Industria dio 511 millones de fondos mineros a una empresa de cable tras haber rechazado su petici¨®n

Apenas 48 despu¨¦s de que el PP y su aliado parlamentario CiU rechazaran investigar en el Congreso la gesti¨®n de Josep Piqu¨¦ al frente del Ministerio de Industria, un nuevo caso de subvenci¨®n presuntamente irregular se ha sumado a la ya larga lista denunciada por la oposici¨®n. La pol¨¦mica se centra ahora en 511 millones de los fondos mineros concedidos a una empresa de televisi¨®n por cable con actividad en Gij¨®n, Avil¨¦s y Oviedo. Como en otros casos anteriores, Industria rechaz¨® la subvenci¨®n y luego la aprob¨®. El PSOE solicit¨® de nuevo ayer en el Congreso que se cree una comisi¨®n de investigaci¨®n.

La subvenci¨®n a las empresas Telecable de Gij¨®n, Telecable de Avil¨¦s y Telecable de Oviedo, filiales todas ellas de la Sociedad Promotora de las Telecomunicaciones en Asturias (SPTA), desvelada ayer por la cadena SER, ha encendido de nuevo la pol¨¦mica en torno a la gesti¨®n de Josep Piqu¨¦ al frente del Ministerio de Industria. SPTA est¨¢ participada mayoritariamente por Hidrocant¨¢brico y en ella participan tambi¨¦n Caja Asturias, Prensa Asturiana, editora de La Nueva Espa?a, y El Comercio de Gij¨®n. El PSOE, apenas dos d¨ªas despu¨¦s de que PP, CiU y Coalici¨®n Canaria se opusieran a una investigaci¨®n parlamentaria de Piqu¨¦, formaliz¨® ayer en el Congreso una nueva petici¨®n de comisi¨®n investigadora. Por su parte, IU solicit¨® la comparecencia de Piqu¨¦ y de la directora general de Minas, Paloma Send¨ªn, para explicar las ayudas. En el Senado, el Grupo Socialista solicit¨®, adem¨¢s, la declaraci¨®n patrimonial del titular de Industria. La subvenci¨®n de 511 millones a las telecables asturianas se aprob¨® vulnerando, presuntamente, la orden ministerial aprobada el 6 de marzo de 1998 por Industria para el desarrollo de las comarcas mineras. Dicha orden excluye expresamente de las subvenciones con cargo a los fondos mineros (10.000 millones de pesetas anuales) "los proyectos comprendidos en el sector servicios".

Las empresas dedicadas a prestar servicios de televisi¨®n por cable, seg¨²n la Ley de Telecomunicaciones, entran plenamente dentro del concepto "servicios" al que alude la orden ministerial.

Rechazo inicial

De hecho, las solicitudes de las telecables asturianas -administradas por Roberto Paraja Tuero, administrador tambi¨¦n de Regional de Telecomunicaciones de Castilla y Le¨®n, con sede en Valladolid- fueron rechazadas por su "actividad servicios" el 8 de septiembre de 1998 por los propios t¨¦cnicos del ministerio, seg¨²n consta en el expediente elaborado por el departamento y al que pertenecen los documentos reproducidos en esta p¨¢gina. Tras ser rechazados por su actividad, el 30 de noviembre de 1998 los proyectos fueron preseleccionados y, apenas nueve d¨ªas despu¨¦s, aprobados para su subvenci¨®n. El cambio de criterio de Industria tambi¨¦n se dio en otros casos pol¨¦micos como el de la empresa Ur¨ªa Motor. Industria, en contra de lo que ven¨ªa siendo habitual en su actuaci¨®n ante las denuncias de irregularidades, decidi¨® ayer hacer p¨²blico un comunicado en el que explica que su comportamiento ha sido "escrupuloso". Asimismo, asegura que las actividades de valor a?adido en el sector de las telecomunicaciones deben ser consideradas como actividades industriales, equiparables "a la instalaci¨®n de redes el¨¦ctricas o de gasoductos".

"La frontera entre los servicios y la actividad industrial es dif¨ªcil de delimitar", asegur¨® a este peri¨®dico un portavoz del departamento que dirige Josep Piqu¨¦. Adem¨¢s, el mismo portavoz destac¨® la creaci¨®n de empleo previsto en el proyecto de cable subvencionado, 119 nuevos puestos de trabajo, as¨ª como la inversi¨®n prevista, 7.331 millones. Como prueba de que comunicaciones e industria no tienen una frontera clara, Industria se?al¨® tambi¨¦n que mantiene una direcci¨®n denominada Industria en la Sociedad de la Informaci¨®n.

El PP se volc¨® de nuevo en defensa de Piqu¨¦. Su secretario general, Javier Arenas, acus¨® al PSOE de proseguir con su "cacer¨ªa" sobre el ministro, y su portavoz de Industria, Javier Pe¨®n, asegur¨® que las acusaciones sobre irregularidades son "falsas".