El equipo de Gil-Robles busca una soluci¨®n legal apelando al Estatuto de los Funcionarios

El gabinete de Gil-Robles reconoci¨® que el texto del mandato es "desafortunado" porque su intenci¨®n "no es suspender el Tratado". La salida al entuerto que, una vez ya producido, ultiman los servicios jur¨ªdicos del Parlamento y de la Comisi¨®n, es rectificar abiertamente la suspensi¨®n del art¨ªculo 214, y suplirla con la suspensi¨®n de dos art¨ªculos del Estatuto de los Funcionarios que lo desarrollan -los n¨²meros 17 y 19, tambi¨¦n citados en el mandato-, para lo que estas instituciones tienen competencias. Pero luego surgir¨¢ otro obst¨¢culo: dicho estatuto fue pactado con los sindicatos, y de ¨¦stos nadie se ha acordado. Hay otro problema m¨¢s grave. Los dos art¨ªculos del Estatuto obligan a los funcionarios a la discreci¨®n, salvo si testifican ante el Tribunal de Luxemburgo. Sendas sentencias de dicho tribunal -como la del caso Adams- extienden su obligaci¨®n de informar a cuando sean citados por tribunales penales, bajo reserva de identidad.La c¨¢mara sostiene que por analog¨ªa esa excepci¨®n debe aplicarse a las comparecencias ante el Comit¨¦ de Sabios. Los juristas de la Comisi¨®n lo niegan, porque la analog¨ªa no se aplica al ¨¢mbito criminal, el Comit¨¦ carece de un estatuto legal equiparable al de un juez penal, y el derecho penal extrema las garant¨ªas.

Cada uno de los cinco miembros del Comit¨¦ cobrar¨¢ -entre dietas y salario- 19.700 euros (3,3 millones de pesetas) mensuales, y el colectivo dispondr¨¢ de 47.500 euros para "asistencia exterior". El coste total ser¨¢ pues de casi 25 millones de pesetas mensuales, sin contar las retribuciones de los funcionarios de apoyo.

El Comit¨¦ decidir¨¢ sus normas internas de funcionamiento y la log¨ªstica que requiera. La intenci¨®n es que su primer encuentro se celebre el lunes. Ya algunos pol¨ªticos disfrazados de altos funcionarios se aprestan a ofrecer sus servicios "t¨¦cnicos" al Comit¨¦ y tener as¨ª acceso a todo el papeleo secreto.