Golpe de mano del Parlamento Europeo y de la Comisi¨®n contra el Tratado de la UE

El Parlamento Europeo ha asestado un in¨¦dito golpe de mano contra la legalidad comunitaria. Careciendo de competencias para ello, ha suspendido un art¨ªculo del Tratado de la Uni¨®n, el 214. El atentado es a¨²n m¨¢s grave, al contar con la complicidad de Jacques Santer, presidente de la Comisi¨®n, instituci¨®n que debe, por imperativo legal, ser la guardiana del Tratado. El desaguisado se ha perpetrado con la santa y sana intenci¨®n de dotar de poderes al Comit¨¦ de Sabios contra el fraude, pero con frontal menosprecio de los derechos individuales y garant¨ªas constitucionales y estatutarias.

Ni el Parlamento ni la Comisi¨®n tienen poderes para "cambiar o suspender un Tratado firmado por los Quince Gobiernos", recordaron ayer a este diario altas fuentes de ambas instituciones. El estado de excepci¨®n decretado por la c¨¢mara es, pues, una monumental chapuza. S¨®lo se entiende en el fragor de la batalla parlamentaria contra la Comisi¨®n, en vigilias de las elecciones europeas de junio, y por la ausencia de consultas previas a los servicios jur¨ªdicos de ambas instituciones, contrast¨® este peri¨®dico.En efecto, los jefes de los grupos pol¨ªticos, encabezados por el presidente del Parlamento, Jos¨¦ Mar¨ªa Gil-Robles, se atrevieron anteanoche, tras aprobar la composici¨®n del Comit¨¦ de Sabios, a suspender un art¨ªculo referido a los deberes y derechos de los funcionarios. As¨ª, establecieron que "los funcionarios y otros agentes llamados por el Comit¨¦, o que deseen testificar ante ¨¦l, no estar¨¢n vinculados por las obligaciones de discreci¨®n y confidencialidad estipuladas en el art¨ªculo 214 del Tratado" y les prometieron a cambio "estricta confidencialidad". Santer dio su "acuerdo pol¨ªtico" a ese texto, seg¨²n su portavoz, y se comprometi¨® a entregar todos los papeles requeridos por los sabios independientes.

El objetivo de estas medidas es estupendo: luchar contra el fraude. El problema es que se hace conculcando la legalidad del Tratado y, adem¨¢s, los derechos de defensa y el principio de contradicci¨®n b¨¢sico en todo proceso en el que afloran elementos penales. "Es un procedimiento s¨®lo pol¨ªtico, ni la caza de brujas, ni el Tribunal de la Inquisici¨®n", defendi¨® un colaborador del Gil-Robles. Inexacto. Es cierto que la resoluci¨®n parlamentaria del 14 de enero, cuando la c¨¢mara vot¨® contra la censura a Bruselas, ped¨ªa un Comit¨¦ de Sabios "con un mandato para examinar la manera en que la Comisi¨®n detecta y trata el fraude, la mala gesti¨®n y el nepotismo", un mandato de alcance pol¨ªtico-administrativo. Pero, anteanoche, los jefes de los grupos retorcieron ese mandato al Comit¨¦, troc¨¢ndolo en otro muy distinto, al instarle a "establecer hasta qu¨¦ punto la Comisi¨®n, como colegio, o los comisarios individualmente, tiene responsabilidades espec¨ªficas por los recientes casos de fraude, mala gesti¨®n o nepotismo", un objetivo que configura al Comit¨¦ como una instancia pol¨ªtico-penal, pero sin base jur¨ªdica ni para inculpar, ni para obligar a declarar.

La portavoz de Santer no supo contestar si funcionarios y comisarios podr¨¢n acudir a las audiencias acompa?ados de abogado, y qui¨¦n financiar¨ªa sus minutas. Tampoco aclar¨® qu¨¦ ocurrir¨¢ si hay terceros da?ados por las declaraciones secretas que reclamen su derecho a ser o¨ªdos. S¨®lo asegur¨® -sin concretar las garant¨ªas- que la c¨²pula de la Comisi¨®n evitar¨¢ actuar contra quienes depongan en su contra. Pero, en esta Bruselas en que todo se sabe ?acaso no peligrar¨¢n ascensos de funcionarios de a pie que declaren honestamente contra sus jefes? O inversamente, ?tendr¨¢n garant¨ªas de defensa los altos cargos ante delatores falsarios, cuando el Comit¨¦ de Sabios debe despachar precipitadamente, en s¨®lo seis semanas, su informe sobre los comisarios?

Lo peor es que, adem¨¢s de injusto e ilegal, el edificio construido es d¨¦bil, carece de cimientos. "Nadie es encausable por un cuerpo jur¨ªdico que carece de base legal", indicaron a este diario altas fuentes jur¨ªdicas del Ejecutivo, refiri¨¦ndose al Comit¨¦. En consecuencia, "si alguien se siente perjudicado o perjudicable, administrativa o penalmente, puede acudir a la Sala Primera del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas", con sede en Luxemburgo, o al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, "y todo se paralizar¨¢, eso no dura judicialmente ni tres d¨ªas", a?adieron. As¨ª, la magn¨ªfica intenci¨®n de acabar con los fraudes puede acabar destruida por la incapacidad de los grupos parlamentarios, as¨ª como de Gil-Robles y de Santer, de redactar un texto coherente de mandato, que asegure los prop¨®sitos de limpieza, garantizando al tiempo los derechos y deberes individuales de los ciudadanos.