Vizcaya achaca la inseguridad laboral foral a que la Justicia obliga a "aplicar leyes que no existen"

La Diputaci¨®n de Vizcaya achaca su inseguridad jur¨ªdica laboral, con sentencias judiciales que cuestionan una tras otra su pol¨ªtica de personal, a la obligatoriedad de "aplicar unas leyes que no existen". El titular de Presidencia, Jos¨¦ Luis Bilbao (PNV), censur¨® ayer que en Euskadi "no se admita que haya un marco propio de relaciones laborales" y valor¨® que los acuerdos firmados entre la Administraci¨®n y sindicatos "se deben respetar". Bilbao recibi¨® el apoyo de casi todos los grupos de las Juntas Generales para defender los puestos de 82 trabajadores interinos que, tras la anulaci¨®n de la oferta de empleo de 1993, pueden perder su empleo, seg¨²n sostiene la Diputaci¨®n.

La pol¨ªtica de personal en la Diputaci¨®n de Vizcaya ha sido motivo continuo de conflicto a lo largo de la d¨¦cada. Salvo la oferta de puestos de inspectores y bomberos del pasado a?o, no existe una OPE (oferta p¨²blica de empleo) que no haya sido recurrida, al igual que las relaciones de puestos de trabajo. Ayer, casi dos meses despu¨¦s del revuelo que organiz¨® en el seno de la Diputaci¨®n el fallo del Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco, al ordenar que se ejecutara la anulaci¨®n de la oferta de empleo de 1993, el asunto fue objeto de debate en las Juntas Generales. Fueron casi tres horas de di¨¢logo, esta vez m¨¢s coincidente que discordante. Gobierno y oposici¨®n abogaron por adoptar las medidas necesarias para que los 82 afectados sigan en sus puestos, aunque fuentes sindicales han se?alado que, con la convocatoria de un nuevo concurso, esas plazas "ser¨¢n ocupadas por funcionarios de la Diputaci¨®n, cuyos puestos que queden libres pueden ser para los interinos afectados". El diputado de Presidencia, Jos¨¦ Luis Bilbao, que realiz¨® un pormenorizado relato del proceso judicial de la oferta de 1993, afirm¨® a los junteros que "es previsible que la mayor¨ªa de las plazas puedan ser ocupadas por funcionarios de otras administraciones". Dijo que la obligatoriedad de un concurso de promoci¨®n interna en el funcionariado -la primera raz¨®n de la anulaci¨®n decretada por el Tribunal Superior, que luego invoc¨® tambi¨¦n que la oposici¨®n deb¨ªa estar abierta a funcionarios de toda Espa?a- ya no es preceptivo en una oferta de empleo, por lo que se?al¨®: "Tenemos que aplicar una normativa que ya no existe". ?mbito de decisi¨®n Por ello, manifest¨® que la situaci¨®n de inseguridad jur¨ªdica laboral, criticada tanto por la Diputaci¨®n como los sindicatos, "viene por la aplicaci¨®n de unas leyes que no se existen". Bilbao dijo, en coincidencia con Mikel Urriz (HB), que existe un problema competencial. "No se admite que en el Pa¨ªs Vasco haya un marco propio de relaciones laborales. Los acuerdos de la negociaci¨®n colectiva [de 1997 a 1999 se han consensuado con los sindicatos] han sido sistem¨¢ticamente recurridos. Es imprescindible un ¨¢mbito propio de decisi¨®n, tambi¨¦n aqu¨ª", defendi¨® antes de exigir que estos acuerdos firmados por unanimidad "se deben respetar". Melchor Gil (PSE), que intervino en la recta final del debate, consider¨® "poco razonable que la unanimidad" se produzca contra el ordenamiento jur¨ªdico. Roberto Otxandio (PNV) ley¨® una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le¨®n, en un caso similar, en la que se desestima la demanda de los recurrentes y afirm¨® que "es p¨²blico y notorio que ning¨²n ayuntamiento ha abierto los concursos a todas las administraciones del Estado". Valor¨® que la Diputaci¨®n "ha actuado con suma correcci¨®n" y, sobre lo sucedido, dijo que no ten¨ªa constancia "de situaciones similares en otras comunidades aut¨®nomas y mira que hay ofertas de empleo en el Estado". Txema Fern¨¢ndez (IU), tras admitir que la ejecuci¨®n de la OPE "no fue correcta", hizo un llamamiento a todos los partidos a que se comprometan formalmente a la defensa de los empleos de los 82 afectados. "La Diputaci¨®n debe hacer lo que haga falta para defender esos puestos. Aunque sea algo para ganar tiempo hasta que cambie la ley". Jos¨¦ Mar¨ªa Gorordo (ICV), menos expl¨ªcito, dijo que el problema se situaba "m¨¢s que en los 82 puestos en la pol¨ªtica de personal" y exigi¨® mayores competencias en esta materia para las Juntas Generales. Mikel Urriz (HB) estim¨® que el fallo del Tribunal Superior revela que las "instituciones vizca¨ªnas no tienen competencia para sus relaciones laborales" y propuso la creaci¨®n de una comisi¨®n especial para solucionar estos problemas. Gonzalo Mach¨ªn (PP) consider¨® que es un "problema personal m¨¢s que jur¨ªdico", refiri¨¦ndose a Bilbao y al magistrado del TSJPV Juan Luis Ibarra, e inst¨® a conocer los motivos por los que un grupo de funcionarios forales recurre sistem¨¢ticamente las convocatorias de personal.