraciones de Barcelona, Vitoria y Santiago han dado un paso m¨¢s en esa estrategia deslegitimadora del Constitucional, responsabiliz¨¢ndole de una interpretaci¨®n sesgada del T¨ªtulo VIII orientada a frenar las reivindicaciones autonomistas y a imponer una estructura centralista del poder del Estado: la elecci¨®n ayer del catal¨¢n Carles Viver Pi-Sunyer como vicepresidente del Alto Tribunal tal vez contribuya a deshacer esos injustificados recelos.